Subsidios energéticos y atraso tarifario: otra “bomba” que deberá desarmar el próximo gobierno

Aunque en la primera semana post-electoral el presidente electo, Javier Milei, priorizó en sus declaraciones y designaciones la importancia del “desarme” de la enorme “deuda remunerada” del Banco Central en Leliq (Letras de Liquidez, que en los últimos días cedieron espacio a “Pases”, deuda de aún más corto plazo), para poder levantar el “cepo” cambiario y empezar a normalizar el funcionamiento de la economía, otra “bomba” requerirá un esfuerzo no menos cuidadoso de desactivación.

Se trata de la madeja de subsidios a los servicios públicos que, por un lado, engrosa el déficit fiscal, pieza maestra del desequilibrio macroeconómico, pero por otro contiene el precio de los combustibles y de servicios públicos como la electricidad, el gas, el transporte y el agua que pagan día a día y mes a mes millones de personas.

La cuenta es pesada. En los primeros diez meses de 2023 los subsidios totales sumaron 5,3 billones (millones de millones) de pesos, equivalente al 13% del gasto y a 94% del déficit primario, precisa el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. Ergo, sin subsidios no habría casi déficit fiscal primario (el que no incluye intereses de deuda).

La energía (electricidad y gas), el transporte y el agua, los servicios más esenciales y de mayor impacto sobre la población sumaron en ese mismo período $3,4 billones. Unos $2,6 billones fueron al sector energético, poco más de $790.000 millones a Transporte y $19.540 millones al rubro agua.

En Energía, los déficit y subsidios fluyen vía empresas como Cammesa ($1,4 billones) y Enarsa ($993.000 millones), en Transporte a través de agencias y empresas del Estado del sector ferroviario ($385.800 millones), un Fondo Fiduciario de Transporte Automotor ($364.200 millones) y Aerolíneas Argentinas ($40.500 millones), en tanto el 100% del gasto vinculado al Agua es para financiar a Aysa.

Por ahora, en el área mileísta de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, dentro del Ministerio de Infraestructura que encabezará Guillermo Ferraro, no precisan ni alineación del equipo energético ni medidas, pero son conscientes del desafío.

Tampoco hubo consultas ni pedido de acceso al plan económico elaborado por la Fundación Mediterránea, con Carlos Melconian a la cabeza, puesto inicialmente a disposición de Patricia Bullrich, que volverá a ser ministra de Seguridad.

Según el informe UBA-Conicet, el atraso tarifario en las facturas eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la mayor aglomeración urbana del país, es del 407% para el sector de ingresos bajos (identificado como N2, en la política de “segmentación tarifaria” que el actual gobierno inició en la segunda mitad de 2022), del 299% para el sector de ingresos medios (N3). Ergo, actualizar esos precios para eliminar por completo los subsidios requería multiplicar por poco más de 5 en el primer caso y por casi 4 en el segundo. Incluso, dice el informe, hay un atraso del 67% en lo que paga el sector N1 (ingresos altos), al que se decidió retirarle por completo los subsidios, debido al envión inflacionario y la mora en actualizar tarifas.

Debe tenerse en cuenta que la factura promedio de electricidad es actualmente de $12.430 para un hogar de ingresos altos, de $5.248 para uno de ingresos medios y de $4.869 para uno de ingresos bajos, aunque en provincias como Neuquén, Río Negro y Misiones la cuenta es bastante más salada, básicamente por el mayor “Valor Agregado de Distribución” que agregan a lo que pagan por la energía mayorista las distribuidoras provinciales y, en algunos casos, cooperativas que distribuyen electricidad a nivel municipal.

Multiplicar por entre 4 y 5 esos precios llevaría, en promedio, a que los hogares medios y bajos pasen a pagar unos $24.000 mensuales solo de energía eléctrica.

Según Alejandro Einstoss, economista especializado en Energía y miembro del Observatorio de Tarifas y Subsidios, desmontar el actual esquema teniendo a su vez que la tasa de pobreza supera hoy el 40% de la población, llevará por lo menos dos años, como de hecho propuso un trabajo de la “Fundación Alem” en un trabajo previo a las elecciones.

El propio Milei descartó ajustes abruptos. Entre otros motivos porque -dijo- serían desautorizados por la Justicia.

Según Einstoss, en el primer año, de los casi 3 puntos del PBI que representan los subsidios a la energía se podría recortar a lo sumo 1 punto. “No se puede más, ni desde lo normativo ni desde lo social”, explicó.

El sector donde más se podrían podar es electricidad al sector comercial, que explica 30% del consumo. Mientras, se debería recuperar el concepto de “tarifa social” incluido en las leyes del sector (que el usuario pague el “Valor Agregado” del distribuidor local y goce de un “bloque” de consumo sin cargo). El actual gobierno ignoró esa normativa: primero congeló tarifas durante largo tiempo y luego, vía decretos (no exentos de internas salvajes, que caracterizaron la gestión energética) dispuso su enrevesada “segmentación”.

