Plan económico, vencimientos y fondos frescos: las claves de la negociación del gobierno de Milei con el FMI

Un nuevo capítulo en la extensa historia entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional comenzará este martes, cuando dos miembros del equipo del presidente electo Javier Milei mantengan la primera reunión presencial, en Washington, con funcionarios del organismo. Abrirán así una nueva etapa en esa relación, que estuvo marcada en los últimos cinco años y medio por repetidos acuerdos y renegociaciones, incumplimientos, desembolsos y un cúmulo de vencimientos que pesan sobre la economía por los próximos casi diez años. Hay un grupo de claves que serán las decisivas para este nuevo camino que comenzará en lo inmediato.

Una serie de urgencias marcarán el contorno en el que podrán moverse las nuevas autoridades: el monto de vencimientos que sobrevienen para la Argentina entre diciembre, pocos días después del recambio de gobierno, y enero; la distancia entre los números que puede mostrar el Ministerio de Economía y las metas acordadas y recalibradas a fines de julio. También se abrirán algunos caminos que La Libertad Avanza (LLA) puede tomar, como iniciar conversaciones sobre un acuerdo nuevo, desde cero, o buscar financiamiento rápido -aunque muy limitado-, una puerta que este martes abrió la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.

En rigor, la Argentina tuvo en 2018 un préstamo Stand By por USD 45.000 millones (con un monto máximo permitido de USD 57.100 millones) a cambio de una serie de metas de ordenamiento de las cuentas públicas, con un programa de contracción monetaria fuerte en 2019 y con un plazo de repago que se extendía, en su calendario original, hasta 2024. Tenía, en el medio, dos años de altísimos montos a devolver, en 2022 y 2023, por casi USD 20.000 millones en cada año.

En 2020 el Gobierno de Alberto Fernández anunció la renegociación de ese SBA y rechazó tomar prestado el saldo pendiente de desembolso desde Washington. Las conversaciones avanzaron a ritmo lento en los primeros dos años de mandato de Frente de Todos y recién después de la derrota en las elecciones legislativas de 2021 comenzó a tomar forma un programa nuevo.

Ese programa tuvo un formato distinto al Stand By. El acuerdo implicó la puesta en marcha de un Extended Fund Facility (EFF), por el mismo monto del crédito de 2018 y con una premisa: que su columna vertebral era un mecanismo de financiamiento de cada instancia de repago del SBA, de manera tal que los desembolsos quedaran “calzados” con los vencimientos hasta 2024. El EFF propiamente dicho tiene su propio plazo de devolución, entre 2026 y 2032.

El Extended Fund Facility (EFF) tiene características que lo distinguen del SBA. Entre ellos, un plazo más largo y que además de medidas que ordenen crisis de balanza de pagos como el que aquejó en 2018 a la Argentina, también requiere la implementación de políticas en otros sentidos, consideras estructurales, como lo impositivo, regulatorio, monetario y de funcionamiento del Estado. El programa vigente tiene sus metas con amplios niveles de incumplimiento.

Las variantes que se abren para la nueva administración son varias. La primera es mantenerse en el marco del EFF, para lo cual deberá dar paso a la séptima revisión técnica de metas -pautado originalmente para diciembre- de manera tal de destrabar el último desembolso previsto para 2023, por unos USD 2.500 millones.

El problema es que para conseguir ese fondeo el Poder Ejecutivo tiene pocos números favorables para mostrar. Necesita, para superar el examen trimestral, cumplir los objetivos de acumulación de reservas y metas fiscales, hoy lejos de ser alcanzados. No sería la primera vez, de todas formas, que el FMI dé luz verde a un envío de Derechos Especiales de Giro (DEG) a la Argentina aún habiendo registrado incumplimientos en la hoja de ruta del programa.

Un asterisco fundamental sobre esta vía, por una duda que surgió en el mercado en los últimos días: el nuevo Gobierno no tiene derecho a solicitar el saldo no pedido del Stand By de 2018, ya que ese programa quedó desactivado cuando fue firmado el EFF de 2022.

Una segunda variante, para muchos expertos marcado como la única posibilidad de conseguir fondeo de manera robusta, es iniciar negociaciones para firmar un programa nuevo, desde cero. El formato y alcance que podría tener un programa de esas características es todavía incierto y desde La Libertad Avanza no dieron precisiones sobre si una decisión de esta naturaleza está en su menú de opciones.

Por último, Georgieva abrió una chance de aportar, aunque de forma modesta, fondos para la Argentina. Se trata del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, que fue creado durante la pandemia por el directorio del organismo para dar apoyo financiero, aunque más limitado que los programas tradicionales. Pero para la Argentina le corresponderían, se calcula, apenas unos USD 1.300 millones.

