Algunos con caras pálidas; otros más optimistas; y un tercer grupo -tal vez, el mayoritario- con una gran incertidumbre, y a la vez expectativa, en torno a las medidas que adoptará el gobierno del libertario Javier Milei cuando asuma el 10 de diciembre. Esta fue la foto que se vio ayer en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde se desarrolló la 29° Conferencia Industrial de la UIA. Una imagen que muestra a las claras la amplia heterogeneidad de la actividad manufacturera argentina.
A pesar del malestar de muchos industriales más afines con la ideología kirchnerista, por la defensa que durante tantos años estos gobiernos han hecho de los sectores más sensibles dependientes exclusivamente del mercado interno, el empresario finalmente es pragmático y está buscando, desde que Milei ganó el balotaje, intentar entender cómo funcionará su gobierno y adaptarse a la nueva realidad político-económica. En este contexto, los industriales esperaban ayer la visita del presidente electo y el mensaje que pudiera darles, pero no ocurrió; sí asistieron Diana Mondino y Guillermo Francos, los designados para ocupar las sillas de la Cancillería y el Ministerio del Interior, la primera con un mensaje contundente de apertura y desregulación. El segundo, con un intento de transmitir tranquilidad de que “no habrá un industricidio”.
Predominaba en los pasillos del CEC un alto nivel de incertidumbre sobre lo que sucederá a partir de la asunción del nuevo gobierno y una sensación de que el libertario no podrá avanzar con todas las medidas que propone de un día para el otro. Todavía faltan muchas definiciones en torno al equipo económico y eso hace que no haya aún tantos interlocutores, pero lo que los industriales tienen claro es que cuando asuma, el nuevo gobierno se encontrará con enormes desafíos y que deberá ir buscando soluciones de consenso. “Ahí es cuando tenemos que estar las cámaras y los gremios con propuestas para cada uno de los temas”, dijo un miembro de la central fabril.
“Las Sira no son deuda pública. El Estado no tiene la obligación de pagar”, dijo Diana Mondino. Agregó que serán las empresas las que deban conseguir los dólares para honrar sus deudas
“La sensación que hay en la UIA es que la realidad con la que se van a encontrar es tan compleja que la dimensión de las medidas que van a tomar van a ser mucho más negociables. No van a poder ser tan de shock”, enfatizó un importante dirigente de la entidad en diálogo con Infobae. Y agregó: “Nosotros tenemos una cabeza práctica. Estamos todos pensando en cómo convivir con Milei, cómo ayudamos y qué podemos aportar para que el país salga adelante. Muchos de los desafíos que ellos plantean no son de resolución inmediata”.
Entre las mayores preocupaciones de los empresarios figuran qué pasará con el dólar oficial, los precios, la disponibilidad de divisas para normalizar el comercio exterior y la actividad. Respecto del tipo de cambio, asumen que habrá una devaluación importante, que llevaría el dólar a $650/$700, pero que ello traerá aparejado una aceleración de la inflación y, por ende, una fuerte caída del consumo. Ya lo dijo el propio Milei: “Va a haber una estanflación, porque cuando hagamos el reordenamiento fiscal, impactará negativamente en la actividad económica”.
Las empresas ya advierten que tras el fuerte aumento de la demanda de octubre, provocada por la incertidumbre pre electoral de la primera vuelta, luego el consumo se empezó a planchar y anticipan un primer semestre con importantes bajas. A la suba de precios, se le suma la restricción en la oferta generada por la falta de pagos de las importaciones y, por ende, escasez de insumos. Y los faltantes provocan, a su vez, más inflación.
“Hoy tenés restricciones de divisas y la proyección para poder empezar a recibir genuinamente dólares es en abril, mayo, cuando ingrese la cosecha gruesa. Por ende, durante el verano va a haber una restricción de flujos muy importante y el nuevo gobierno va a tener que lidiar con eso”, señaló otro industrial, al tiempo que agregó que “hay complicaciones productivas en muchos rubros”. “Ya no pasa por la relación entre la empresa y el proveedor. Muchos proveedores ya no le venden a las compañías locales por el crédito argentino. Eso genera un stress de previsibilidad”, planteó el empresario.
La deuda comercial acumulada con los proveedores del exterior es uno de los temas que más preocupa a los industriales. Y con eso, los planteos del equipo de Milei sobre cómo podrá resolverse. Ante el auditorio lleno de ejecutivos, Mondino dijo: “Las Sira no son deuda pública. El Estado no tiene la obligación de pagar”. Y al bajar del escenario, agregó ante un grupo de periodistas que serán las empresas las que deban conseguir los dólares para honrar sus deudas. Cómo resolverán el pago del flujo de importaciones a partir de diciembre es una gran incógnita, pero si el gobierno devalúa y espera que ingresen dólares por exportaciones con el nuevo tipo de cambio, eso demandará tiempo.
Al respecto, uno de los dirigentes de la mesa chica de la UIA planteó que si las empresas tuvieran que ir al mercado paralelo a comprar los dólares para pagar el stock de deuda (unos U$S 30.000 millones adicionales a lo habitual), “sería una puerta 12 y el precio de la divisa se disparará. Es una locura”, dijo. Y propuso, cuando empiecen a aparecer los dólares, mantener los plazos de pago con los proveedores como lo venían haciendo. “Es todo flujo. Pagamos y vamos rolleando la deuda. Es mejor que plantearles que no sabemos cuándo les podremos pagar la deuda”, planteó. De esa manera, el Banco Central (BCRA) sólo debería garantizar unos U$S 5.000 millones por mes para pagar importaciones. “Si empezamos a dar señales de pago, comienzan a destrabarnos el crédito”, dijo otro industrial.
Más allá de que las empresas cuyas matrices productivas están basadas más en la exportación que en el mercado interno son más optimistas respecto de las ideas de Milei que las que concentran más su operación en la plaza local-en su discurso, Mondino dijo que los dólares son del sector privado, por lo que las firmas que exporten podrán importar sin inconvenientes-, las expectativas generales para los próximos cuatro a seis meses son críticas.
Por eso, y teniendo en cuenta que la actividad manufacturera representa el 20% del PBI, ni el Gobierno ni los industriales pueden darse el lujo de no intentar un diálogo constructivo, razonó otro importante referente de la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja. De hecho, en su discurso de cierre de la conferencia, el abogado laboralista destacó: “La industria tiene una gran capacidad de adaptación. Creemos en sus cadenas de valor, en su tecnología y en la formación profesional. Por eso necesitamos certidumbre, confianza y concertación para lograrlo”.