Recrudece la contraofensiva del Gobierno: rechaza todos los fallos de la jueza Preska en el juicio por la expropiación de YPF

En un nuevo giro del largo litigio que se lleva adelante por la expropiación de YPF en tribunales de Nueva York, el gobierno argentino, a través del estudio Sullivan & Cromwell, que actúa como su consejero legal en el caso, informó a la jueza Loretta Preska que en su apelación ante la Cámara de Apelaciones del segundo circuito neoyorquino rechaza no solo el último fallo de la magistrada, que le impuso un pago de USD 16.000 millones, sino los 5 que tomó desde que interviene en la causa.

“El gobierno no espera a la jueza y apela fallo expropiación de YPF”, escribió Sebastián Maril, de Latam Advisors, que sigue muy de cerca este litigio.

El viernes pasado, la Argentina había presentado a la jueza un pedido para que la exima de depositar una garantía de USD 16.100 millones para recurrir a la Cámara de Apelaciones, argumentando que el estado argentino no puede presentar semejante garantía, equivalente al 20% de su presupuesto anual, y que hacerlo produciría “daño irreparable a la población”, ya afectada por una alta inflación que el escrito atribuía a “una sequía sin precedentes”.

El monto surge del propio fallo, del 15 de septiembre, en que la jueza dispuso ese monto indemnizatorio. La norma es que para apelar el demandado debe depositar en el juzgado una garantía equivalente al monto del fallo, de modo de evitar que a partir de los 30 días del mismo (en este caso, a partir del próximo lunes, 16 de octubre), los demandantes puedan empezar a embargar activos del Estado argentino en el exterior.

Se espera que la jueza decida sobre el pedido argentino esta misma semana. Podría acceder o no al pedido.

Ayer, además, se confirmó la decisión argentina de apelar el resultado del litigio. Lo que no se conocia era su amplitud, retrotrayéndose hasta fallos del año 2016.

La novedad es que ahora la Argentina inició una amplia contraofensiva contra la jueza, al cuestionar los 5 fallos que interviene en el litigio. Los mismos están enumerados en la notificación a Preska y abarcan desde su primera decisión, en septiembre de 2016, otro de junio de 2020, cuando rechazó otro argentino de que la justicia argentina no era un “foro apropiado” para el litigio, uno de marzo de 2023, en que culpó a la Argentina por no respetar las leyes en el proceso por el que expropió el 51% de Repsol en YPF, uno de mayo de 2023, en el que rechazó un pedido de reconsideración de la Argentina, y finalmente el de septiembre pasado, en que fijó el monto de la indemnización exigido a la Argentina en USD 16.000 millones.

La movida argentina, a través del estudio Sullivan & Cromwell, significará un fenomenal trabajo para la Cámara de Apelaciones, explicó Maril a Infobae, porque tendrá que sopesar argumentos esgrimidos en 5 fallos, algunos de los cuales tienen que ver con la aplicación de algunas leyes argentinas interpretadas en un tribunal neoyorquino.

La apelación ante la Cámara de Apelaciones probablemente sea presentada hoy o mañana. Lo que se presentó ayer fue la notificación a la jueza del amplio pedido de apelación, que cuestiona todas las decisiones de la jueza a lo largo del litigio.

Más allá del resultado final de la movida, es probable que estire los plazos de resolución, por la carga de análisis y trabajo que impone sobre el tribunal de apelación.

Independientemente de eso, Preska debe decidir en las próximas horas si acepta o no el pedido del gobierno argentino para que lo exima de poner la garantía de USD 16.100 millones para evitar el inicio de procedimientos de embargo a raíz del fallo de septiembre. “La jueza pedir acceder o no al pedido argentino”, dijo Maril, quien destacó además que Sullivan & Cromwell, contratado hace dos años, es el quinto estudio de abogados al que la Argentina recurrió en este litigio.

La notificación a Preska de que la Argentina apelará todos sus fallos lleva al tope la firma de Robert Giuffra Jr., codirector de Sullivan & Cromwell, un reputado especialista en litigios que fue asistente de William Rehnquist, un exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, y también asistente del juez Ralph Winter en la Segunda Cámara de Apelaciones de Nueva York, precisamente el tribunal al que ahora recurrió la Argentina para cuestionar íntegramente la actuación de Preska.

“El el típico abogado litigante, de una arrogancia insoportable”, contó Maril, que pudo apreciar su accionar en uno de los capítulo de esta interminable saga judicial.

En septiembre, la jueza falló contra la Argentina y a favor de los demandantes, condenándola a pagar USD 16.000 millones porque al expropiar la compañía violó su estatuto (que obligaba a extender su oferta por la parte que expropió de Repsol a todos los accionistas de la empresa), inscripto ante la SEC, la Comisión de Bolsas y Valores de EEUU, y por lo tanto sujeto a las leyes de EEUU, sede del principal mercado de capitales del mundo, usualmente referido como “Wall Street”.

La Argentina apeló el fallo, pero según las normas de la Corte, para ejercer ese derecho y detener el proceso de embargo de activos debe depositar una garantía por un monto equivalente al fallo en proceso de apelación. Esto es, por USD 16.000 millones.

Burford Capital, el fondo que ganó el caso contra la Argentina en el tribunal de Preska, pidió a la jueza que autorice el embargo de activos de la República Argentina a partir del 16 de octubre, cuando expira el período de 30 días desde el fallo para iniciar acciones de ese tipo.

La Argentina se presentó ante la jueza, le pidió eximirla del depósito de la garantía y no habilitar el inicio de procedimientos de embargo, porque de hacerlo “no haría más que lanzar un período de largos e innecesarios procedimientos de identificación en EEUU, a expensas de otros acreedores”.

Además, argumentó, si la Argentina gana el juicio en apelación, los activos embargados por Burford ya estarían “dispersos por todo el mundo entre partes no identificadas”. Al respecto, señala que Burford ya vendió 38,75% de su parte en la demanda a inversores cuya identidad no ha sido revelada, por lo que “no hay ninguna certeza de que cualquier pago de la sentencia, una vez realizado, pueda ser recuperado”.

Además, la Argentina argumentó que el período de 30 días para iniciar los embargos “es mucho más corto de lo que la Corte considera razonable”, pues en general espera “varios meses” antes de autorizarlos. De hecho, en ese escrito la Argentina argumentó también el rechazo en tribunales de EUU a medidas “irrazonables” en casos que involucraban a “soberanos”.

“Preska sabe que es imposible que un país soberano deposite semejante garantía”, explicó Maril, quien consideró que una respuesta “razonable” de la jueza sería reducir la garantía al 10% del monto del fallo (esto es, a USD 1.600 millones), lo cual abriría nuevas instancias y evaluaciones sobre qué tipo de activos podría presentar la Argentina y cuáles serían las acciones posteriores posibles.