Los precios de los bienes y servicios en la Argentina llegan a las elecciones con un alto nivel de distorsión. Hasta los de los bienes transables, que deberían seguir al tipo de cambio oficial, pero que ante la escasez de divisas en muchos casos ya miran al dólar paralelo.
En el escenario actual, con un altísimo nivel de incertidumbre, sin reservas en el Banco Central, una brecha cambiaria que trepa al 170%, y controles de precios en algunos rubros, los precios relativos se encuentran completamente alterados y sin rumbo. Los distintos sectores están a la espera del resultado de este domingo y las definiciones que el gobierno tome a partir del lunes para comenzar a entender cómo será el proceso de reacomodamiento de precios que deberá darse en simultáneo a un plan para bajar la inflación.
Algunas actividades llegan a los comicios presidenciales con importantes atrasos por estar reguladas o por estar atadas a acuerdos de precios impuestos por el Gobierno, mientras que otros aceleraron los ajustes ya no en función del tipo de cambio oficial, que tiene un importante rezago y que es prácticamente insostenible, sino más bien de los dólares paralelos, que llegaron a los $1.000 en las últimas semanas. Hoy el CCL se consigue a poco más de ese precio, mientras que el blue también había llegado hasta ahí pero luego bajó a 900 pesos.
Federico Moll, de la consultora Ecolatina, lo graficó de esta manera: “El tipo de cambio oficial está muy atrasado, lo cual implicaría que los bienes transables están muy baratos. Pero en la Argentina de hoy eso no es tan así, porque cada vez más las empresas empiezan a mirar el dólar paralelo como guía para los bienes transables. Entonces este mundo empieza a dividirse. Los alimentos y otros productos de consumo masivo, que tienen un nivel de control muy fuerte, se empiezan a atrasar, al mismo tiempo que los bienes durables muestran un precio que incluso en dólares es muy alto”. Entonces, continuó el economista, “ya no alcanza la definición de transable o no para pensar en la evolución futura de los precios relativas, sino que lo que hay mirar es cada categoría”.
Un reciente informe de la consultora LCG marcaba que cerca del 40% de la canasta del IPC tiene los precios reprimidos debido al programa Precios Justos, ya sea por el tope de aumento, como es el caso del consumo masivo en el canal moderno (grandes cadenas), que no puede subir más de 5% mensual, o por el congelamiento acordado, en la mayoría de los casos, hasta fines de octubre. Por ejemplo, medicamentos, gas y electricidad, combustibles, prepagas y transporte público. En el caso de los útiles escolares, el congelamiento estaba pactado hasta fines de septiembre pero fue prorrogado, y el freno a los aumentos en las prepagas es hasta el 30 de noviembre, pero sólo para aquellas familias que cumplan con el tope de ingresos de $2 millones.
“Los precios llegan a las elecciones sin norte. Hay freno de ventas por falta de precios de referencia y sin valor de reposición; y a la espera de lo que suceda en las elecciones, con expectativas de mayor devaluación”, enfatizó, por su parte, la responsable sectorial de la consultora Abeceb, Natacha Izquierdo. Para ella, los desafíos hacia adelante tienen que ver con que “se complejiza la desinflación debido a que el país se encuentra con los precios relativos más distorsionados de la historia y un alto deterioro secular de los indicadores sociales y laborales, que reduce el margen de tolerancia social y reformas”.
La distorsión de precios no sólo se da entre sectores, sino también al interior de una misma actividad. En el caso de los alimentos, es bien claro el panorama. Mientras que por los controles oficiales los precios en las grandes cadenas se encuentran contenidos, en el canal tradicional (autoservicios y almacenes) corren de la mano de la inflación. Y también sucede que un mismo producto tiene precios diferentes entre supermercados de un mismo canal, por ejemplo dos comercios de barrio ubicados a cuadras de distancia.
“Las muestras del agotamiento del modelo económico de la tríada Guzmán/Batakis/Massa se acumulan mientras nos acercamos a las elecciones. Entre ellas, las más palpable es la tremenda distorsión de precios relativos. Por ejemplo, el agua envasada aumentó entre diciembre de 2019 y septiembre de 2023 casi un 380% mientras que el kilo de pan aumentó un 800% en el mismo periodo. Las diferencias se amplifican cuando comparamos rubros como prendas de vestir (el que más aumentó en el IPC) contra comunicaciones (el que menos aumentó”, señaló el estratega Jefe para América Latina de la consultora Numera Analytics, Federico Fillipini.
El economista remarcó que estas distorsiones de precios relativos “agravan la incipiente recesión económica y solucionarlo será muy costoso”.
“Típicamente, los procesos desinflacionarios están asociados a una desaceleración de la economía, aunque hay excepciones a esta regla, como el caso de los programas de estabilización de Chile, Israel y Perú de principios de los ‘90, pero el secreto de estos casos fue fortalecer la confianza de los programas otorgándole mayor independencia a los bancos centrales”, aclaró Fillipini, al agregar que “sin confianza, cualquier medida de política económica puede perjudicar al país”. Y puso el ejemplo de la devaluación pos PASO, que provocó una duplicación de la inflación y no se resolvió ningún problema.
En este contexto, el mercado está a la espera de una nueva devaluación a partir del lunes, tras el resultado electoral, a pesar de que el Gobierno la descartó. Un salto del tipo de cambio en este escenario podría ser uno de esos eventos que gatillen una hiperinflación, enfatizó Fillipini, quien al mismo tiempo consideró que, su juicio, podría sostenerse el dólar oficial en los niveles actuales, pero a costa de más recesión, desbalance macroeconómico y más brecha cambiaria, lo que aceleraría la inflación hasta fin de año. En algún momento, el nuevo gobierno deberá empezar a reacomodar los atrasos en los precios relativos para luego poder pensar en estabilizarlos, coinciden en el mercado.