Aunque políticamente difícil de medir, al menos una parte de la contundente victoria del reelecto gobernador bonaerense Axel Kicillof en las elecciones del 22 de octubre se vio facilitada por el privilegio que tuvo en el envío de fondos federales.
Esa preferencia se observa sobre todo en las llamadas “transferencias discrecionales” que, a diferencia de los fondos de asignación automática, cuyo reparto es normado por la ley de coparticipación federal, se basa en criterios políticos que, aún más en tiempos electorales, reposan sobre afinidades partidarias.
Además, en el mes previo a las elecciones presidenciales las transferencias discrecionales tuvieron un crecimiento récord, de nada menos 213% en términos nominales, 75 puntos porcentuales por encima del 138% que en los doce meses previos había acumulado la inflación. Además, fue la segunda suba real consecutiva importante en lo que va del año.
Elecciones y elegidos
“El incremento real se explica básicamente por la fuerte suba de los fondos adicionales para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), los fondos electorales adicionales a la Provincia de Buenos Aires girados vía obligaciones a cargo del Tesoro ($80.000 millones) y el pago al Funcionamiento de Hospitales”, destacó un reciente informe de la consultora Aerarium, especializada en el seguimiento del manejo de fondos federales y encabezada por Guillermo Giussi y Paulino Caballero, quienes se desempeñaron en el área de relaciones fiscales con las provincias durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los datos de septiembre determinaron que el distrito gobernado por Kicillof reciba en el trimestre previo a las elecciones el 43,2% de las transferencias discrecionales, casi un punto porcentual más que su porción previa, por $429.341 millones.
El aumento nominal en los envíos a la Provincia se explica por la Anses, que financió el déficit de la caja previsional por $51.209 millones ($42.916 millones más que a septiembre de 2022), el Fondo de Incentivo Docente ($60.649 millones más que a septiembre de 2022) y la asistencia financiera de la Secretaría de Hacienda mediante el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF), por $80.366 millones, precisa el informe.
El 43,2% al distrito bonaerense empequeñece incluso a los distritos que le siguen en importancia, como CABA, Chaco y Santa Fe, que recibieron entre 6,6% y 4,5%, respectivamente
El gráfico de arriba muestra el muy desigual reparto de los fondos “políticos”, en que el 43,2% al distrito bonaerense empequeñece incluso a los distritos que le siguen en importancia, como CABA, Chaco y Santa Fe, que recibieron entre 6,6% y 4,5%, mientras que en el extremo opuesto, con casi nula recepción, quedaron Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy, todas provincias en que ya se había elegido el nuevo gobierno provincial.
La previa
Otra constatación del timing político del reparto se observa en el hecho de que en el tercer trimestre del año los giros para obras en los distritos del interior aumentaron 169% en términos nominales y 25% en términos reales y el nivel de ejecución fue 77% superior al de igual período del año previo.
“En efecto, se asignaron $227.600 millones para transferencias de capital frente a los $128.744 millones transferidos en 2022″, agrega el reporte privado. Tres de cada cuatro pesos de esos fondos se canalizaron a través de los Ministerio de Educación, Obras Públicas y Hábitat y Vivienda, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Nación (Enohsa).
El administrador general de Vialidad Nacional es el militante peronista Gustavo Arrieta, esposo de Marisa Fassi, intendente de la localidad bonaerense de Cañuelas y vicepresidente primera del Congreso Nacional del PJ, y el Enohsa está a cargo de Néstor Fabián Álvarez, quien fue jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires durante el primer gobierno provincial de Daniel Scioli.
Naturalmente, las provincias que más fondos recibieron para obras públicas fueron Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Como “furgón de cola”, destaca el informe, quedaron Chubut, Tierra del Fuego, Jujuy y Córdoba.
Las provincias que más fondos recibieron para obras públicas fueron Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero y Formosa
Similares niveles de discrecionalidad se dieron en el reparto de los llamados “Adelantos del Tesoro Nacional” (ATN), a cargo del Ministerio del Interior, que en el mes previo a las elecciones giró $12.925 millones, que fueron íntegramente distribuidos a provincias oficialistas, comenzando por el derrotado gobierno de Jorge Capitanich en el Chaco, que recibió $1.380 millones, bien por encima de los distritos que le siguieron en la Asignación: San Juan con $950 millones y Tucumán, con $910 millones.
Pero aunque en septiembre no recibió ATN, un renglón menor del reparto federal, en el acumulado de 9 meses la provincia de Buenos Aires lleva recibidos $9.474 millones, equivalente a 21,5% del total girado, seguida por Chaco (7,5%), Santa Fe (7,4%), Tucumán y La Rioja (6,4% cada una).
Los distritos que menos ATN recibieron fueron la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA, 0%), Jujuy (0,5%), Corrientes (0,5) y Mendoza (0,7%), todos distritos opositores, que recibieron en total 1,7%, contra el más de 15% de la población que representan del país, según los datos del Censo 2022.
El sesgo político del reparto de las “transferencias discrecionales” no es nuevo: se verificó a lo largo de los últimos 4 años. Tomando los acumulados enero-agosto, un informe del Ieral precisó que para ese período el aumento real de fondos al conjunto de las provincias fue de 1,5% en términos reales, pero con brutales diferencias: los envíos al gobierno de Kicillof aumentaron 131%, salto solo superado por los envíos a San Luis (196%). Los otros distritos que superaron el promedio fueron Santa Cruz (53,3%), Chaco (30,8%) y La Rioja (17%). Los 19 distritos restantes registraron variaciones negativas.
Casi tan revelador como enumerar los distritos más favorecidos es señalar los más perjudicados: Córdoba (-75,5%), Jujuy (-58,8%), San Juan (-56,3%), Mendoza (-54,3%) y Neuquén (-44,1 por ciento).
“Fines políticos”
“Esta gestión de gobierno viene utilizando los fondos mayoritariamente con fines políticos para asistir a las provincias oficialistas, ya que estás poseen excedentes financieros que no justificaron una asistencia de emergencia del fondo de ATN (creado para tal fin por la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos)”, dice el informe de Aerarium.
Otro renglón del reparto de fondos federales es el financiamiento de la ANSeS a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. En los primeros 9 meses del año esos giros sumaron $91.860 millones, de los cuales Buenos Aires recibió $51.209 millones (55,7% del total), seguida por Córdoba (10,5%), Chaco (7%), Entre Ríos (6%) y Santa Cruz (4,4 por ciento).
El dato más notable de las cajas jubilatorias de las provincias, sin embargo, es que el déficit del conjunto de las no transferidas a la Nación aumentó en promedio un 56%, mientras que el de la caja bonaerense aumentó 273%, bien por encima de las otras provincias que más vieron crecer su rojo previsional, La Pampa (104%) y Santa Cruz (93 por ciento).
El déficit del conjunto de las no transferidas a la Nación aumentó en promedio un 56%, mientras que el de la caja bonaerense aumentó 273 por ciento
Vale consignar, de todos modos, que el grueso del reparto de fondos de Nación a Provincias se explica por las llamadas “transferencias automáticas”, que en septiembre crecieron 137,2% nominal, en línea con la inflación interanual. El volumen de fondos del mes alcanzó así un volumen record de $1,42 billones.
Aquí, a contramano de los envíos discrecionales, el mayor crecimiento interanual fue el de fondos enviados a CABA (141,6%) y el menor el de los girados a la provincia de Buenos Aires (133,6%), aunque estas variaciones se explican en mayor medida por el conflicto que mantiene CABA con Nación.
Según el informe de la consultora Aerarium, desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la restitución de fondos al distrito porteño, CABA habría dejado de percibir $170.000 millones.