Se agrava la falta de dólares para la producción y se aleja la posibilidad de un arreglo tras el balotaje

La semana financiera culminó con fuertes operativos en el microcentro, prácticamente paralizando la operatoria del dólar libre, tras la suba de 60 pesos que había mostrado la cotización el jueves. La foto fue idéntica a la de la previa a las elecciones. Y todo indica que en los próximos cinco días hábiles el volumen de transacciones en el mercado informal se mantendrá en niveles mínimos.

En un contexto de gran incertidumbre política y económica, el Gobierno vuelve a apelar a la represión financiero para mantener los distintos tipos de cambio bajo control. En todo caso, la idea es esperar al resultado de las elecciones y una vez despejada la incógnita de quién será el próximo presidente encarar una solución para el complejo escenario cambiario que enfrenta la Argentina.

Más allá de las especulaciones electorales y la razonable búsqueda de cobertura a la espera del resultado del próximo domingo, la situación cambiaria se va complicando cada dïa que pasa. Lo más acuciante ahora es la escasez de divisas para las empresas, que son autorizadas solo a cuentagotas a importar insumos. La mayoría obtiene la autorización a través de la aprobación de las SIRA, pero luego les resulta imposible que el Central les venda los dólares.

En su encuentro con la Unión Industrial Argentina (UIA) hace diez días, Sergio Massa se comprometió a normalizar la operatoria en un máximo de noventa días. Sin embargo, nada indica que esto pueda ser posible, al menos en las condiciones actuales.

El stock de deuda con los importadores supera ya los USD 50.000 millones. Esto obliga a las empresas a utilizar dólares propios para importar, pedirle un financiamiento a sus casas matrices para hacerlo, o simplemente quedar en deuda con sus proveedores.

El Gobierno sumó así una nueva y dramática dimensión a la categoría de defaulteador serial que tiene la Argentina. No solo ahora el problema pasa por cumplir con la deuda en manos de bonistas, sino que el incumplimiento de pagos ahora afecta a toda la actividad comercial.

Los problemas para conseguir dólares también provocan inconvenientes en las fábricas para llevar adelante la producción. Por eso motivo la economía está cada vez más cerca de la recesión. Aunque todavía las cifras oficiales del INDEC muestran meses que pasan de leves caídas a tenues recuperaciones, los problemas de oferta tendrán un impacto negativo en la actividad económica.

Esta falta total de certeza de acceso a divisas también llevó a un extremo los temores a un posible desabastecimiento. La consecuencia es que las empresas optan por fuertes remarcaciones, ya que no saben si contarán o no con la posibilidad de reponer el producto. Estos ajustes fuertes de precios también ocurren por las expectativas de devaluación futura, es decir el peligro de que se encarezca el tipo de cambio para compras del exterior.

En parte, esto ya sucede porque las importaciones pagan en teoría el tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS, que en el caso de bienes eleva el costo del dólar en realidad de $350 a unos $376, mientras que en el caso de servicios el costo ya es aproximadamente de $500 por dólar.

Una de las grandes incógnitas sobre lo que se viene después del 19 de noviembre es hasta qué punto habrá un sinceramiento del tipo de cambio oficial. La perspectiva es que si gana Massa el proceso sería mucho más lento, postergando la solución de fondo a bien entrado el 2024. En cambio, si el nuevo presidente resultara ser Javier Milei, cabe esperar que este proceso se dé mucho más rápido. En parte por las reacción del propio mercado, pero es esperable que el propio libertario busque apurar un sinceramiento, especialmente antes de asumir la presidente.

La dificultad para acceder a divisas que aqueja a todos los sectores de la economía no se arreglará de la noche a la mañana y mucho menos por la culminación del proceso electoral, dentro de una semana.

La cosecha fina, que debería traer un primer alivio, viene peor de lo esperado y apenas será un 10% mayor a la del año pasado. Por lo tanto, es realmente escasa la oferta de divisas que aportará la exportación de trigo, que sigue sufriendo las consecuencias de una sequía que golpeó duro este año y que recién ahora comenzó a revertirse.

Un informe de Ecolatina advirtió que “la cosecha fina vendría peor de lo esperado inicialmente, lo cual reduce la oferta de divisas para fines de 2023 y principios de 2024. La estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario se ajustó a 13,5 millones de toneladas, apenas por encima de los paupérrimos resultados del ciclo pasado (11,5 millones) y marcando el segundo peor registro en ocho años”.

Las proyecciones vinculadas a la soja son bastante más promisorias, pero tampoco solucionarán ninguno de los problemas de fondo que arrastra la Argentina. Ya en el pasado hubo años de superávit comercial superior incluso a los USD 15.000 millones y la economía siguió estancada.

Además el excedente de dólares que pueda obtenerse por el balance comercial se pierde rápidamente si no hay un programa integral. Las empresas seguirán demandado divisas al Central para pagar deuda emitida en el exterior, también lo seguirán haciendo las provincias y el propio Estado nacional tiene compromisos crecientes en 2024, que luego crecen a más del doble en 2025. De pagos por USD 4.000 millones el año próximo, en el siguiente la cifra crece hasta los USD 9.500 millones.

Si el Gobierno que asumirá el 10 de diciembre no logra un rápido acceso a los mercados, será imposible evitar una nueva reestructuración de la deuda. Pero también será muy difícil avanzar en la unificación cambiaria.

Ni hablar de la millonaria deuda acumulada con los importadores, ante las trabas para girar dólares al exterior. Difícilmente el Estado pueda solucionar el problema; lo postergará casi indefinidamente hasta que se habilite el acceso sin trabas al mercado cambiario.

La salida del cepo es por ahora una promesa sin fecha cierta. Massa dijo que piensa hacerlo “a fines de 2024 cuando hayamos acumulado reservas”. Inmediatamente surgen los cuestionamientos: ¿cuál sería un stock de reservas adecuado para unificar el tipo de cambio? ¿Y qué pasa si dentro de un año no se cumplió el objetivo que está planificado?

Por lo pronto, el Gobierno se había comprometido con el FMI a acumular reservas por USD 8.000 millones hasta fin de año. No estuvo ni cerca. En realidad, el stock sigue barranca abajo y está a punto de perforar los USD 20.000 millones. Aún queda algo de reservas líquidas, pero cada día menos.

Pese a la sugerencia de algunas consultoras económicas, parece difícil que con este cuadro de situación el FMI esté dispuesto a otorgar una suerte de “financiamiento extraordinario” para que el nuevo gobierno pueda arrancar un poco más desahogado. Y si lo hace pedirá un programa mucho más integral que el acordado con el kirchnerismo en los últimos cuatro años, que básicamente consistió en refinanciar vencimientos, sin mayor exigencia de orden fiscal, ni monetario.

La megaemisión monetaria que sucederá entre este mes y el próximo para pagar el gasto electoralista agregará todavía más tensión en el arranque de la nueva gestión. Habrá más presión cambiaria y seguramente un nuevo pico inflacionario, por encima del nivel de 12% a 12,5% de los últimos meses. El verano está cada vez más cerca y pinta muy pero muy caliente.