El Gobierno que asume el 10 de diciembre llegará a la gestión económica con una caja chica, con fondos de uso inmediato, que será limitada y que contará con un último impulso de ingreso de recursos por la licitación de deuda en pesos que dotó de casi un billón de pesos a las arcas públicas. Con ese dinero la nueva administración podría hacer frente parte del pago de sueldos y aguinaldos de los empleados públicos nacionales.
Claro que además de una caja chica con fondos limitados, en un mes en que por estacionalidad el gasto suele acelerar -por ejemplo para los últimos pagos de obra pública, un punto que Javier Milei tiene en la mira para alcanzar rápido el equilibrio fiscal-, el nuevo Gobierno tendrá pagos atrasados para honrar, o bien sostener el ritmo de deuda flotante durante los primeros meses de 2024.
El último dato disponible de pagos atrasados del gobierno nacional suma 1,9 billones de pesos, según el último dato difundido por la Tesorería General de la Nación, con información hasta fines de octubre. Implica una estabilidad respecto a lo que registraba en septiembre, tras varios meses de marcado incremento. De ese total, lo que corresponde a deudas de 2023 es la enorme mayoría, con 1,8 billones.
El nuevo Gobierno tendrá pagos atrasados para honrar, o bien sostener el ritmo de deuda flotante durante los primeros meses de 2024. El último dato disponible de pagos atrasados del gobierno nacional suma $1,9 billones
Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”: el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes.
La deuda flotante forma parte de las metas consideradas de segundo orden de importancia en el programa -como la del piso de gasto social o el tope de intervención en el mercado de futuros- pero el Fondo Monetario le asigna un lugar especial a esa cifra. La cifra techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo fue redefinido en el último informe y pasó a ser, así, de $1,36 billones.
Aunque parecen ya destinadas a ser modificadas, las metas exigibles en la próxima revisión del staff -que sería la séptima y que debería iniciarse, según la hoja de ruta original, en algún momento de diciembre- muestran que hacia fines de septiembre el Gobierno debería poder mostrar un techo de déficit primario de 2,3 billones de pesos.
Pero los datos oficiales registran una realidad muy distinta. A esa altura del año, un rojo de 2,6 billones de pesos, por lo que hay en este aspecto un primer incumplimiento. Hacia adelante, a fin de año lo máximo de déficit primario permitido es $3,2 billones y con números a octubre acumulan $2,9 billones.
Una de las ideas que blanqueó el presidente electo es que buscará en 2024 poder impulsar una poda presupuestaria equivalente a 5 puntos del PBI, lo que podría dejar a las cuentas públicas en equilibrio primario y fiscal, es decir, incluso al considerar la cuenta de pagos de intereses de deuda.
En el Ministerio de Economía esperan que Milei designe a sus funcionarios del equipo económico para preparar el terreno para el traspaso de mando en asuntos de hacienda y finanzas, los dos temas centrales que quedarán en poder del jefe del Palacio de Hacienda Luis Caputo.
Raúl Rigo es uno de los funcionarios designados para esa transición, pero ese proceso aún no comenzó y no se conoce quién sería el secretario de Hacienda del gobierno de Milei. Rigo, por lo pronto, no seguirá en su cargo después del 10 de diciembre, pese a algunos rumores que indicaban que La Libertad Avanza podría ofrecerle esa posibilidad.
En ese contexto, la caja chica para la recta final del gobierno de Alberto Fernández no solo despertó preocupación en la Nación sino también, principalmente, en las provincias.
La negociación que se abrió este martes entre el Gobierno nacional con gobernadores y que tuvo esta tarde un nuevo capítulo tiene sobre la mesa algunas cifras decisivas que podrían permitirle a las provincias afrontar el pago de los medio aguinaldos de fin de año con fondos garantizados antes del recambio de autoridades en la Casa Rosada y ante una expectativa de fuerte ajuste en las cuentas públicas desde el primer momento. Las provincias necesitarían, al menos, unos $470.000 millones para pagar la segunda cuota del sueldo anual complementario en diciembre.
Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”, es decir le da margen para que su balance de “base caja” le dé con números suficientes para cumplir con el FMI
El Poder Ejecutivo, por medio del ministro de Economía, puso sobre la mesa, durante el encuentro del martes en el quinto piso del Palacio de Hacienda, una compensación de la coparticipación que perdieron las provincias por las iniciativas de modificación en Ganancias –que implicó una tajada fiscal para las arcas de los gobernadores– que está compuesto de dos aspectos: unos $131.000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que estaban presupuestados para este año y que no fueron utilizados, por un lado, y unos $110.000 millones más de deudas que la Casa Rosada arrastraba con provincias por el consenso fiscal de 2018, según aseguraron a Infobae fuentes oficiales.
Los recursos con los que el Palacio de Hacienda cubrirá estos gastos, y otros para los que necesite financiamiento urgente la próxima administración como el propio pago de aguinaldos y sueldos de los empleados públicos nacionales, provendrá del casi billón de pesos netos -por encima de los vencimientos- que recolectó la Secretaría de Finanzas en la última licitación de bonos en pesos que realizó este martes, la última antes del recambio de gobierno. Son, en rigor, 913 mil millones de pesos más.
El pago de sueldos representa para algunas provincias un peso relativo alto en su estructura de gastos totales. De acuerdo a datos de Politikón Chaco, una consultora especializada en financias provinciales, estimó que en algunos casos supera el 50% del total de erogaciones, como en Jujuy (59,5%), Río Negro (59,3%), Tucumán (58,7%), Salta (56,2%) y Tierra del Fuego (51,1 por ciento).