Una historia de déficits: solo en 6 de los últimos 62 años la Argentina tuvo superávit fiscal

En los 62 años transcurridos desde principios desde el primer día de 1961 hasta el último de 2022, los ingresos del “sector público nacional no financiero” del Estado argentino superaron su cuenta de gastos.

En otras palabras, en 56 de los 62 años, el 90,3% de los casos, el Estado nacional registró lo que los economistas llaman “déficit fiscal primario”, camino de ida a la emisión de dinero, el endeudamiento interno y externo y, por acumulación, a inflación, devaluación, inestabilidad macroeconómica y diferentes formas de incumplimiento (default) de los compromisos del Estado, que por derrame generan rupturas de contrato, quiebre en las cadenas de pago y desorganización general de la economía.

Tal es una de las constataciones de un informe sobre las “bondades del equilibrio fiscal” del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), que a fines de septiembre presentó también una propuesta para salir del “infierno impositivo”, mediante una propuesta para pasar de más de 150 tributos existentes actualmente en todo el país a nivel nacional, provincial y municipal, a poco más de 10 dentro de un sistema más simple, que reduzca la presión fiscal, elimine distorsiones y aumente la progresividad impositiva.

Uno de los objetivos de la participación del Estado en la economía es proveer estabilidad a las variables macroeconómicas, en especial a los ingresos de la sociedad, los precios y el nivel de empleo, mediante instrumentos como política tributaria y el gasto público en la prestación de bienes y servicios. Eso requiere que el Estado sea capaz de acotar la amplitud de las fluctuaciones económicas y estabilizar la prestación de bienes y servicios como salud, educación, seguridad, justicia, independientemente de las contingencias económicas de corto plazo.

Para lograr esa estabilización macro de la economía y de sus propias cuentas, el Estado puede valerse de sus propios ahorros. “Si no se aprovechan los períodos de auge para ahorrar, los Estados quedan sumamente expuestos cuando el ciclo se revierte, en cuyo caso deben acudir a los mercados de crédito bajo una condición fiscal débil. Y cuando la solvencia fiscal se ha deteriorado más allá de lo razonable, las administraciones corren el riesgo de llegar a una crisis sin capacidad de endeudamiento voluntario (cuando más lo necesitan), lo cual las obliga a reemplazar esta fuente de financiamiento por otras menos ortodoxas y deseables”, dice el trabajo.

Sin embargo, subraya, en 62 años nunca se ahorró genuinamente para enfrentar momentos de crisis y mantener constante la provisión de bienes públicos. Para eso, sugiere crear “fondos estabilizadores” que constriñan a las administraciones públicas a acumular recursos en las fases expansivas y permitan disponerlos en los períodos de crisis, logrando así lo que llama “equilibrio fiscal intertemporal”,

“Las bondades del equilibrio fiscal sostenible pueden entenderse a partir de los efectos negativos que genera sobre el funcionamiento de la economía la existencia de déficits fiscales permanentes”, dice el trabajo y enumera las ventajas derivadas de la buena conducta fiscal, a saber:

-Política monetaria autónoma: Tener equilibrio fiscal promueve la autonomía de la política monetaria, que ya no debe realizarse en función del financiamiento del déficit. “El equilibrio fiscal implicar eliminar el impuesto inflacionario que se genera cuando el déficit fiscal se financia con la emisión de moneda. Este impuesto no legislado es uno de los más regresivos de los impuestos, penalizando a las personas de menores ingresos de la sociedad”, dice el trabajo.

Mercado de crédito sin presiones: El equilibrio fiscal libera al mercado financiero y le permite especializarse en el financiamiento al sector privado, potenciando la actividad económica y la creación de empleo. El déficit fiscal incrementa la presión del Estado sobre la disponibilidad del ahorro. Si los agentes que ahorran prestan cada vez en mayor medida al Estado, el crédito a privados se ve desplazado y el costo del crédito aumenta, dice el trabajo. Las empresas más perjudicadas son las que más dependen del crédito interno, que son en general son las pymes. “Tanto los costos de capital de la deuda como de los fondos propios están influenciados por la rentabilidad que ofrece la deuda pública. A mayor déficit mayor es la rentabilidad ofrecida por el Estado, penalizando los proyectos de inversión y al consumo de bienes durables”, explica el Iaraf.

-Impuestos lógicos y previsibles: El equilibrio fiscal baja el riesgo de subas de impuestos y pérdidas de rentabilidad y una carga tributaria previsible facilita decisiones que implican hundir capital a largo plazo. “Un Estado deficitario aumenta la carga tributaria. Si se recurre a impuestos distorsivos se tienen dos efectos importantes: más impuestos y más distorsiones sobre las decisiones de los agentes económicos; disminuye la rentabilidad privada y se agudiza una ineficiente asignación de recursos. Si la carga tributaria se hace muy elevada, aparecen incentivos a la evasión tributaria, lo que termina generando una mayor ineficiencia en la asignación de los recursos”, explica el trabajo. En ese contexto, prosigue, crece la informalidad, “generando el riesgo de ingresar a un proceso donde se hace necesario aumentar más la carga sobre los agentes económicos formales, pues la informalidad crece progresivamente”.

-Bajo endeudamiento público: El déficit público financiado con deuda, en especial si el crecimiento es insuficiente para reducir la proporción de la deuda pública sobre el PIB, es una fuente de incertidumbre sobre el futuro de la economía. Esa incertidumbre a su turno, afecta a los sectores que compiten con exportaciones y con importaciones y por presión competitiva no pueden trasladar fácilmente las subas de impuestos a sus precios. De ese modo, dice el trabajo, una alta deuda pública pone en riesgo la capacidad de pago de los sectores competitivos. Y si el propio Estado incurre en default genera altos costos de reputación, impactando negativamente en inversiones, contratos de compras de bienes y servicios, contratos de venta de bienes y servicios a agentes económicos del país, entre los más visibles.