Con la firma del gobernador Axel Kicillof, la administración de la provincia de Buenos Aires pidió a la Cámara de Diputados de la provincia un pedido de autorización para endeudarse en el equivalente en pesos de hasta USD 150 millones para asegurarse que podrá cancelar los próximos vencimientos de deuda, finalizar obras públicas ya iniciadas, ponerse al día con los pagos a proveedores y garnatizar el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre, tanto a nivel provincial como en las distintas comunas y municipios de la provincia, que a su vez dependen del envío de fondos de la provincia y, en menor medida, también de fondos directamente enviados desde Nación.
Kicillof se reunió ayer con Guillermo Francos, quién será el ministro del interior del presidente electo, Javier Milei, en un edificio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) en la Capital Federal, y le entregó un informe sobre la situación económico-financiera de la provincia.
El principal temor del gobierno bonaerense es que Milei cumpla con sus declaraciones de cortar inicialmente la obra pública a cero para reducir lo más expeditivamente posible el déficit de las cuentas públicas, clave en su objetivo de reducir el endeudamiento del Banco Central mediante “instrumentos de política monetaria” como las Letras de Liquidez y los Pases para entonces sí poder liberar el “cepo”cambiario y normalizar el funcionamiento de la economía, objetivo que –dijo- le insumirá no menos de 6 meses.
Además, es muy probable que Kicillof pierda el status de gobernador privilegiado que tuvo durante los últimos 4 años, en que recibió la parte del león de los “fondos discrecionales” enviados por el gobierno nacional. Solo este año, se trató de una bolsa de aproximadamente $400.000 millones para las arcas bonaerenses.
Recaudos políticos
La legislatura provincial (Diputados y Senado provincial) debe habilitar el endeudamiento estatal que –según reza el documento enviado por el gobierno, buscará “asegurar el cumplimiento de sus compromisos financieros, optimizando la utilización de fuentes disponibles de financiamiento”. Como recaudo, antes de las elecciones Kicillof ya había acordado con el todavía ministro de Economía Sergio Massa, el cierre de los envíos de octubre y noviembre.
El presupuesto provincial de este año contempló deudas por $168.062, igual a 2,5% del presupuesto total y permite a los municipios reprogramar la devolución de deudas con la Provincia por fondos de ayuda, por unos $8.500 millones, clave para que las comunas puedan pagar sin problemas los salarios y aguinaldos el último mes del año.
Cabe recordar que al menos una parte de la contundente victoria del reelecto gobernador bonaerense Axel Kicillof en las elecciones del 22 de octubre fue facilitada por el privilegio en el envío de fondos federales. Esa preferencia se nota sobre todo en las “transferencias discrecionales” que, a diferencia de los fondos de asignación automática, reguladoss por la ley de coparticipación federal, se basa en criterios políticos que, aún más en tiempos electorales, reposan sobre afinidades partidarias.
En el mes previo a las elecciones presidenciales las transferencias discrecionales tuvieron un crecimiento récord, de 213% en términos nominales, 75 puntos porcentuales por sobre el 138% de inflación de los 12 eses previos. Además, fue la segunda suba real consecutiva importante del año.
Elecciones y elegidos
“El incremento real se explica básicamente por la fuerte suba de los fondos adicionales para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), los fondos electorales adicionales a la Provincia de Buenos Aires girados vía obligaciones a cargo del Tesoro ($80.000 millones) y el pago al Funcionamiento de Hospitales”, destacó entonces un informe de la consultora Aerarium, especializada en el seguimiento del manejo de fondos federales y encabezada por Guillermo Giussi y Paulino Caballero, quienes se desempeñaron en el área de relaciones fiscales con las provincias durante la presidencia de Mauricio Macri.
En el trimestre previo a la elección el gobierno bonaerense recibió el 43,2% de las transferencias discrecionales, casi un punto porcentual más que su porción previa, por $429.341 millones. El aumento nominal en los envíos a la Provincia pivoteó en buena medida sobre la Anses, que financió el déficit de la caja previsional por $51.209 millones ($42.916 millones más que a septiembre de 2022), el Fondo de Incentivo Docente ($60.649 millones más que a septiembre de 2022) y la asistencia financiera de la Secretaría de Hacienda mediante el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF), por $80.366 millones, precisa el informe.
El gráfico de arriba muestra el muy desigual reparto de los fondos “políticos”, en que el 43,2% al distrito bonaerense empequeñece incluso a los distritos que le siguen en importancia, como CABA, Chaco y Santa Fe, que recibieron entre 6,6% y 4,5%, mientras que en el extremo opuesto, con casi nula recepción, quedaron Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy, todas provincias en que ya se había elegido el nuevo gobierno provincial.
La previa
Otra constatación del timing político del reparto fue que en el tercer trimestre del año los giros para obras en los distritos del interior aumentaron 169% en términos nominales y 25% en términos reales y el nivel de ejecución fue 77% superior al de igual período del año previo. “Se asignaron $227.600 millones para transferencias de capital frente a los $128.744 millones transferidos en 2022″, agrega el reporte privado. Tres de cada cuatro pesos de esos fondos fueron vía los Ministerio de Educación, Obras Públicas y Hábitat y Vivienda, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Nación (Enohsa).
Las provincias que más fondos recibieron para obras públicas fueron Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Como “furgón de cola”, destaca el informe de Aerarium, quedaron Chubut, Tierra del Fuego, Jujuy y Córdoba.
Esa es precisamente la veta de distribución de recursos más en riesgo, debido a las declaraciones del presidente electo de que recortará, al menos temporalmente, a cero las obras públicas.
El sesgo político del reparto de las “transferencias discrecionales” fue una constante de los últimos 4 años. Tomando los acumulados enero-agosto, un informe del Ieral precisó que para ese período el aumento real de fondos al conjunto de las provincias fue de 1,5% en términos reales, pero con fuertes diferencias: los envíos al gobierno de Kicillof aumentaron 131%, salto solo superado por los envíos a San Luis (196%). Los otros distritos que superaron el promedio fueron Santa Cruz (53,3%), Chaco (30,8%) y La Rioja (17%). Los 19 distritos restantes registraron variaciones negativas.
Los distritos más perjudicados fueron Córdoba (-75,5%), Jujuy (-58,8%), San Juan (-56,3%), Mendoza (-54,3%) y Neuquén (-44,1 por ciento).
Otro renglón del reparto de fondos federales es el financiamiento de la ANSeS a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. En los primeros 9 meses del año esos giros sumaron $91.860 millones, de los cuales Buenos Aires recibió $51.209 millones (55,7% del total), seguida por Córdoba (10,5%), Chaco (7%), Entre Ríos (6%) y Santa Cruz (4,4 por ciento).
La distribución de esos fondos será administrada desde el próximo diciembre por Osvaldo Giordano, futuro administrador de la Anses y todavía ministro de Economía de la provincia de Córdoba, una de las más perjudicadas por el reparto de fondos en los últimos 4 años. Un dato notable de las cajas jubilatorias de las provincias es que el déficit del conjunto de las no transferidas a la Nación aumentó en promedio un 56%, mientras que el de la caja bonaerense aumentó 273%, bien por encima de las otras provincias que más vieron crecer su rojo previsional, La Pampa (104%) y Santa Cruz (93 por ciento).