Tarifas de servicios públicos: a cuánto ascenderían los aumentos, según las primeras estimaciones privadas

Con la audiencia pública sobre el precio del gas convocada para el 8 de enero, el Gobierno buscará iniciar el desarme de una de las “bombas” que le dejó la gestión de Alberto Fernández: tarifas notoriamente atrasadas respecto de la inflación y gigantescos subsidios fiscales a la energía (electricidad y gas domiciliario) y al transporte de pasajeros.

No será nada sencillo: entre 2008 y 2022 los subsidios a los servicios públicos insumieron el equivalente a USD 200.000 millones, calculó el Instituto Argentino de Energía General Mosconi (ver abajo) monto superior al costo del Plan Marshall (la ayuda de EEUU a Europa en la segunda posguerra mundial) y al de la fallida intervención militar norteamericana en Afganistán.

Probablemente, antes del precio de la electricidad y el gas el Gobierno deba responder al del transporte público automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); las empresas del sector demandan respuestas urgentes y las potenciales repercusiones políticas y sociales son enormes.

“No tuvimos reuniones ni información de los funcionarios entrantes; le mandamos una nota a Ferraro (Guillermo, ministro de Infraestructura) y le pedimos audiencia a Mogetta (Franco, secretario de Transporte, aún no oficialmente designado); nuestro temor es que pare alguna empresa y después se hable de lock-out patronal, pero el gobierno anterior se fue sin pagar $20.000 millones en subsidios de noviembre y dejó activado un problema: el lunes tenemos que pagar el aguinaldo y la verdad es que no podemos. Ayer (por el miércoles) el gasoil aumentó 37% y tenemos los subsidios y las tarifas congeladas desde agosto”, dijo Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), según cuyo último “Índice Bondi”, el boleto promedio debería costar 797 pesos.

“Entiendo que el gobierno asumió hace 4 días pero las empresas no tienen forma de sortear esta situación”, enfatizó el directivo a Infobae. “Un paro de transporte complicaría mucho al gobierno, no queremos eso. Lo primero es cobrar los subsidios de noviembre y pagar el aguinaldo y lo segundo sincerar la tarifa. En agosto, cuando nos dieron el último aumento, el gasoil estaba a $361, hoy está a $700″, subrayó Fusaro. De hecho, este viernes, el transporte público en el AMBA empezó a funcionar con menos unidades. Horas después, el gobierno les liberó a las empresas del sector $8.900 millones, para evitar cortes de servicio y afrontar la inmediatez.

Más allá de la urgencia, el transporte automotor en el AMBA (que involucra a 18.000 colectivos, unos 50.000 trabajadores y unos 11 millones de pasajeros transportados en días hábiles) es un ítem de peso menor en los subsidios a los servicios públicos, que -según precisó el ministro de Economía, Luis Caputo- explican el 40% del déficit fiscal y que el gobierno pretende recortar en 2024 en el equivalente a 0,7% del PBI. Mucho más pesan los subsidios a la electricidad y al gas.

La audiencia sobre el precio del Gas fue convocada por el interventor del Enargas, Osvaldo Pitrau; el objetivo sería aplicar las nuevas tarifas a partir del 1 de febrero (no desde el 1 de enero, como se anunció inicialmente), pues el proceso administrativo insume al menos 3 semanas más). En el ínterin se agravará el problema fiscal, dado el salto inflacionario de diciembre y enero.

Menos claro es cuál será el procedimiento para las tarifas eléctricas. El nuevo precio mayorista de la electricidad es fijado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y luego se derivan el “Valor Agregado de Distribución” (VAD o margen para las empresas distribuidoras y la secretaría de Energía determina el subsidio sobre la tarifa final, que también incluye impuestos. Allí hay dudas sobre la necesidad o conveniencias de llamar a audiencia pública.

En cualquier caso, vendrán aumentos picantes. La consultora Economía y Energía, de Nicolás Arceo, exgerente de Administración y Finanzas de YPF y del equipo económico de Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estimó que en el caso de los consumidores Nivel 1 (N1, de mayores ingresos, que dejaron de recibir subsidios a partir de la “segmentación tarifaria”), la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para el Nivel 3 (N3, ingresos medios, hoy parcialmente subsidiado) pasará de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 (N2, ingresos bajos, el más subsidiado) pasará de $3.970 a $9.082 (129% de suba).

Para el gas, en tanto, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168 por ciento).

Son estimaciones en un contexto de cuasi-vacío informativo. El cálculo de la consultora supone que los usuarios N1 seguirán sin tener subsidios, que a los de menores ingresos se les aplicará una tarifa que cubra el 20% del costo de abastecimiento y que los de ingresos medios (N3) comenzarán a pagar tarifa plena, como ya lo hacen los N1.

El estudio de Arceo también asume una “recomposición” de 104% (inflación del segundo semestre 2023) del “VAD” a las distribuidoras eléctricas y del 116% a las distribuidoras de gas (inflación mayo-diciembre 2023) y que, como el costo de la energía ya estaba dolarizado, las tarifas serán impactadas por la devaluación.

Además, en línea con declaraciones del ministro Caputo acerca de “bloques” de consumo subsidiado, el cálculo de la consultora supone que para los usuarios de bajos ingresos se aplica el beneficio de la “tarifa social”, con un bloque de consumo gratuito y un descuento del 29% sobre el excedente.

