La vivienda, un eje clave para el crecimiento: cuál es la propuesta de Javier Milei y qué pasará con el Procrear

En plena transición gubernamental, la Argentina enfrenta una crisis habitacional de proporciones significativas. Un dato alarmante revela que 1 de cada 3 hogares carece de una vivienda adecuada.

La problemática abarca a los que buscan expandir, renovar o adquirir una propiedad a estrenar, así como a quienes enfrentan la urgencia de alquilar.

La situación se ve agravada por una marcada escasez de oferta sin antecedentes, generando un panorama dramático para aquellos en la búsqueda de un techo a través de una locación. Además, los valores de alquiler experimentaron un aumento de más del 206% interanual en todo el territorio nacional.

El presidente electo Javier Milei enfrentará un panorama desafiante para lo que viene en materia de vivienda en donde hay varios frentes por resolver. Según lo adelantó Infobae el hombre que liderará esta actividad es Ricardo Inti Alpert, un profesional con experiencia en el campo de la construcción, emprendedor social y experto en financiamiento de desarrollo urbano.

Se anticipan importantes cambios en la estructura ministerial. Alpert encabezará la Secretaría de Vivienda, la cual podría ser parte del futuro Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, o bien integrarse a Infraestructura (que llevará adelante Guillermo Ferraro). La resolución final aún está pendiente de confirmación.

Lo que sí es seguro es la desaparición del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, actualmente dirigido por Santiago Maggiotti.

En línea con la visión general de la gestión económica, la política pública de vivienda bajo el próximo gobierno busca generar un impacto de shock, evitando el camino del gradualismo.

Alpert confirmó a Infobae que al menos 3.000.000 de familias necesitan construir una vivienda, ampliarla, repararla o dotarla de servicios básicos. No menos de 10.000 barrios necesitan mejorar su infraestructura y más de 200.000 edificios multifamiliares deben repararse.

“La intención es eliminar el financiamiento estatal para nuevas construcciones de viviendas”, comentó.

Alpert subrayó la importancia de reducir la inflación como medio para canalizar el ahorro hacia el impulso de créditos destinados a obras sin gasto público.

El experto enfatizó que, al permitir que las viviendas construidas por obra pública sean adquiridas por familias, la transición a obras privadas no detendría el proceso de construcción, garantizando así la continuidad del empleo para el sector y esto promovería gran cantidad de nuevos puestos de trabajo.

La política de vivienda, según resaltó Ricardo Inti Alpert, se centrará en reducir la inflación y aumentar el nivel de actividad.

“La propuesta también incluye la construcción privada de 1.000.000 de viviendas en diferentes ubicaciones, la dotación de servicios e infraestructura, y la provisión de documentación a 1.000.000 de familias en barrios populares que hoy no los tienen. La clave será un Programa de Fomento a los Fideicomisos de Urbanización Social y Vivienda al Costo”, acotó el experto.

El plan libertario tiene como objetivo la construcción de obras particulares en un plazo de seis años, estimando una inversión de USD 53.000 millones. Con un porcentaje inferior al 2% anual del PBI destinado a créditos entre particulares, sin subsidios ni participación presupuestaria estatal, se pretende abordar la crisis social integral.

“En medio del actual escenario de inflación y estancamiento, con millones de personas afrontando alquileres de hasta $200.000 por mes, en promedio, se propone una solución. Si estas personas pueden hacer un anticipo, ya sea de USD 8.000, USD 10.000, o USD 12.000, y acceder a un crédito de USD 40.000, tendrían la posibilidad de construir una vivienda de primera calidad. El ahorro necesario ya está disponible, por ejemplo, en la Anses o en compañías de seguros. Pero actualmente no hay un mecanismo efectivo para canalizarlo, hay que crearlo”, agregó Alpert.

El próximo gobierno aspira en el primer año de gestión extender la invitación a profesionales de diversos sectores, como médicos, docentes, colectiveros, bomberos, policías, personal de la salud, programadores, entre otros, a que se sumen si desean adquirir, construir o ampliar su vivienda y no cuentan con acceso a un crédito.

En Argentina, alrededor del 50% de las aproximadamente 10 millones de familias enfrenta deseos y necesidades insatisfechas en términos de vivienda, infraestructura y mejoras en su entorno urbano.

