El plan Caputo: ajuste rápido y dólares prestados que refuercen las reservas, a la espera de la cosecha gruesa

El Gobierno de Javier Milei inició su mandato con un ajuste fiscal cinco veces más grande del que exigía el Fondo Monetario Internacional para 2024 y, junto con el salto devaluatorio, buscará crear las condiciones para acumular reservas y conseguir financiamiento del exterior para llegar hasta marzo y abril, cuando comenzará el flujo fuerte de divisas de la cosecha gruesa recuperada tras la sequía del ciclo anterior y pueda poner en marcha la segunda etapa del plan económico. En el medio, ya asume, el impacto negativo en inflación, en la capacidad de compra de los salarios, la pobreza y la actividad agregada.

El diagnóstico al que arribaron Luis Caputo y su equipo durante las semanas en que dieron forma a su propuesta de programa de política económica para el inicio del gobierno libertario fue que no había manera de encarar un proceso de estabilización sin una liberación inmediata de precios relativos, eliminación de trabas a las importaciones, un overshooting (adelanto) cambiario y una señal de ajuste fiscal muy fuerte que actúen como “anclas” del plan de cara a los mercados.

El Ministerio de Economía requiere, como termómetro de su programa, que la brecha cambiaria no vuelva a dispararse tras el recorte considerable de esta semana, y que la inflación no llegue a “compensar” el salto devaluatorio y deje al valor real del tipo de cambio en un nivel no muy lejano el próximo mes.

Hay una hoja de ruta esperable para los funcionarios del Palacio de Hacienda: en primer lugar, una inflación que al menos duplicaría el ritmo que tenía en noviembre (que fue de 12,8% según el Indec) con subas semanales de precios en lo que resta de diciembre de 7% general, aunque en los supermercados muchos productos acusaron incrementos mucho más elevados. En enero y febrero ese efecto de traslado a precios se estima continuará.

La actividad económica se proyecta que se resentirá de inmediato ante una caída en las importaciones de insumos para la producción industrial, por el tipo de cambio más alto ($940) y un efecto inicial de menor poder de compra de los salarios, ante la escalada inflacionaria.

Fuentes del Gobierno contaron que las paritarias de cada gremio podrán determinar aumentos durante este período, pero el impacto de la remarcación de precios sobre los ingresos será más rápido que la resolución de las negociaciones.

Mientras eso suceda, en Economía esperan, como contrapartida, dos efectos: una brecha contenida en un nivel mucho más baja de la que heredaron y un proceso de acumulación de reservas. Esto último estaría explicado en un “preacuerdo” con cerealeras para que liquiden unos USD 5.000 millones antes de fin de año, algún tipo de financiamiento más o menos rápido de Fondo Monetario -a través del desembolso pendiente de USD 2.500 millones, que no llegará antes de enero- y un préstamo repo de bancos internacionales, algo en lo que trabaja aún el Banco Central.

Si esos rieles le permitieran al plan económico inicial llegar a la etapa de cosecha gruesa y liquidación alta del complejo agroexportador, en el equipo económico creen que podría allanarse el terreno para un segundo paso en la política económica con una unificación cambiaria. Pero para eso necesitaría el BCRA contar con un colchón de reservas internacionales robusta y con un nivel de pasivos remunerados más bajo.

En el mercado las lecturas preliminares sobre el plan Milei/Caputo fueron variadas. La pregunta central que se hacen los inversores tiene que ver con la viabilidad de un ajuste fiscal de 5,2% del PBI en un solo año (equivale a más de tres meses de gasto de la Administración Central), una magnitud que no tiene precedentes en las últimas décadas en la Argentina y tampoco hay muchos ejemplos en otros países.

Para la consultora LCG, por ejemplo, el plan “se sustenta en los beneficios económicos de sectores favorecidos por la devaluación (con caída del salario real en simultáneo), cobrada sólo en parte por el Estado a través de impuestos, y recortes en grandes rubros del gasto. Es una receta clásica para encontrar equilibrio fiscal de manera rápida, sin reformas estructurales”, mencionaron desde esa consultora.

“Sin subas de retenciones a casi el 50% de las exportaciones del país, la devaluación implicará una transferencia de ingresos hacia sectores exportadores. La duplicación del gasto en AUH y el aumento del 50% del monto de la Tarjeta Alimentar (que no queda claro que sea en términos reales) difícilmente puedan compensar esta reasignación de recursos”, planteó.

