Potenciar Trabajo: cómo será el programa de inserción laboral que reemplazará los planes actuales

El Gobierno oficializó el inicio del nuevo Programa de Inserción Laboral (PIL), que tendrá como objetivo promover la contratación de trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad. El nuevo sistema, que remplazará a Potenciar Trabajo, contemplará incentivos para las empresas y una serie de derechos y obligaciones para los trabajadores.

Para entender el alcance de la medida, es conveniente analizar las dos partes por separado. Por el lado de los desocupados, estarán alcanzadas todas las personas mayores de 18 años que no tienen empleo y pertenecen a programas nacionales otorgados por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

También estarán alcanzados los titulares de programas de Respaldo a Estudiantes de Argentina (beca Progresar) y los titulares del Seguro por Desempleo. La inclusión dentro del PIL será automática desde el 1 de enero de 2024 para los titulares de los programa sociales y adherentes a Potenciar Trabajo.

Por el lado de las empresas, se exigirá a las interesadas en participar que no figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y que la nueva contratación incremente la dotación de trabajadores/as de la empresa respecto a la dotación promedio del periodo 2021.

Como se mencionó, el objetivo del PIL es lograr que las empresas contraten a las personas que son titulares de programas sociales otorgados por el Gobierno. Para ello, el Estado nacional brindará una serie de beneficios a las empresas empleadoras.

Las empresas que adhieran al Programa de Inserción Laboral, podrán acceder para esas nuevas contrataciones a la reducción de las contribuciones patronales estipuladas por el Decreto 551/22, siempre que cumplan con los requisitos de participación.

Adicionalmente, las firmas recibirán un beneficio económico de parte del Gobierno. El aporte variará según la dotación de personal de la empresa, la jornada de contratación y el género del trabajador.

Las empresas deberán completar la diferencia para alcanzar el salario que corresponda de acuerdo al Convenio Colectivo de cada rubro.

De acuerdo a lo reglamentado por el Gobierno, los trabajadores recibirán una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) que las empresas podrán descontar del salario que les corresponde abonar de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo. Para ello, deberán cumplir con una serie de obligaciones.

Por un lado, tendrán capacitación laboral obligatoria, que deberán tomar por un período mínimo de doce meses.

Además, tendrán que inscribirse en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, según la que corresponda en cada caso.

Por último, los titulares del programa tendrán que acceder a los controles de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas.

No sólo los trabajadores y las empresas serán alcanzadas por las obligaciones del nuevo programa. También el Gobierno deberá cumplir con su parte para que el sistema funcione. Según se estableció en el Decreto 565/2023 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pasará a estar a cargo del programa de capacitación laboral que buscará que las personas que se desempeñen en el ámbito de la Economía Popular sean incluidos en el sistema formal de trabajo.

Además, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán promover en conjunto políticas y programas de capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo.

En el mismo sentido, tendrán que desarrollar actividades socio-productivas, socio-laborales o socio-comunitarias que serán auditadas por la Unidad Productiva que se creará con el fin de garantizar su cumplimiento. Además, estarán encargados de la transferencia de créditos presupuestarios, bienes y dotación de personal que sean necesarios para que el programa sea implementado.