El Gobierno anunció que pondrá en marcha un esquema de “renuncia voluntaria” a los subsidios al transporte, para que los usuarios del sistema público de trenes y colectivos paguen la tarifa plena si consideran que no necesitan subvenciones del Estado. Lo anunció este lunes el ministro de Transporte Diego Giuliano y sería implementado a lo largo de esta semana. El boleto de colectivo, sin subsidio, costaría $700 y el de tren, unos $1.100.
El Poder Ejecutivo oficializará esa medida este martes en el Boletín Oficial. Se trata de un registro para que usuarios de transporte que utilicen la tarjeta SUBE puedan renunciar a contar con el subsidio. La medida solo tendrá como alcance el sistema de transporte público que forma parte de la jurisdicción nacional, es decir líneas de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Hay, en paralelo, un condimento político en el anuncio. El ministro Giuliano aseguró que la cuestión de los subsidios forma parte de la discusión de campaña. “Nosotros somos partícipes de informar, de dejarle claro a la sociedad cómo son las cosas. Hay intereses sociales en juego”, mencionó el funcionario. “Quien va a decidir por opciones que van a eliminar los subsidios, deberían optar por renunciar a los subsidios”, advirtió.
Según estimaron fuentes oficiales, un boleto mínimo de colectivo en el AMBA sin ningún subsidio costaría unos 435 pesos y el rango de precios iría hasta los 700 pesos. En el sistema público que depende del Ministerio de Transporte nacional -entre colectivos y trenes- circulan diariamente unos 5 millones de pasajeros. Para mantener el subsidio como en la actualidad no será necesario hacer ningún trámite, indicaron desde Gobierno.
Una vez que oficialice la medida, el Gobierno invitará a las provincias a que implementen un registro similar para permitir que los usuarios que quieran renunciar a su subsidio lo haga. Actualmente unas 53 jurisdicciones cuentan con el sistema SUBE, por lo que podrían incluirse en el sistema de renuncia voluntaria que implemente la Nación. Se trata de un sistema distinto al RASE que rigió para las subvenciones a las tarifas de luz y gas, que actuaron como un registro por el cual el Estado podía discriminar, según el nivel de ingresos, a qué nivel de cobertura de subsidios correspondería cada hogar.
“La acción de registro para la renuncia al subsidio al transporte es sólo para las personas que no quieran continuar abonando una tarifa subsidiada sino pagar la tarifa correspondiente sin subsidio, o tarifa ‘plena’. En una primera etapa también se podrá solicitar pagar la tarifa plena sin subsidio a los conductores de colectivo”, indicaron desde Transporte.
La renuncia al subsidio implicará, ampliaron, la pérdida de todos los beneficios asociados a la SUBE. “Aquellas personas que optan por no continuar con el subsidio también perderán el acceso a los beneficios que tiene SUBE: Atributo Social Federal a grupos sociales con 55% de descuento en la tarifa y a la RED SUBE para quienes realizan trasbordo, en el primer viaje se paga el valor total del pasaje, en el segundo un 50% menos y a partir del tercero un 75% menos. Como así también a todos los Atributos Locales definidos por las jurisdicciones donde la tarifa se abona con SUBE”, mencionaron desde la cartera que dirige Giuliano.
Para efectivizar esa renuncia será necesario tener una tarjeta SUBE registrada a nombre propio y se deberá llenar un formulario en la página web del sistema SUBE en el que serán informados sobre los precios plenos que pasarán a pagar.
La hoja de ruta prevista de la medida prevé que desde este martes se podría “previsualizar” el formulario en la web, que se podrá completar desde el viernes 20. Desde ese día, además, habrá una instancia previa antes de la oficialización de la eliminación del subisdio: el usuario que se podrá solicitar a los choferes, al subir al colectivo, que le cobre la tarifa plena. Desde el viernes 27 el cobro sin subvenciones será automático para quienes hayan renunciado.
El ministro Giuliano aseguró que la medida no implicará que quienes permanezcan en el universo de usuarios subsidiados tengan límites o restricciones a la compra de dólares, como sí sucede para los subsidios a las tarifas eléctricas u otro tipo de asistencia estatal.
Por otra parte, el funcionario ratificó que las tarifas al transporte público que son determinadas por el Gobierno nacional continuarán congeladas hasta el 10 de diciembre y que, en caso de que el oficialismo siguiera en la administración del Poder Ejecutivo, replantearían la organización del sistema de subsidios.
Según un informe del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la parte que corresponde a transporte ($544.000 millones) explica el 20% de la cuenta de subisidios, con un crecimiento de 79,8% anual nominal entre enero y septiembre, lo que implicaría un recorte de 13% en términos reales.
“Dentro del mismo, la partida más relevante es el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) que tiene como finalidad el financiamiento de la cobertura de los subsidios al autotransporte de pasajeros y crece 109,2% anual en términos nominales (3,6% real)”, explicó ese documento.
Para la empresa pública Operador Ferroviario la cuenta de transferencias creció 75% nominal, lo que implica una caída de casi 14% real. Al excluir a Aerolíneas Argentinas de esa cuenta, la cuenta de subsidios al transporte muestra un avance nominal de 98% en los primeros nueve meses del año, lo que implicaría un recorte de 3% anual.