“La opción de pago en cuotas para materiales de construcción, ampliaciones, mejoras, infraestructura urbana y nuevas viviendas es una práctica natural para las familias trabajadoras”, acotó Alpert.

El enfoque se basará en la premisa de que la vivienda y el hábitat se financian y pagan mutuamente, evitando costos fiscales y generando riqueza. Esto se logrará al fomentar el desarrollo masivo de obras particulares, permitiendo que las familias y comunidades organicen, administren y decidan proyectos con ahorro o pagos en cuotas.

Ricardo Inti Alpert dijo: “Hablamos de calidad en el sentido de garantizar el acceso a servicios para aquellos que carecen de ellos. Buscamos regularizar la situación legal de los hogares que aún no lo hicieron y ofrecer la oportunidad de compra o construcción para aquellos que no poseen vivienda. El objetivo es que puedan iniciar un pequeño proyecto de inversión en su hogar y pagarlo en cómodas cuotas”.

No sólo se buscará potenciar la obra en ladrillos a través del esquema tradicional, la intención es potenciar la construcción en seco, con madera, panelería, steel frame, entre otros sistemas edilicios.

Referentes libertarios sostienen que hay oportunidad para desarrollar el país por completo y que todos los sistemas serán contemplados.

En la semana se juntarán Alpert y parte de la nueva estructura junto con Santiago Maggiotti y su equipo. Allí se tomará conocimiento de cómo está el plan Procrear.

Según pudo saber Infobae, en 10 años, desde que funciona este esquema se proporcionaron más de 500.000 soluciones habitacionales con un presupuesto de más de USD 1.000 millones invertidos.

Hoy a través del Plan Procrear II hay cerca de 34.000 casas en obras a las que hay que sumar la opción de quienes pueden acceder a unidades terminadas que se entregan llave en mano en los 59 Desarrollos Urbanísticos que se están haciendo en distintas partes del país, que totalizan otras 16.000 viviendas.

Según lo informado por Infobae, la Ley de Alquileres, en vigencia desde junio de 2020 y recientemente reformada por el Congreso nacional, se prevé que será derogada.

En caso de concretarse, los contratos de alquiler volverían a regirse por el Código Civil y Comercial de 2015, con períodos de ajuste libre, pudiendo acordarse entre las partes cuatrimestrales o semestrales, según lo estipulen.

El anuncio de Milei generó cierta parálisis en quienes estaban por firmar contratos y provocó la aprobación de inmobiliarios y propietarios, mientras que no fue bien recibido por agrupaciones que defienden a inquilinos.

En la ciudad de Buenos Aires, un departamento de tres ambientes tiene un costo promedio de $300.000 mensuales. Se observa un aumento en las propuestas en dólares y en los acuerdos informales entre propietarios e inquilinos en todo el país.

Ante la escasez de opciones en pesos, los inquilinos deben iniciar su búsqueda tres o cuatro meses antes de que finalice su contrato.

Más de treinta años después de la devastadora hiperinflación de 1989, Argentina revive debates críticos. La intervención estatal en el régimen de alquileres y en el sistema hipotecario (UVA), mediante sistemas de indexación, provocó un colapso en ambos mercados.

El presidente electo Javier Milei anunció que no va a revisar el sistema de actualización de deudas UVA. Esto causó una reacción inesperada en los beneficiarios de estos créditos.

“Para ilustrar las implicancias de estos créditos, podemos considerar el caso de un docente en Tierra del Fuego, que al no calificar para créditos convencionales se le asignó un Crédito UVA. Aunque al principio la relación cuota-ingreso del 22% / 25% parecía viable, en poco más de tres años la cuota superó sus ingresos totales arrastrándole a una situación de insolvencia”, dijo a Infobae Cristian Rubio, abogado representante de los hipotecados de Tierra del Fuego.

Los autoconvocados probablemente continúen su reclamo, ya que actualmente más de 90.000 familias están pagando sus créditos que tomaron entre 2016 y 2019. Aunque la morosidad no es significativa, estas familias afrontan cuotas que promedian $200.000 por mes, y con la alta inflación, seguirá aumentando.