La Fundación Capital advirtió que el nuevo presidente asumirá “en un contexto por demás complejo” por los altos vencimientos de la deuda en 2024, reservas del Banco Central en el terreno negativo y la necesidad de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fundación que creó el economista Martín Redrado expresó que el ajuste de los precios relativos le agregará varios puntos a la inflación.
En su último informe, la fundación dirigida por Carlos Pérez trazó un duro diagnóstico sobre la herencia que recibirá Javier Milei el 10 de diciembre.
“En las últimas décadas, la economía agudizó su estanflación. La actividad económica se contraerá un 2,4% interanual este año, ubicándose en promedio en torno a los niveles de 2011-2017, es decir, mostrando un estancamiento de más de 10 años”.
Además, “en términos per cápita, el PBI se encuentra en niveles de hace 17 años, con una baja de 14,9% frente al máximo de 2011″. Adicionalmente, “la inflación fue subiendo escalones con el correr de los años, pasando de 8% anual en el promedio del período 2003-2006, al 23% anual entre 2007 y 2013 y al 40% entre 2014 y 2021″.
Más aún, “a partir de 2022, ésta escaló aceleradamente duplicándose año a año: pasó de 50,9% en 2021 al 94,8% en 2022 y al 190% estimado para el cierre de este año.
En este marco, “el desafío social resulta muy preocupante, en línea con un poder adquisitivo que llega al 2024 en baja, con una débil calidad de empleo y con 5,2 millones de personas más en la pobreza desde el 2016″.
En detalle, “el salario registrado disminuyó un 29,5% real desde 2017, mientras que el salario informal lo hizo en un 45%”.
De manera similar, “los ingresos reales de los jubilados y beneficiarios de la asistencia social también acumularon una contracción importante en los últimos seis años, con el haber medio posicionándose un 30,6% por debajo del 2017, mientras que la jubilación mínima mostró una caída algo más acotada, del 16% real, al contar con bonos consecutivos desde septiembre de 2022″.
Por su parte, “los ingresos de la asistencia social mediante AUH también sobrellevaron una merma del 35,2% en el poder de compra respecto al 2017″. “Si contemplamos asimismo la Tarjeta Alimentar, que se incorporó en 2020, en conjunto exhibieron una caída del 28,3% real desde su creación”. Respecto al empleo, “se evidencia un fuerte deterioro en la calidad de los nuevos puestos de trabajo”.
En efecto, “el empleo total se ha incrementado un 14,9% desde 2017, en donde casi un 75% del mismo esta explicado por un mayor empleo informal (5,9 puntos) e independiente (5,1 puntos), mientras que el empleo público aportó 2,2 puntos y el privado sólo 1,7 puntos”.
En paralelo, “se verificó un aumento de la población bajo la línea de pobreza, adicionándose 5,2 millones de personas desde el segundo semestre de 2016 (primer dato disponible)”.
“Esto ocurrió a pesar de que la mitad de la población cuenta con alguna asistencia social. En este sentido, más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres, contando el 60% incluso con protección social”.
A su vez, “la economía llega al cambio de mandato con una gran distorsión de precios relativos, cuya corrección requerirá de extrema pericia por parte del nuevo equipo económico”.
En efecto, “es esperable un ajuste cambiario que permita volver a acumular reservas. Vale mencionar que, el tipo de cambio real multilateral exhibió una apreciación del 33% desde el 10 de diciembre de 2019, incluso alcanzando niveles similares a los de mediados del 2017 y sólo 10% superiores al momento previo a la salida del cepo cambiario de diciembre de 2015″.
Aún más, “se gestó una brecha cambiaria en torno al 150% y que presenta un sesgo al alza. A su vez, la necesaria corrección de los precios regulados de energía eléctrica, transporte y combustibles también es significativa, y podría sumar al menos diez puntos a la inflación de los primeros meses, sin contar los elevados efectos de segunda ronda, a la vez que sumará un impacto profundo sobre el ingreso de las familias, ya debilitados”.
De hecho, “el reacomodamiento de precios relativos en cuanto a las tarifas de servicios públicos será un tema que abordar en el marco de subsidios económicos que terminarían el año en torno a los 2 puntos del producto”.
En este sentido, “el déficit fiscal es otra carga por afrontar ubicándose en torno al 3% del PBI, resultando muy superior al que las autoridades heredaron (-0,4% del PBI en 2019), a lo que hay que sumar intereses por otros dos puntos”.
“Otra pesada herencia es la gran escasez de reservas internacionales. En efecto, al 10 de diciembre, las brutas se encontrarán en el orden de los USD 20.000 millones, su nivel más bajo desde principios de 2005, mientras las netas se ubicarán en negativo por USD 10.500 millones (considerando que no se realiza el desembolso del FMI)”.
“Esto contempla un uso del swap con China por unos USD 5.400 millones”.
