Los economistas de diversos ámbitos coinciden en el que el desborde del gasto público en los últimos años no sólo llevó a una creciente presión fiscal sino también a una fuerte aceleración de la inflación. En ese plano, el gobierno entrante ya anticipó que se prepara para realizar un fuerte ajuste que lleve a equilibrar las cuentas públicas, por lo que los analistas empiezan a establecer cuáles serán las áreas en las que puede haber recortes en el gasto.
Al analizar los datos de la secretaría de Hacienda de las últimas presidencias, establecidos como porcentaje del PBI en valores constantes para evitar las distorsiones de la inflación, la administración actual aparece como un gobierno austero. Pero la verdadera razón de eso es el “trabajo sucio” que hizo la inflación que le asestó un duro golpe al conjunto de jubilados, pensionados, y en particular perceptores de planes asistenciales. Sus ingresos se ajustaban no solo con rezago de tres meses, sino sobre la base de tasas de variación de salarios e ingresos de la Anses muy inferiores a los del índice inflacionario, o compensados con bonos pero solo en forma parcial.
El gasto del sector público en su conjunto (nacional, provincial y municipal) pasó de 34,9% del PBI al fin de la presidencia de Néstor Kirchner, a un récord de 49,7% del PBI al concluir la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y atenuarse a 45,4% del PBI en el gobierno de Mauricio Macri, y a 43,8% del PBI, aproximadamente en el de Alberto Fernández.
Seguridad Social: Inicialmente, esta partida representaba el 10,3% del PBI, similar a la heredada por Mauricio Macri de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la actual administración concluye con un presupuesto ejecutado que representa solo el 7,4% del PBI. A pesar de la disminución, sigue siendo un área significativa, representando más del 42% del gasto total de la Administración Central (había alcanzado un máximo de 46,6% al cierre del gobierno anterior). Se trata de un área altamente sensible dado que atiende necesidades de un amplio segmento de la población que depende exclusivamente de ese ingreso.
De ahí que en el plan de recorte del tamaño del Estado que proyecta ejecutar el presidente electo Javier Milei, es muy probable que quede excluido e incluso reciba reasignaciones de partidas a lo largo de su gestión. No obstante, se sospecha que en su interior hay margen para obtener ahorros, por las “porosas manos de la política” que el líder libertario considera existe en la distribución de los fondos para planes asistenciales, porque sospecha que muchos están “administrados” por punteros, algunos ya en sede judicial.
Promoción y Asistencia Social: Esta partida experimentó un notable incremento real, pasando de un promedio de 0,4% del PBI en años anteriores a 1,11% del PBI, y de menos del 2% del gasto total a más del 6,4%.
Subsidios (Servicios Económicos): Los subsidios, que incluyen energía, combustibles, minería y transporte, representan actualmente el 2,8% del PBI. En 2015, los picos de estos subsidios alcanzaron el 5% del PBI. Ese universo de subvenciones puede desagregarse en 1,63% del PBI en Energía, Combustibles y Minería; 0,85% del PBI en Transporte; y 0,35% del PBI en el conjunto de agro, industria, comercio, seguros, comunicaciones y ecología y desarrollo sostenible.
Empresas Públicas y PAMI: El financiamiento del déficit de las Empresas Públicas y el PAMI, junto con Fondos Fiduciarios y otros, insumen aproximadamente el 4% del PBI. En el caso de las empresas públicas, el financiamiento del rojo operativo en base caja cayó en casi 11 meses de 2023 a 0,41% del PBI, desde 0,6% del PBI al fin del gobierno de Mauricio Macri, y 1,61% del PBI en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, principalmente por falta de recursos, más que por la reducción del déficit crónico que arrastran, en particular las del área del transporte y minería.
Por el contrario, en PAMI, Fondos Fiduciarios y otros organismos, la actual gestión ha destinado más recursos, pasaron de 12,2% del gasto total en 2019 a casi 21% en el corriente año, y de 2,7% del PBI a 3,6% del PBI, en dichos períodos, respectivamente.
Gasto Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Estos gastos están cerrando 2023 con récords equivalentes a 16,9% del PBI y 4,3% del PBI, respectivamente. Ese movimiento en el gasto presupuestario de las jurisdicciones provinciales mantuvo un claro sendero ascendente, según los datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
Empleo en el Sector Público: Este ha sido uno de los sectores más expansivos en los últimos años, creciendo a un ritmo varias veces superior al observado en el ámbito privado, en base a los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo. Por ese motivo, se perfila como una de las áreas a racionalizar.
No obstante, el temor de despidos generalizados parece infundado, en términos generales, si se tiene en cuenta que las principales prestaciones del Estado, en Educación, Sanidad, Seguridad y administración de la cosa pública deben tener una relación de la nómina con el del aumento de la población (vegetativo), para poder garantizar la calidad y proporcionalidad del servicio por habitante