Así las cosas, el gasto en energía representa hoy 3,8% del salario promedio formal de los sectores de altos ingresos, el 1,3% de los sectores de menores ingresos y el 1,4% de los sectores medios. “Este indicador se encuentra en retroceso, debido al congelamiento tarifario y al aumento nominal del Ripte (Remuneración Imponible Promedio del Trabajador Estable, una métrica oficial), dice el informe de Tarifas y Subsidios.

Parecen porcentajes bajos, que se podrían aumentar, pero no es tan sencillo. El informe del Observatorio precisa que el peso máximo de los servicios públicos energéticos sobre el salario Ripte se dio en junio de 2019: 5,6%, en medio una indignación general -que la oposición promovía- con los “tarifazos” que se habían aplicado hasta abril de ese año. Ahora, tras la reedición de un período de tarifas “regaladas”, dos tercios de la demanda residencial las considera normales, y la brecha con los costos de generación de la energía es astronómica.

Fernando Navajas, economista jefe de FIEL especializado en energía de explicó a Infobae que la segmentación tarifaria vigente “tiene como elemento común que los precios de la electricidad y el gas fueron fijados por última vez el 1 de agosto, a un tipo de cambio oficial de 286 pesos: con el atraso cambiario, en diciembre el tipo de cambio será más del doble, con lo cual ahí se acumula un atraso gigantesco”.

Las precisiones de Navajas en números: el precio del gas, de USD 4,9 por millón de BTU se aplica a la industria, pero dos tercios de la demanda total paga cerca de un tercio de ese valor e incluso los hogares del sector N1 (ingresos altos) ya pagan menos de USD 3 el millón de BTU, debido a la inercia inflacionaria y la periodicidad de los ajustes.

En electricidad es peor aún. La programación oficial es un costo de $22.500 el Megawatt/hora (MWh), precio que solo pagan la industria y el sector N1, en tanto las pymes pagan $15.000 y el 70% de la demanda residencial entre 3.000 y 4.000 pesos. El problema se agravará, porque en la programación del semestre del 1 de noviembre al 30 de abril de 2024 la actual gestión energética redujo el precio del trimestre noviembre-diciembre-enero a $22.000 y fijó la del segundo (febrero-marzo-abril) en 24.000 pesos.

“Eso necesariamente se tendrá que modificar, de lo contrario llegaremos al mayor atraso tarifario de la historia: tené en cuenta que 70% de la demanda residencial paga $3.500 el MWh; al dólar oficial futuro pagará chauchas, cuando el costo de funcionamiento del sistema es de 70 dólares el MWh”, explicó Navajas.

Cuánto se animará a aumentar el gobierno para reducir semejante brecha es una cuestión abierta. Según Navajas, se requiere eliminar al menos 80% del desajuste.

El equipo de Rodríguez Chirillo, arriesga, “tiene que haber Estado mirando esto”. Otra cuestión es que haya alguien armando un tarifario y que además esté en línea con el futuro esquema macro y fiscal. Si no lo hay, el riesgo es que se repitan los errores, contratiempos e inconsistencias que tanto le costaron al gobierno de Mauricio Macri.

Según Navajas, la reciente “programación estacional” del precio de la energía eléctrica es “irresponsable y vergonzosa” dada la inercia de la economía. El 70% de la demanda residencial de todo el país, precisa, tendrá a fines de abril de 2024 los mismos precios nominales mayoristas de energía eléctrica generada que a inicios de agosto de 2023 y teniendo en cuenta la inflación y los posibles valores del dólar, los valores resultantes agravarán el agujero de los subsidios. De hecho, el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios estimó que en el trimestre febrero-marzo-abril los hogares N2 y N3 cubrirían apenas 12 y 15% del costo de generación.

Peor aún, las resoluciones 884 y 907 de la actual Secretaría de Energía aumentarán (de 400 a 650 KWh) el tope de subsidios en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan y en algunas zonas de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, rebote para la electricidad que podría llamarse “ley de zonas cálidas” al dislate inicial que extendió el concepto de “zonas frías” aplicado al consumo de gas en la Patagonia a localidades como Río Cuarto, en Córdoba y una amplia parte del centro del país.

En el transporte automotor, que ya explica el 23% del monto total de subsidios y llegado el momento recibirá también el chicotazo de los aumentos de los combustibles, las cosas no lucen mejor. Varias cámaras del sector emitieron el viernes un comunicado alertando que la situación financiera de las empresas de colectivos del AMBA (la más subsidiada) “puede derivar en interrupciones y hasta una parálisis del sector”.

“Durante este 2023 se ha registrado la mayor inflación en la Argentina en 30 años. En este contexto, las tarifas han estado congeladas desde el mes de agosto 2023 y durante más de 3 años entre 2019 y 2022″, denunciaron en el sector.

“Las compensaciones tarifarias (subsidios) que, deberían cubrir la diferencia entre la tarifa abonada por el pasajero y el costo real de la actividad, se encuentran persistentemente mal calculadas”, dijeron, además de señalar que la última actualización de estructura de costos agosto/septiembre nació “más de 30% atrasada”, por lo que el sector “así como el país en la actualidad, carece de alternativas financieras para hacer frente a la continuidad de los servicios”.