“La forma más importante en que Argentina puede ayudarse a sí misma es abordando los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado. Pero, claro está, estamos muy interesados en apoyar a Argentina, abordar el profundo problema de la inflación, crear un entorno para un crecimiento liderado por el sector privado que pueda estimular aumentar el empleo y la economía en general”, mencionó Georgieva en declaraciones a Reuters.

Una de los grandes signos de pregunta que todavía flotan es sobre cuál será el plan integral de política económica que apuntará a llevar adelante Milei desde el 10 de diciembre. Algunas pistas ya trascendieron o fueron verbalizadas por el presidente electo, por lo menos respecto a la secuencia de medidas que buscará implementar.

Ese plan debería ser presentado ante el FMI, que de acuerdo a esa información podrá definirse qué dirección tomará la nueva etapa en la relación con el organismo. Milei aseguró durante campaña que la cuestión del Fondo Monetario “no va a ser un problema” porque su intención es hacer un ajuste fiscal mayor al que exige Washington. Hay menos referencias, al menos en palabras previas del presidente electo, sobre si respetará los plazos de repago del EFF hasta 2032 o buscará una diagonal con un acuerdo nuevo y distinto.

A grandes rasgos, el equipo de Milei trabaja con ideas de base de un recorte fiscal fuerte en el primer año de gobierno, que fue mencionado en 5 puntos del PBI, lo que devolvería a las cuentas públicas al terreno de superávit primario y posiblemente también a superávit financiero, al tomar en consideración el monto de pago de deuda. Otros 10 puntos provendrían del desarme del stock de Leliq y pases del Banco Central.

La secuencia que imagina Milei es la de, en un primer paso, lo que llama un “ordenamiento monetario”: despejar el monto de pasivos remunerados del BCRA. De esa forma, prepararía el terreno para la apertura de los controles cambiarios con un riesgo menor de una corrida hacia la moneda norteamericana que implique un fogonazo adicional que deje a los precios en zona de hiperinflación, según expresó el presidente electo.

Cuando el 10 de diciembre Milei reciba la banda presidencial por parte de Alberto Fernández, las metas con el Fondo Monetario acordadas en marzo de 2022 todavía estarán allí. Y mostrarán números en rojo en distintos ítems que conforman las columnas principales del Extended Fund Facility.

La séptima revisión técnica que debería empezar el staff, según la hoja de ruta original, en algún momento de diciembre, tendrá que examinar el cumplimiento de los objetivos del tercer trimestre del 2023 en reservas, déficit primario, emisión del Banco Central para financiar al Tesoro, futuros del dólar operados por la entidad monetaria y deuda flotante, entre otras.

En números: las metas exigibles en la próxima revisión del staff muestran que hacia fines de septiembre el Gobierno debería poder mostrar un techo de déficit primario de 2,3 billones de pesos. Los datos oficiales registran, a esa altura del año, un rojo de 2,6 billones de pesos, por lo que hay en este aspecto un primer incumplimiento. Hacia adelante, a fin de año lo máximo de déficit primario permitido es $3,2 billones y con números a octubre acumulan $2,9 billones.

En términos de reservas, los objetivos del tercer trimestre marcaban que el Banco Central debería tener unos USD 2.200 millones de reservas menos que los que tenían a diciembre de 2021, cuando contaba con USD 2.277 millones (esa fecha es el criterio que utilizó siempre el organismo para medir la variación de las arcas internacionales). Es, con distancia, la meta más difícil de cumplir. Un número para ejemplificar: entre agosto y diciembre debería el BCRA acumular USD 8.000 millones según lo previsto en el acuerdo con el FMI y lleva, hasta fines de noviembre, solo cerca de USD 1.950 millones.

La explicación a por qué el FMI esperaba un monto tan bajo -en rigor, se trataría de un saldo neutro, sin reservas netas- es por el impacto de la sequía en el ingreso de divisas y de recaudación tributaria. De todas formas, a esa altura las reservas netas del Banco Central fueron varios miles de millones por debajo de esa métrica.

Para el caso de la emisión monetaria para asistir al Tesoro, la tercera de las metas con el Fondo Monetario consideradas centrales, el Poder Ejecutivo podría mostrar un objetivo cumplido. A fines de septiembre acumulaba por esa vía cerca de 1,2 billones de pesos cuando el techo establecido había sido de 1,7 billones. Hacia fin de año el tope es de 1,3 billones y, con los últimos datos del BCRA, el Gobierno está en línea con ese límite.

Con todo, más allá de esos tiempos hay un reloj que corre y que indica que la próxima administración tendrá que afrontar obligaciones de pago apenas comenzado el mandato. El calendario de vencimientos con el Fondo Monetario exigirán a las alicaídas reservas brutas del BCRA unos USD 910 millones en diciembre y otros USD 1.935 millones en enero.