Los supuestos “macro” del ejercicio son el dólar de $800 y una inflación del 25% en diciembre, para la electricidad un costo de generación de USD 61 el MWh y para el gas de USD 4 el millón de BTU (métrica térmica del gas). En ese esquema, como se desprende de la magnitud de los aumentos, el sector más afectado será la clase media, con subas superiores al 300 por ciento.

“Con una devaluación del 120%, no hay tarifazo que alcance, porque el costo está en un 80% dolarizado. No creo que el gobierno esté pensando en eliminar subsidios de un plumazo a los hogares medios, mucho menos a los vulnerables. Pero es inevitable que los aumentos serán considerables. Estoy de acuerdo en que se vaya a un esquema más eficiente de tarifas. No me parece mal otorgar bloques de consumo a los más vulnerables, incluso escalonados a otros que no lo son tanto, según se desprende de lo que dijo Caputo. Eso implica que todos paguemos el costo”, dijo Julián Rojo, economista y miembro del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.

Según Rojo, eliminar por completo los subsidios en el AMBA exigiría aumentos de luz y gas aún más pronunciados que los calculados por Economía y Energía. Si antes de la devaluación los valores de la factura final debían multiplicarse por 4, ahora deberían hacerlo por 7,5 (aumento del 650 por ciento).

Fernando Navajas, especialista de FIEL que semanas atrás había calificado el atraso tarifario como “el más grande de la historia”, dijo a Infobae: “está todo muy encriptado, pero es auspicioso que Energía haya quedado bajo la órbita de Economía, lo que implica implica subordinar la política tarifaria a la política macroeconómica y a la secuencialidad de precios relativos”.

La falta de coordinación entre macro y tarifas (dividida entre Alfonso Prat Gay y Juan José Aranguren) había advertido tempranamente Navajas, fue un serio error de la gestión macrista.

Ahora, en cambio, señaló, parece haber confusión entre márgenes de transporte y distribución, “que sí tienen que ir por resoluciones regulatorias y audiencias públicas, con el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que no pasa por audiencia. Habrá que esperar”.

Aparte de la incertidumbre en los cálculos de los próximos cuadros tarifarios está la incertidumbre jurídica, por las resistencias que surjan de la sociedad civil y el eco que encuentren en la Justicia.

Sobre el llamado a la audiencia del gas, Francisco Romano, socio del estudio Pagbam y director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, dijo a Infobae que el trámite es “correcto”, y subrayó la conveniencia de volver “lo antes posible” al sentido original del marco regulatorio, la Ley del Gas, cuyo artículo 83 prevé expresamente la desregulación de los precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, de modo que las transacciones de oferta y demanda sean libres “dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de la industria, de acuerdo con el marco regulatorio”.

En ese contexto, las audiencias públicas eran aplicables solo para modificar tarifas y cargos de transporte y distribución, pero no el precio del gas en el punto de ingreso al sistema, que se negociaba entre productores y compradores. Pero el decreto 181, de 2004, en un contexto de “emergencia pública”, cambió esa situación “transitoriamente”; una transitoriedad a punto de cumplir 20 años.

De allí derivó, recuerda Romano, el “fallo Cepis (por un juicio del “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad”, entonces presidido por Mariano Lovellis, un militante kirchnerista) contra el área energética. El caso terminó en la Corte Suprema de Justicia y demoró casi un año los primeros aumentos tarifarios en la presidencia de Mauricio Macri, que había decidido ignorar recomendaciones (entre otras, de Elisa Carrió) acerca de cómo proceder.

La Corte, explicó Romano, consideró que con el decreto 181 la desregulación había sido dejada de lado por el propio Estado y destacó que todo reajuste tarifario “debe incorporar como condición de validez jurídica el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad que permitiría la recuperación del retraso invocado y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar”.

He allí un límite, si bien impreciso, a la magnitud que puedan aumentar las tarifas y a la velocidad con que el gobierno pueda desactivar la “bomba de los subsidios”, que tuvo una larga maduración.

En agosto de 2013, en un acto transmitido por cadena nacional desde Río Gallegos, Cristina Kirchner se jactó del derroche de energía. “¿Saben cuántos barriles por cabeza, por cabecita de argentino consumimos en la Argentina?”, se preguntaba. Y respondía: “2,53 barriles de petróleo anuales. ¿Saben cuánto consume Brasil, per cápita barriles por año? 0,59; Chile, 0,89 y Brasil (se refería a Uruguay) 0,92. O sea, que en la Argentina, per cápita en consumo energético, por así decirlo, consumimos 329% más que Brasil, 184% más que Chile y 174% más que Uruguay”, subrayaba. Lo mismo hizo para el gas.

La entonces presidente comparaba así el consumo argentino con el de Brasil, de PBI por habitante inferior, pero desarrollo y tamaño industrial muy superior, de Chile, de ingreso por habitante y clima comparable, por la extensa frontera longitudinal, y de Uruguay, que ya había iniciado la política de precios energéticos a favor del ahorro y la inversión que lo llevó a ser el país del mundo con más alto porcentaje de energía de fuentes renovables.

La Argentina transitaba -y transitó unos cuantos años más- el camino del derroche, con una política energética que amén de engordar el déficit fiscal desangró las reservas del Banco Central vía la importación de combustibles. Durante parte del gobierno de Macri y con la “segmentación” que diseñó el equipo económico de Martín Guzmán y empezó a aplicar el de Sergio Massa, la Argentina buscó desandar ese camino, que interrumpió en agosto pasado, por cálculos electorales finalmente fallidos.

Ahora, con una situación social notoriamente deteriorada, viene la parte más difícil.