Depredación del mar argentino: exigen una ley de trazabilidad para evitar el fraude, cuidar la exportación y combatir la pesca ilegal

Según el Museo de Historia Natural de la Florida (EEUU), en 2022 hubo 57 “ataques no provocados” de tiburones a humanos, con 5 víctimas fatales, datos en línea con la media de 70 ataques y 6 muertes anuales, mayormente en costas de EEUU y de Australia.

Los escualos están mucho más en riesgo respecto de los humanos. Un paper del Centro del Estudio de Sistemas Marinos y del Centro Nacional Patagónico (Cesimar-Cenpat), del Conicet, advirtió que la caída de la población de tiburones en el Mar Argentino alcanzó niveles críticos. En los últimos 30 años, estimó, la población de 4 tipos comunes (escalandrun, cazón, bacota y gatopardo) cayó desde 90% en el primer caso hasta 60% en el último. “Los tiburones son predadores al tope de la cadena trófica marina, por lo que son fundamentales para mantener el equilibrio”, dice el estudio.

Según un trabajo de investigadores locales publicado en la revista científica Fisheries Research, la causa de esta caída es que especies cartilaginosas como el tiburón y la raya están entre las más usadas para aparecer como filetes etiquetados como atún (la especie más reemplazada), lenguado, abadejo, chernia, brótola o besugo.

Otro estudio, liderado por Gabriela Delpiani, del Grupo Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (Bimope) del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata, en CABA, Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, halló que 36% de los filetes comercializados estaban mal etiquetados y que de ese 36%, en 70% de los casos las especies usadas para sustituir a las más comerciales eran tiburones y rayas.

Tales algunos datos y estudios citados por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), impulsor de una ley cuyo tratamiento se frustró el 11 de octubre pasado, cuando –en la sesión en que se aprobaron los cambios a la ley de Alquileres y se convirtió en ley el “Compre sin IVA”- 30 diputados del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) se levantaron de sus bancas e impidieron tratar el proyecto de ley de “trazabilidad de la pesca y la acuicultura” impulsado inicialmente por Carlos Selva (FDT, Buenos Aires) aunado con otro de Fabio Quetglas y Ximena García, de Juntos por el Cambio, que tenía dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos y un inusual consenso multipartidario: el pedido de tratamiento incluyó también a Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, y Graciela Camaño, de “Identidad Bonaerense”.

“Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”, posteó en la red X (ex Twitter) el CPA. “¿Habrá sido un llamado de la Milla 201″, chuceó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia al accionar de las flotas extranjeras (en especial, china) que pescan al borde (y a veces adentro) de la Zona Económica Exclusiva y depredan el “Mar Argentino”.

“La sustitución de especies y el etiquetado incorrecto pueden usarse para llevar el pescado capturado ilegalmente al mercado. Por otro lado, las especies usadas para sustituir a las tradicionalmente comercializables, grupalmente conocidas como condrictios (tiburones, rayas y quimeras) son uno de los grupos de vertebrados más amenazados de extinción a nivel mundial”, cita un documento del CPA.

“Cerca de un cuarto de las poco más de 1.200 especies está categorizado como amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y una de sus más grandes amenazas es la pesca. Los condrictios son especies de crecimiento lento, reproducción tardía, alta longevidad y largos ciclos reproductivos, lo que los hace más vulnerables a la sobreexplotación”.

¿Cuál es el problema más importante de la pesca argentina que se corregiría con la ley de trazabilidad?, le preguntó Infobae a María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

“La trazabilidad es una herramienta para diferenciar la pesca argentina que se realiza de forma legal dentro de la milla 200 de la que realizan las flotas de aguas distantes, mayormente chinas, al borde exterior de la milla 200, de forma no reglamentada, o que incursionan ilegalmente en la zona económica exclusiva. Permite diferenciar la procedencia de productos en los mercados internacionales. La Argentina exporta más del 90% de sus capturas marinas. Los mercados cada vez más regulados han comenzado a exigir que los productos que importan sean trazables. Además, la ley permitiría garantizar la inocuidad de los productos de mar durante toda la cadena y evitar el fraude o la sustitución de especies por especies de menor valor comercial y que muchas veces están en peligro de extinción”, respondió Testa.

“Uno de los principios clave de la trazabilidad es la transparencia del proceso y el acceso a datos clave a través de toda la cadena de suministro. Quien se opone a que esta ley salga es principalmente la Subsecretaría de Pesca, que viene intentando frenar la sanción de la ley desde hace años”, agregó.

Según Testa, “la principal reticencia de la subsecretaria es a compartir datos con otros organismos que deben controlar varios eslabones de la cadena, como Senasa, Aduana y AFIP. Deberíamos ver, además, qué relación tiene esto con China, que está adquiriendo empresas pesqueras argentinas para poder pescar (legalmente) dentro de la Milla 200″.

