La Aduana denunció a una empresa de educación online por acceder a dólares oficiales a través de fraude y fugarlos por medio de dLocal

Otra denuncia de la Aduana involucra al unicornio dLocal, una empresa que cotiza en Wall Street y ya había sido denunciada por el organismo que comanda Guillermo Michel.

Se trata de una empresa de pagos digitales que fue señalada por el Gobierno argentino porque habría realizado maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de “fugar divisas”. En ese contexto se estiman operaciones por unos USD 400 millones.

La Aduana se presentó con los nuevos datos ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo del Ramiro González, en el marco de una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezado por María Eugenia Capuchetti, donde se investiga maniobras de defraudación contra la administración pública por parte de dLocal.

Según la investigación de la Aduana, Wisboo, una supuesta empresa de servicios de educación online, accedió a dólares oficiales de manera irregular y los giró a Estados Unidos por medio de dLocal, que ofrece la gestión de pagos electrónicos globales a otras empresas tech, tales como Netflix, Facebook, Prime y Spotify, entre otras. La denuncia es por fugar más de USD 5,4 millones entre 2021 y 2023.

Así, en el marco de investigaciones que continúa efectuando la Aduana, surgió el caso de esta empresa de servicios educativos on-line que ofrece cursos y capacitaciones en internet.

“La misma registraba operaciones a nombre de usuarios que en algunos casos manifestaron que nunca contrataron este tipo de prestaciones, en otros admitieron haberlo hecho, pero se registraron serias inconsistencias entre su capacidad económica y los valores girados. Por ejemplo, hay monotributistas que giraron montos significativamente superiores a sus ingresos. Entre los individuos que operaron se encuentran empresas inactivas, apócrifas, una ex campeona de fisicoculturismo y empresas de transporte público”, aseguraron fuentes oficiales.

Desde el Gobierno, que acusan a dLocal de fugar unos USD 400 millones, afirmaron que Wisboo es una firma con sede en California que enviaba el dinero a EEUU a través de la filial local de la fintech. “El objetivo era acceder a dólares oficiales y sacarlos del país. La operatoria consistía en simular e incrementar servicios que en algunos casos no habrían sido prestados, y en otros podrían haberse efectuado pero en menores montos que los girados” confiaron las fuentes, que aseguraron que la Aduana analizó más de 100 operaciones de cobro que realizó la supuesta institución educativa.

“Se estima que cada una de ellas correspondía a pagos de alumnos, profesores y personas oferentes de diversas capacitaciones locales. Los dueños de la empresa radicada en Estados Unidos serían dos amigos de nacionalidad argentina, quienes no declararon en el país ni la sociedad ni las cuentas de la misma. Además, sus ingresos no tienen nada que ver con sus patrimonios, son mucho más amplios que lo declarado”, se explicó.

La información oficial detalló que el código por el cual giraron estos conceptos fue el “S22″, que correspondiente a “otros servicios empresariales”, una categoría que no guarda relación con la naturaleza de esos fondos, la educación.

En octubre pasado, un estudio de abogados de Nueva York anunció que encabeza una demanda colectiva (class action) civil contra dLocal.

“Pomerantz LLP anuncia que se ha presentado una demanda colectiva contra DLocal Limited (”DLocal” o la “Compañía”) (NASDAQ: DLO) y a algunos ejecutivos”, comienza el comunicado oficial. No se detalló a qué personas involucra la demanda.

La demanda se presentó ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York (y quedó registrada como 23-cv-07501), la lleva adelante el abogado Robert S. Willoughby y es en nombre de todas las personas y entidades que compraron o adquirieron acciones de la empresa entre el 2 de mayo de 2022 y el 25 de mayo de 2023, “buscando recuperar los daños causados por las violaciones de las leyes federales”. Hasta el 5 de diciembre otros accionistas que se crean perjudicados pueden sumarse a la causa.