Un alto directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió en su teléfono celular la noticia de que el Gobierno daba marcha atrás en la suba generalizada de retenciones para las economías regionales, mientras a pocos metros estaba sentado el ministro de Economía Luis Caputo, en el primer piso de la sede industrial. Ese fue, precisamente, uno de los ejes de la reunión de este lunes con el jefe del equipo económico: que más allá del tipo de cambio más alto para la exportación, el incremento de la alícuota de derechos de exportación perjudica a la producción. La UIA pidió una revisión sector por sector que Economía prometió realizar.
Caputo llegó pasadas las 13 a la cita con los popes fabriles acompañado por Juan Pazo, un funcionario hoy sin cartera pero que ocupará la Secretaría General de Coordinación y que tendrá bajo su ala la parte del organigrama económico relacionada a la economía real, como agricultura, comercio e industria; y también por Pablo Lavigne, el secretario de Comercio e Industria. Lavigne ya había tenido su propio cara a cara con la directiva industrial.
En este caso, además de la presentación de credenciales, el encuentro entre Caputo y la UIA sirvió para que los funcionarios expliquen a trazo grueso su visión macro. Los industriales salieron de la reunión convencidos de que lo que anunció el ministro la semana pasada es solamente una primera parte de un plan que tendrá una segunda etapa, creen, en marzo, con un alcance y medidas que aún no logran descifrar, principalmente en el aspecto cambiario.
En la Unión Industrial aseguran que hay exportaciones fabriles que hasta antes del anuncio no pagaban derechos de exportación o pagaban alícuotas bajas, de 4,5 por ciento. Por esa razón, la suba generalizada de retenciones implicaría una compensación al salto devaluatorio que hizo más competitivas las ventas externas. “Hay situaciones diferenciales, puede haber perjuicio en la producción. Lo van a analizar y lo vamos a ver sector por sector. Me parece bien que se revise, dijo tras la reunión el presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja.
En la Unión Industrial aseguran que hay exportaciones fabriles que hasta antes del anuncio no pagaban derechos de exportación o pagaban alícuotas bajas, de 4,5 por ciento
Ese incremento de retenciones fue una de las medidas laterales a la devaluación del tipo de cambio oficial que determinó el Banco Central el miércoles. Este lunes el Gobierno empezó a revisar ese anuncio inicial, dejó a un grupo de economías regionales exceptuado de derechos de exportación, lo limitó para la industria vitivinícola y para compensar subió el de derivados de la soja. Para la industria es una incógnita aún si el equipo económico también cederá y dejará a las retenciones por debajo de ese 15 por ciento.
La cuestión de los derechos de exportación es crítica para el plan Caputo: necesitará reforzar la recaudación tributaria en los próximos meses por esa vía -junto con otras como el aumento del impuesto PAIS- para que cierren los números del ajuste fiscal de 5,2% del PBI que planea como una de las anclas del programa económico inicial del gobierno de Javier Milei.
Un segundo tema en la mesa con Caputo fue la deuda comercial importadora. El Banco Central anunció un esquema para cancelar esos pasivos con proveedores del exterior a través de un bono (el Bopreal) a suscribir en pesos y pagadero en dólares a 2027, pero los industriales consideran que le faltan “atractivos” a ese título. Para eso, propondrán alicientes adicionales relacionados a las exportaciones incrementales. Caputo y equipo tomó nota y prometió estudiarlo.
A grandes números, la deuda comercial importadora ronda los USD 50.000 millones, pero en la UIA aseguran que cerca de la mitad representa pasivos intra compañía, es decir por préstamos realizados por casas matrices. Una pregunta sobre la que aún no tienen respuesta certera en la central fabril es si el Bopreal refinanciará toda la deuda importadora o solo la que no es intrafirma. De hecho la Secretaría de Comercio e Industria trabaja en la elaboración de un registro para identificar qué pasivos podrían ser objeto de suscripción del Bopreal.
Un tercer punto que generó resquemor en la plana mayor fabril es el anunció de la eliminación de las licencias no automáticas, junto con la derogación del sistema SIRA. Este último punto fue celebrado por la UIA pero la falta de un “filtro” que deje ingresar al país cualquier tipo de importación puso en alerta a algunos sectores, en especial los más protegidos.
“Entonces hay una persona que tiene que eligir a quién sí y quién no”, les retrucó un funcionario desde el equipo económico. No parece haber consenso de ambos lados de la mesa, pero ese tipo de apertura comercial asoma como uno de los puntales de la nueva gestión económica. “Hay algunas (licencias no automáticas) que no se justifica que existan y otras sí”, respondió Funes de Rioja.
Los industriales salieron de la reunión convencidos de que lo que anunció el ministro la semana pasada es solamente una primera parte de un plan que tendrá una segunda etapa, creen, en marzo
Con todo, más allá de las dudas sobre algunos de los puntos de las primeras medidas de gestión, los popes industriales concedieron que el equipo económico no puede tener respuestas inmediatas para todos los frentes a tan pocos días de iniciar su mandato, y esperan que el impacto en la actividad por el primer paquete de medidas sea considerable. Enero y febrero, además, por motivos estacionales, la producción fabril suele ser menor por vacaciones y mantenimiento de plantas.
Funes de Rioja indicó que “la industria tiene un rol clave para el crecimiento del país, pero para ello se necesitan ciertos ordenamientos, estabilidad, confianza y previsibilidad para aumentar las inversiones”. Caputo destacó que “es fundamental que la industria pueda crecer y progresar pero primero se necesita un cambio macroeconómico” y que “el aumento del gasto vino asociado a la suba de impuestos que ahogó a las empresas”.