Ante la consulta de Infobae, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, el santacruceño Carlos Liberman, remitió la cuestión a Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, que defendió el sistema de trazabilidad instituido por el gobierno en diciembre de 2022, por la “Disposición 26″, tras un proceso de consultas con la industria y las 5 provincias con litoral marítimo (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Se trata de un mecanismo de “talante federal”, dijo Suárez, y conformó un “sistema de información federal”.

La disposición “puso en vigencia un sistema de trazabilidad” que abarca a las plantas de procesamiento, de rol “preponderante” porque aceptan o rechazan lo que les ofrecen las empresas pesqueras, procesan lo aceptado e incluso, destacó Suárez, se sumaron a un “registro de cuantificación de desechos” con los que, por caso, se produce harina de pescado, que en buena parte se exporta a Chile para en la acuicultura de salmones del país trasandino.

“El registro permite conocer lo que ocurre con los peces desde el mar hasta el plato y también garantiza la trazabilidad del 93 a 97% de las 800.000 toneladas de pescado que se descargan anualmente en puertos argentinos con destino a exportación”, agregó Suárez, quien enfatizó que la Argentina fue el primer país sudamericano en certificar trazabilidad de modo digital, lo que exime a los exportadores argentinos del Certificado de Acreditación de Origen Legal (CAOL), ante la Unión Europea, Japón y Chile.

“La ley Federal de Pesca establece que es facultad de la autoridad de aplicación administrar y regular toda la cadena de valor pesquera y avanzamos en forma contundente en la materia, con administración 100% digital e instrumentando ‘partes de pesca’ electrónicos por especie, lo que mejora el registro de datos. No es necesaria una nueva ley ni crear un régimen sancionatorio”, argumentó Suárez. “¿Para qué trabajar en algo que ya existe y funciona y tiene el apoyo del sector privado y los sindicatos y es reconocido mundialmente’”, planteó.

El sector pesquero privado piensa parecido. “Consideramos que el trabajo de la Subsecretaria de Pesca en trazabilidad es suficiente y se avanzó mucho. No nos oponemos a una ley, pero no queremos que eso implique crear nuevas burocracias; queremos que haya una sola ventanilla, un solo trámite o lugar lo que tenga que ver con trazabilidad, no tener que ir a Aduana, Senasa, Pesca o lo que la ley pueda crear”, dijeron desde una de las cámaras del sector. Y agregaron: “Es incorrecto mezclar el tema de trazabilidad con el control de la pesca en la Milla 201; lo mismo pasó con el incremento de las multas, la única perjudicada fue la flota nacional”.

En cambio, el diputado Selva, que impulsó el proyecto de trazabilidad desde 2018 y lo volvió a presentar en 2021 y 2022 hasta conseguir el dictamen que el vacío kirchnerista impidió tratar en la sesión de hace un mes, no cree que el esquema actual sea suficiente. “En los últimos años –dijo a Infobae– “la Subsecretaría de Pesca avanzó mucho para garantizar controles, pero los legisladores hacemos leyes y nunca una resolución o disposición puede ser mejor que una ley; la trazabilidad por ley te garantiza los controles, redundaría en transparencia y serviría para combatir la pesca ilegal”.

En cuanto a la participación del sector privado en la elaboración del proyecto de ley de trazabilidad, Testa recordó que las empresas participaron de la redacción de los proyectos de ley que se unificaron en un proyecto único. “Han participado de las reuniones informativas en el Congreso, hecho aportes y participado de seminarios que organizamos desde el círculo de políticas ambientales pidiendo la sanción de una ley nacional. Incluso esos seminarios están publicados y son de acceso abierto. De repente, cambiaron de opinión. Las resoluciones que emitió la Secretaría fueron una respuesta apurada para intentar frenar el tratamiento y la sanción de la ley, las sacaron el año pasado y de apuro las están implementando. Por otro lado, el sistema sólo aplica al principio del proceso y se centra en la legalidad, no la inocuidad. El fraude detectado en la comercialización demuestra que no hay control de la cadena”, subrayó a Infobae.

Según un documento del CPA, a nivel mundial 14% de las denuncias relevadas de fraude en productos del mar durante los últimos 10 años refieren abusos en la cadena de custodia, que incluye marcas o certificados de salud/inocuidad ausentes, incorrectos o fraudulentos; tergiversación de documentación de productos vencidos o manipulación de fechas de vencimiento; etiquetado incorrecto e informes de origen poco claro.

En la Argentina 22% de los filetes de pescado comercializados en la costa bonaerense no era lo que indicaba su etiqueta. “Las consecuencias del etiquetado incorrecto pueden ser graves, ya que algunas especies de pescado utilizados como sustitutos pueden poner a los consumidores en riesgo de sufrir efectos negativos para la salud, ya que están consumiendo algo distinto a lo solicitado, como alergias, la exposición a parásitos, productos químicos y medicamentos utilizados para la acuicultura, y otras toxinas naturales”, dice un pasaje del documento, que enumera “11 pecados de los productos del Mar”, 3 por “adulteración”, 2 por “procedencia”, 4 por “ética y ambiente” y 2 por “producción y distribución” (ver esquema, abajo).

