Construcción de viviendas: la propuesta de Javier Milei y los desafíos para el sector

A una semana de la asunción del presidente electo Javier Milei persiste incertidumbre en el sector de la construcción sobre el destino de las 100.566 unidades en ejecución en todo el país bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Según lo anticipado por el líder libertario, esta cartera cambiará su naturaleza para convertirse en Secretaría o Subsecretaría, aunque aún no se definió completamente. Tampoco está claro si estará bajo el ámbito del Ministerio de Capital Humano, o de Infraestructura.

La intención es que la mayoría de las viviendas en obra se culminarían pero tal vez ya no contarían con 100% del financiamiento estatal. Una posibilidad es que se cedan a familias que las quieran comprar, este cambio las convertiría en obras privadas, asegurando la continuidad del empleo y reafirmando el compromiso de que nadie se quede sin trabajo.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) contaron a Infobae que las obras actualmente a cargo del Tesoro nacional se llevan a cabo mediante contratos vigentes que deben ser respetados.

El impacto sobre el empleo en cada región del país es muy significativo. “Para obras de terminación sencilla, con un plazo de ejecución de hasta 12 meses, como las que están a cargo del Ministerio de Hábitat se estima tienen una dotación promedio de 1,5 operarios para viviendas de 55 metros cuadrados. Ello permite estimar que actualmente trabajan alrededor de 150.000 trabajadores registrados, en forma directa, detallaron desde Camarco.

Una situación desafiante puede ocurrir si se estiman que las provincias y municipios no podrán asumir las erogaciones no automática que la Nación decida suspender. Hasta el momento, el Plan de Viviendas avanzaba devengando adecuadamente lo autorizado por el presupuesto nacional 2023, con pagos en plazos razonables.

Las declaraciones del presidente electo referidas a un corte abrupto de la obra pública encendieron alarmas en el sector porque el contratista realiza trabajos en un mes, los certifica y se aprueban en el siguiente y se cobran en hasta 60 o 90 días. “No recuperar entonces la inversión hecha en noviembre puede significar la quiebra de las medianas y pequeñas empresas que ejecutan esos contratos. Eso explica las decisiones de algunas empresas de paralizar o hacer más lentos los trabajos y despedir personal”, informaron desde la entidad que preside Gustavo Weiss.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional que encabeza Santiago Maggiotti, destacaron que en los 4 años desde que presidió el gobierno Alberto Fernández, se lograron muchos avances.

Desde la cartera que rige desde el 11 de diciembre de 2019 y da sus últimos pasos se creó el Programa Federal Casa Propia, que trabaja junto a provincias y municipios -sin ninguna distinción política- para dar soluciones habitacionales, y también a través del programa Créditos Casa Propia se brindaron préstamos a tasa cero para edificar en caso de tener un espacio propio.

“También, a través del Programa Reconstruir, reactivamos obras que habían quedado paralizadas entre el 2016 y el 2019, lo que permitió no solo que más familias tengan su hogar sino que se genere empleo y se motoricen las economías locales”, dijo a Infobae Maggiotti.

Por otro lado, se relanzó el Programa Procrear, creando Desarrollos Urbanísticos en todo el país y, además, el Plan Nacional de Suelo Urbano, lo que permitió generar miles de Lotes con Servicios, para que más familias puedan construir allí su vivienda.

Santiago Maggiotti aclaró: “Otro punto es que reemplazamos los Créditos UVA que creó el gobierno anterior por el Índice Casa Propia, lo que permitió que a las personas que se les otorgaba un crédito no se les dispare mes a mes una cuota que se volvía impagable, generando deudas insostenibles”.

En concreto la gestión que asume en pocos días recibe más de 100.000 obras y 10.678 lotes con servicios listos para construir. Además de 17.000 viviendas llave en mano en desarrollos urbanísticos de Procrear II que promedian los 65 m2.

En los últimos días hubo reuniones entre referentes de La Libertad Avanza, y entidades sectoriales como la Camarco, la Asociación de Empresarios de la Vivienda y la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, como también mantuvieron enlaces con representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, porque entre los trabajadores hay preocupación por aquella frase del presidente electo Javier Milei en donde afirmó en una entrevista que: “en su Gobierno se cortará la obra pública porque no hay plata” y que “las iniciativas que ya están en marcha deberán terminarlas los intendentes de la mano del sector privado y que para ello deberán buscar sus fuentes de financiamiento”.

También cuando Milei era candidato había dicho que el país iba a avanzar en “modelo de obras públicas a la chilena”. Surge la pregunta sobre cómo funciona el modelo en tierra trasandina.

En Chile, coexisten dos sistemas para la ejecución de obras públicas: licitaciones y concesiones.

El sistema de licitaciones, similar al de Argentina, implica buscar empresas para tareas específicas, elegir a la ganadora mediante sorteo basado en proyecto y precio sugerido, y abonar directamente a la empresa privada contratada.

En tanto, el sistema de concesiones, implica que el Estado confiere al privado la responsabilidad de generar inversión, definiendo las prioridades. A cambio de ejecutar obras, el privado obtiene el derecho de explotar la inversión.

Por ejemplo, al construir una autopista, podría tener el derecho de cobrar peajes durante 20 o 35 años. Al término de ese período el Estado puede asumir el servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y mantenimiento. Este enfoque plantea complejidades, ya que el criterio de explotación se basa en si es una inversión rentable para el sector privado, lo cual no siempre se alinea con las necesidades de la sociedad.

Expertos del sector de la vivienda contaron a Infobae que dudan sobre si se podrá llevar adelante ese planteo, porque el modelo de obras públicas en Chile enfrenta críticas, especialmente relacionadas con la pregunta de cómo abordar proyectos necesarios pero no rentables.

Según dijo Javier Milei, “si una obra no es rentable para el sector privado, no debería llevarse a cabo, ya que utilizar fondos públicos en proyectos poco rentables se percibe como un perjuicio a la ciudadanía”.

La infraestructura desempeña una función social crucial. Sin embargo, en áreas remotas o insulares con menor demanda, las empresas pueden encontrar proyectos no rentables, lo que requiere la intervención estatal para garantizar servicios esenciales.

El esquema libertario planea, una vez que se desarme la bomba de las Leliq, que tres millones de familias puedan acceder a un crédito bancario para construir una vivienda, ampliarla, repararla o dotarla de servicios básicos. No menos de 10.000 barrios necesitan mejorar su infraestructura y más de 200.000 edificios multifamiliares deben repararse.

Se considera también vital reducir la inflación como medio para canalizar el ahorro hacia el impulso de créditos destinados a obras sin gasto público. “Facilitar la adquisición de viviendas públicas por parte de familias no sólo aseguraría la continuidad de la construcción durante la transición a obras privadas, sino que también estimularía la generación de empleo, beneficiando al sector y fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo”, informaron referentes libertarios que trabajarán en el área de vivienda.