En paralelo, “la deuda comercial por importaciones no pagas crecería unos USD 22.000 millones, totalizando hacia fines de 2023 un stock de USD 50.000 millones”.
Asimismo, “otro punto relevante es el atraso en el giro de utilidades y dividendos al exterior. Vale mencionar que mientras entre 2016 y 2019 se enviaron al exterior por este concepto en promedio USD 2.000 millones anuales, desde 2020 el monto se redujo a USD 220 millones anuales”.
En este contexto, “los primeros meses del próximo mandato serán desafiantes. Recordemos que en diciembre se deberán hacer pagos al Fondo Monetario Internacional por USD 900 millones, y la revisión del organismo para desembolsar USD 3.300 millones está pendiente (para lo cual será probablemente necesaria una renegociación)”.
Al mismo tiempo “también vencen USD 278 millones con otros organismos. A su vez, los compromisos en moneda extranjera del primer trimestre suman USD 4.400 millones, siendo USD 1.500 millones a tenedores de bonos privados (en enero), USD 1.500 millones al FMI y USD 1.400 a otros organismos internacionales”.
De este modo, “entre diciembre y marzo hay compromisos en moneda extranjera por unos USD 5.900 millones”.
Aún más, “los vencimientos en moneda extranjera se agudizan especialmente a partir del 2027. En detalle, la suma de capital e intereses asciende a unos USD 14.000 millones en 2024, USD 15.000 millones en 2025, USD 16.000 millones en 2026 y superan los USD 20.000 millones anuales entre el 2027 y el 2032″.
Acuerdo incumplido
“Frente a un acuerdo con el FMI ampliamente incumplido, será preciso un urgente nuevo acuerdo, condición necesaria para retornar a los mercados internacionales”.
“En lo que respecta a la deuda pública en moneda local, sólo entre febrero y abril vencerán unos $ 16,8 billones, o 5% del PBI, y en el año 2024 los compromisos ya alcanzan los $ 45 billones (14% del PBI) de los cuales el 99% está indexado y donde, en particular el 50% corresponde a instrumentos duales”.
Aún más, “estos vencimientos suponen un escenario sale bien, con un salto cambiario discreto en diciembre y una economía que se estabiliza, con una reducción significativa de la inflación”.
“En un escenario puede fallar, los vencimientos podrían ser significativamente mayores”.
Sin embargo, “la concentración de tenencias por entes estatales y financieros (tres cuartas partes) mitiga el riesgo, donde el mismo provendrá principalmente del programa económico implementado y del manejo de los pesos que se haga”.
“El desafío para las próximas autoridades será migrar desde este tipo de inversores a otros genuinos que tomen deuda en pesos de modo voluntario. Para ello, es probable que deban sobrerreaccionar en materia fiscal para evitar la dominancia fiscal sobre la política monetaria en búsqueda de la credibilidad necesaria”.
Otra de las herencias “es un sector financiero con elevada exposición al sector público. Por caso, casi el 50% de sus activos está posicionado en instrumentos del sector público (32,8% en instrumentos del BCRA y 16,8% en créditos al sector público, con datos a agosto), mientras que, sobre el inicio de la actual gestión en diciembre de 2019, la misma era de 25,1% (15,1% instrumentos del BCRA y 9,9% en créditos al sector público)”.
La contracara “es un ratio de créditos sobre los depósitos del sector privado en moneda local en mínimos (40%)”.
Por su parte, “el balance del Banco Central también se ha deteriorado”.
En efecto, “la suma de letras intransferibles, adelantos transitorios y otros títulos públicos alcanzaron el 70% del activo del BCRA, en niveles similares al de diciembre de 2015 y bien por encima del de diciembre de 2019 (en torno al 50%)”. Asimismo, “los pasivos remunerados como porcentaje del PBI totalizan un 12,8%, frente a 5,4% del 2015 y 5% del 2019″.
Otro factor a tener en cuenta “son los pasivos en pesos del BCRA que están atados a la evolución del tipo de cambio oficial, lo que representa un potencial de emisión”.
En efecto, “la posición de contratos de futuros del BCRA asciende a unos USD 4.000 millones (la mayoría en contratos a noviembre y diciembre, aún con espacio para expandirse por USD 5.000 millones más según acuerdo con el FMI), mientras que las LEDIVs (instrumento dollar linked ofrecido por el BCRA a exportadores y ciertos importadores) ya alcanzan los USD 4.300 millones (+ USD 1.600 millones durante noviembre)”.
En suma, “las nuevas autoridades deberán transitar un estrecho desfiladero los próximos meses, con múltiples desafíos que resolver, un poder político fragmentado y una situación social compleja como principales restricciones”.
De esta forma, “se requerirá de un pulso milimétrico para la calibración de la política económica en materia fiscal, monetaria y cambiaria”.