El severo deterioro de la educación de la fuerza laboral y de la productividad que recibió el gobierno de Javier Milei

El consenso de los economistas coincide que la “Argentina presenta un mediano plazo alentador respecto del muy bajo punto de partida, pero para ello primero deberá atravesar meses muy complejos”, destacan ante la consulta de los medios de prensa y en los informes especiales para clientes, porque coinciden en que más allá de la urgencia por ordenar el desbarajuste que caracteriza a la macroeconomía que recibió el gobierno del presidente Javier Milei, existen limitaciones para reactivar la actividad general, por tremendo deterioro del entramado socioeconómico que no sólo fue castigado por el flagelo de la inflación descarrilada, sino también por el abandono generalizado del sistema educativo, en las últimas tres décadas.

Los datos del Censo 2022 del Indec dieron cuenta de que “la asistencia actual de la población al sistema educativo estaría muy cerca de alcanzar la educación primaria universal entre los niños de entre 4 y 14 años. Pero, el porcentaje de asistencia disminuye en la educación secundaria entre los adolescentes de entre 15 y 17 años, y de manera más acentuada entre los jóvenes de entre 18 y 24 años”, precisa el informe del organismo oficial de estadística que continuará a cargo del economista Marco Lavagna.

Se trata nada más y nada menos que del semillero de la fuerza laboral, pero que de no buscarse rápidamente paliativos para revertir las deficiencias de base no podrá generar los frutos necesarios para quebrar lo que ya muchos sociólogos y economistas definen un inquietante cuadro de “pobreza estructural”, por ingreso que rápidamente se transforma en aumento en las carencias de las condiciones de vida de la población.

Claramente, los indicadores del Censo 2022 del apartado especial “Educación” permitió a Infobae detectar cómo en los primeros 40 años de regreso de la democracia en la Argentina el conjunto de la máxima dirigencia nacional, tanto del sector público como privado, no vio y por tanto desatendió el vertiginoso deterioro del “clima educativo” de la población que forma parte de la fuerza laboral (personas de 18 a 64 años), con el consecuente costo socioeconómico para la sociedad en su conjunto.

Así, mientras que los nacidos a comienzos de los ‘80 (universo de 40 a 44 años) registra una proporción cercana a 9 sobre 10 que asistió a un establecimiento educativo -en el agregado desde la primaria hasta la universitaria y posgrado completo), los nacidos en los 90 (de 30 a 34 años) redujeron esa proporción a 8 sobre 10; y se derrumbó a 6 de cada 10 para los que vinieron al mundo al fin de la Convertibilidad (20 a 24 años), a tono con el auge de los paros generales, la toma de escuelas por movimientos sindicales y de extrema izquierda y el desaliento al mérito, que alimentó el flagelo del populismo.

En esos tramos etáreos la estadística del Censo 2022 registra una notable mejora desde los 90 del universo de la población que completó los estudios de la escuela secundaria: pasó de 26% / 28% a poco más de 43%. Pero, por el contrario, disminuyó de un rango del 11% a 4% la proporción de quienes finalizaron estudios terciarios para potenciar sus posibilidades laborales y acceder a puestos mejor remunerados.

Caídas más significativas se comprueban en los tramos más altos de capacitación, como universitario completo (de 10% a 2% de la población de las franjas etáreas mencionadas), y más aún en el caso de quienes completaron estudios de posgrado -especialización, maestría, o doctorado, en el país o en el exterior-, pasó de 3% a 0,2%, esto es de 1 cada 33 estudiantes a 1 cada 500 personas.

En esos tramos etáreos la estadística del Censo 2022 registra una notable mejora desde los 90 del universo de la población que completó los estudios de la escuela secundaria: pasó de 26% / 28% a poco más de 43%. Pero, por el contrario, disminuyó de un rango del 11% a 4% la proporción de quienes finalizaron estudios terciarios para potenciar sus posibilidades laborales y acceder a puestos mejor remunerados.

De ahí que tanto el presidente Javier Milei, como el consenso de los economistas pusieron el acento en la última semana en la necesidad de dar una vuelta de página que no sólo lleve a ordenar la macroeconomía y desregular la microeconomía para que el país, sobre la base de sus empresas y su población, vuelva a crecer, recuperar ingresos reales y revertir los dolorosos indicadores socioeconómicos, sino también coordinar políticas públicas con el sector privado para elevar el grado de capacitación de la fuerza laboral.

De esa forma la productividad del trabajo en general y del entramado productivo en particular, podrá iniciar el camino a la recuperación de los máximos índices que habían alcanzado tres lustros atrás, mientras se ajustan las garantías para que el sistema educativo en general pueda garantizar no solo el cumplimiento del mandato constitucional de asegurar la escolaridad básica, sino también que se adapte a las demandas de la modernidad.

Según los datos del PBI y de empleo total que informan Economía e Indec, la productividad laboral pasó de un pico de 1,1 en 2011, con base 1 en 1980, que se mantuvo hasta 2015, a un mínimo de 0,95 en el promedio de 2023. Se abrió así una brecha negativa de 14,5%, que para cerrarla exigirá un crecimiento real medio por habitante del rendimiento del trabajo de 17%, el cual se corresponde con el severo deterioro del poder adquisitivo de la población ocupada.

Gran parte de ese fenómeno fue consecuencia de la singular precariedad del mercado de trabajo formal en los once años que van desde septiembre 2012, cuando comienza la estadística del Ministerio de Trabajo, hasta el último dato a septiembre 2023 que difundió la pasada semana.

Según esa fuente, que se nutre del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los 2,4 millones de nuevos puestos netos en dicho período, apenas 14,7% correspondieron a asalariados privados; en contraste con 36,2% en el sector público; 28,1% en condición de monotributistas y 18,6% monotributo social que no es otra cosa que un programa asistencial para empleados en la informalidad. Sólo 2,9% representaron del incremento total los asalariados que se desempeñan en casas particulares, y disminuyó levemente la cantidad de autónomos.

En ese período, los puestos en la informalidad -independientes y en relación de dependencia- se elevaron en 428.000 puestos netos, totalizan unos 7,2 millones de trabajadores, equivalente a más de un tercio del total, y de 54% del universo que se desempeña en la legalidad. Esto es, poco más de un empleado en negro, sin cobertura social y previsional por cada dos que lo hace en la formalidad.