Y, aseguraron los economistas del estudio privado que “en los próximos 4 o 6 meses, la incidencia de este salto del nivel de precios en las tasas de inflación futuras dependerá del Gobierno, de la confianza que pueda generar en la sociedad, y de cómo perciba ésta el conjunto de medidas. En principio, los anuncios no parecen ser muy ambiciosos como para mostrar un cambio de régimen que funcione como inicio de un programa de estabilización”.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) hizo una disección del recorte fiscal y concluyó que “son varios los gastos con reducción prevista para 2024. La obra pública que queda es equivalente al 60% de la de 2023. Las transferencias corrientes a provincias serían del 24%; los subsidios a la energía y al transporte previstos representarían en términos del PBI, al 70% de lo ejecutado este año. No habría una eliminación de otros gastos, lo que hace necesario que otroas áreas, entre ellas el de jubilaciones y pensiones, aporten recursos para lograr el equilibrio fiscal”.

En tanto, un informe de Romano Group pocas horas después del anuncio de las primeras medidas de Economía y el BCRA planteó que “será crucial la meta de déficit fiscal propuesta para 2024, para lo cual se ha brindado indicios de que el ajuste se realice en pos de lograr déficit primario 0 para el año venidero. Una tarea más que desafiante considerando que 80% del gasto corresponde a partidas socialmente sensibles y que además han sido muy afectadas por la licuación inflacionaria”.

“El ancla acordada busca ser lo fiscal y no solo debe ser de ajuste, sino también debe ser creíble, que el plan brinde la confiabilidad necesaria que el mercado busca, y que al mismo tiempo se cortará con el financiamiento al fisco vía BCRA. En un plan con la suficiente credibilidad por parte de los agentes económicos, el ajuste podría ser el faro que consolide la inflación a la baja, como principal símbolo de austeridad y prudencia”, destaca la consultora en un informe a clientes.

Una crítica fuerte llegó desde Oxford Economics, que marcó su escepticismo sobre la posibilidad de un ajuste fiscal de ese tamaño en corto tiempo y anticipó que habrá, de no tener éxito, un riesgo de default. “Esperamos un ajuste fiscal inicial considerable por parte de la nueva administración, pero los esfuerzos fracasarán en 2025. El endurecimiento de las políticas reducirá el déficit de cuenta corriente, liberando algunos dólares para pagar bonos. Sin embargo, las reservas se agotarán en 2025, lo que hará inevitable el default”.

En las comparativas internacionales históricas, Oxford Economics aseguró que “el déficit fiscal primario podría caer 2,3% del PBI el próximo año, pero volvería a aumentar en 2025. Los gigantescos recortes que quiere el presidente Milei son inusuales en comparación con otros grandes ajustes fiscales en otras partes del mundo y no se materializarán”.

Por su parte, Fernando Morra, ex viceministro de Economía y director de análisis macro de Suramericana Visión, el think tank que fundó Martín Guzmán, “el dólar a $800 es un aumento a exportadores, aunque no tan fuerte porque recordemos que hoy recibían el 50% a CCL. La brecha se va a reducir pero con estos anuncios no se elminaria”, consideró. En ese sentido, Morra planteó que “el traspaso a precios ya se estaba adelantando, particularmente en alimentos, donde diciembre ya estaba proyectado en alrededor del 20% y posiblemente tendremos niveles similares en enero. Esa inflación va a durar, sobre todo si se agregan shocks sobre las tarifas, aunque todavía faltan precisiones. Dada la dinámica de precios es casi imposible mantener este valor ‘fijo’”, dijo.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó que “de los 5,4 puntos de PBI (anunciados de ajuste), una suma de 2,35 puntos o lo que equivale al 43,5% del total, serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías”, entre las que mencionó la reversión del cambio en Ganancias, el fin de las transferencias del Fondo de Incentivo Docente a provincias, las subas de tarifas, el congelamiento de obra pública y los puestos de trabajo que se perderán y posibles despidos en el sector público. En tanto, calcularon que los pasivos asumirían el peso de 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria. “Las pymes, en tercer lugar, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5% a 17,5%), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de $940. En suma, el 67% del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y pymes”, concluyeron.