Aunque la Subsecretaría de Pesca y el sector privado niegan que la trazabilidad incida en el combate a la pesca ilegal, tanto los ambientalistas como los promotores de la ley alegan que una ley que mejore la transparencia acotaría el mercado y margen de acción comercial de la pesca ilegal. Un documento del CPA cita proyecciones del Global Food Traceability Market hasta 2028, que prevé que el segmento de la pesca tenga la tasa de crecimiento más alta del mercado mundial de trazabilidad, que crecerá en promedio al 9,8% anual.

Testa y Milko Schvartzman, que en el CPA es responsable del área de conservación marina e investiga la pesca ilegal, creen que la oposición del gobierno a la ley de trazabilidad es parte de una política oficial de “hacer la vista gorda” ante las operaciones chinas en el Atlántico Sur. Señalan incluso que el Estado chino y sus empresas vienen adquiriendo empresas locales y poblándolas con tripulación y barcos propios para pescar con bandera argentina y que el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, promueve esas adquisiciones.

En una reciente presentación ante el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), Schvartzman señaló que Ecuador en un año hizo retroceder a la flota china más que la Argentina en los últimos 20 años al lograr que los buques chinos pesquen 50 millas más allá de su “Milla” 200″ en torno de las islas Galápagos, sin haber capturado antes un solo buque de bandera china incurriendo en pesca ilegal. En contraste, señaló, en los últimos 20 años la Armada (ARA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) capturaron más de 100 buques extranjeros (mayormente chinos, pero también de Corea del Sur, Taiwán y España) pescando ilegalmente en el Mar Argentino, pero el país se mantiene inerte ante el arribo anual de unos 600 buques chinos, que incluso empiezan a pescar antes que la flota argentina, limitada por los períodos de veda.

En el mismo sentido, la revista The Economist, señaló recientemente que Ecuador y Perú tomaron medidas contra la pesca ilegal, pero no sucede lo mismo con la Argentina, que ve en China un “aliado ideológico”, ni con Uruguay, que aspira a lograr un acuerdo de libre comercio con Beijing.

En su presentación en el CARI, Schvartzman exhibió incluso una foto del lado derecho del buque Prefecto Derbez, de la Prefectura Naval Argentina, con sus 21 killmarks, los perfiles y nombres de buques capturados pescando ilegalmente, la mayoría de ellos chinos (ver abajo).

Peor aún, el gobierno argentino sigue sin ratificar el acuerdo de la OMC contra los subsidios a la pesca. “Es extraño que no lo haya ratificado, es uno de los países que más sufre el impacto de la flota subsidiada China”, dijo Schvartzman a Infobae.

La Argentina tampoco adhirió al Acuerdo “Biodiversidad Más Allá de Jurisdicciones Nacionales” (conocido como BBNJ, por su sigla en inglés) alcanzado en junio pasado por las Naciones Unidas (ONU), al que ya adhirieron países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Brasil, Chile e incluso Bolivia, que no tiene costa marítima. “Argentina no lo ratificó, pese a haber sido uno de los impulsores junto a Brasil en la Cumbre Río+20 (celebrada en 2012, vigésimo aniversario de la “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992), notó Schvartzman.

Chile no solo adhirió; también propuso a Valparaíso como sede internacional del Acuerdo para preservar la biodiversidad marina. “Argentina se cayó del mapa en temas marinos; está en los rincones de las salas de negociación, perdió completo protagonismo, con las consecuencias ambientales, económicas, geopolíticas para nuestro país”, concluyó Schvartzman.

El “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2022″ de la FAO destaca que en siglo XXI ambas actividades serán “esenciales” para la seguridad alimentaria global y precisa que según la última compilación anual la producción mundial de animales acuáticos se estimó en 178 millones de toneladas, con 90 millones de toneladas (51%) por pesca de captura y 88 millones (49%) por acuicultura.

El consumo mundial de pescado promedia los 20,5 kilos por habitante, contra 5 a 6 kilos anuales en la Argentina, pese a que el país ocupa el puesto 21 en la producción pesquera mundial sobre 225 países involucrados de una forma u otra en el comercio pesquero.

El 90 % de la pesca marina argentina se exporta y el 70% de la exportación involucra dos especies: langostino (entero y colas) y calamar illex, que es a su vez una especie crítica en el mantenimiento de la cadena trófica, porque de su existencia dependen muchas otras especies.

En cuanto a acuicultura, dijo Testa, “hay mucho por hacer; la industria argentina está basada principalmente en la captura de especies silvestres, mayormente marinas. Pero la acuicultura también demanda un sistema de trazabilidad en virtud de las características de la producción y sus posibles impactos”.