Los empresarios de IDEA se quedaron con las ganas de discutir cara a cara sobre el futuro de la Argentina con los principales candidatos a jefe de Estado, que se disputarán el mandato a la presidencia en exactamente dos semanas. Sólo participó del 59° Coloquio, realizado en Mar del Plata esta semana, la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien le dieron un espaldarazo importante, con alta presencia y aplausos. De todas formas, los directivos de la institución le hacieron llegar en las últimas horas un extenso documento en el que enumeran una veintena de propuestas sobre distintas áreas a modo de aporte del sector empresario para el próximo gobierno.
Según explican en el documento, los diagnósticos y propuestas incluidos “son una contribución realista del empresariado argentino para que el país retome un sendero de desarrollo sostenido” y provienen del trabajo de más de medio año llevado adelante por 67 CEOs en conjunto con expertos en cada temática y del diálogo con otras organizaciones y con referentes del arco político, sindical y social. Se consensuaron ideas en materia de calidad institucional, mejora de la democracia, eficacia del funcionamiento del Gobierno, empleo, planes sociales, sustentabilidad, gasto público y cómo mejorar el sistema impositivo para que atraiga más capitales.
Según planteó IDEA, una vez definida la elección, el panorama de elevada incertidumbre que se percibe hoy tampoco se habrá despejado por completo, por lo que “la agenda del próximo Gobierno tendrá desafíos múltiples, como estabilizar la macroeconomía y simultáneamente atender con reformas profundas el estancamiento de la actividad y del empleo formal privado, así como también el aumento la pobreza”.
Vulnerabilidad y polarización
“Estas políticas, a su vez, van a exigir un esfuerzo colectivo por parte de la dirigencia y de la sociedad en general, que contemple protección para los más vulnerables”, agrega el paper. Los empresarios esperan que la Argentina aproveche las oportunidades que se le presentan a nivel global en sectores comoenergía, agroindustria, economía del conocimiento, minería y turismo y remarcaron que ello requerirá abordar temas en el frente fiscal, laboral, institucional, social y ambiental.
También hicieron referencia a la polarización política y social, que ha imposibilitado acordar e implementar políticas de Estado de mediano y largo plazo, con independencia del partido o coalición que gobierne. “El adversario político suele ser visto como un enemigo a derrotar. El disenso no es tolerado en la práctica y las dificultades para canalizar institucionalmente las diferencias suelen ser la evidencia más concreta de esa falta de cultura política que no permite la sana convivencia que pregona el preámbulo de la Constitución Nacional”, enfatizó el documento que la entidad entregará a las distintas fuerzas políticas.
Las 20 propuestas de IDEA son las siguientes:
1- Mejorar sustancialmente la cultura política democrática
Según plantearon los empresarios de IDEA, el país necesita definir un modelo económico que concilie la productividad con las demandas sociales y que se sostenga más allá de los cambios de Gobierno y sus diferentes matices. “Para eso se necesita que la dirigencia acuerde una estrategia de desarrollo que se convierta en políticas de estado que perduren. Los diversos actores deben ceder algo en función de lograr la combinación equilibrada de productividad e inclusión (empresarios, sindicalismo, organizaciones sociales, partidos políticos)”, dice el documento.
2- Fortalecer las instituciones para que sean más eficaces.
“Nuestra Constitución establece una serie de normas que no se han respetado o cumplido debidamente”, recuerda IDEA. Esa circunstancia no sólo debilita a las instituciones, sino que también impide el logro de un desarrollo justo y sostenible en el tiempo. La principal es la falta de sanción de un Régimen de Coparticipación que, según la Constitución, debía realizarse antes de la finalización de 1996.
Como primera medida, los empresarios consideran que es preciso acordar y sancionar la Ley Convenio de Coparticipación entre Nación y provincias que aumente debidamente la masa coparticipable y evite la discrecionalidad en oportunidad de distribuir los fondos. Además, proponen reformar la ley que regula el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la delegación de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo de la Nación (PEN). Al respecto, se propone modificar la Ley reglamentaria 26.122 a los efectos de que se establezca que el DNU perderá vigencia si no es aprobado expresamente por ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de su dictado por el PEN.
En tercer lugar, proponen el fortalecimiento del principio de independencia del Poder Judicial y muy especialmente de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación.
3- Mejorar la eficacia del funcionamiento del Gobierno
Sobre este punto, las propuestas del empresariado apuntan que avanzar hacia una reforma de la administración pública que apunte a la constitución de un segmento de directivos públicos estable y meritocrático, que debería respaldarse en un amplio y plural acuerdo político. De acuerdo con un relevamiento realizado por IDEA entre empresarios, más del 60% cree que fortalecer la independencia del sistema judicial y establecer un proceso de selección basado en el mérito para los funcionarios públicos podría contribuir a mejorar el desempeño de la democracia actual.
4 - Generar condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo de los sectores de alto impacto, como la estabilidad fiscal, acceso a divisas, eliminación de las restricciones a las importaciones y reducción progresiva de los derechos de exportación.
Para IDEA, los sectores económicos mejor posicionados para liderar la explotación de las oportunidades que tiene el país son la agroindustria, la energía, la minería, la economía del conocimiento y el turismo. Estos cinco entramados productivos son interdependientes, ya que generan efectos multiplicadores tanto entre sí como en otros sectores de la economía.
5- Avanzar con ciertos ajustes regulatorios específicos de cada sector (propuestas para cada uno de los sectores). En este caso, los empresarios hicieron varias propuestas para cada uno de los sectores mencionados.
Los empresarios también trabajaron en propuestas en materia de empleo. Tal como repasaron en uno de los paneles en el coloquio, del que participó el economista Eduardo Levy Yeyayi, hoy sólo el 30% de la fuerza laboral ocupada privada tiene un empleo formaly casi 8 millones de los trabajadores son informales (asalariados e independientes), bien por arriba de los 6,3 millones de empleados formales privados. Con el fin de ayudar a revertir este escenario y crear más empleo registrado, los empresarios proponen:
6- Modificar el esquema de multas laborales para contar con mayor previsibilidad y razonabilidad, con valores fijos y topes.
7 - Modificar el esquema de capitalización de intereses en los juicios laborales. La base de cálculo actual dispone que los intereses se capitalizan desde la notificación de la demanda y, anualmente, hasta el pago del juicio.
8- Generar incentivos a la contratación a partir de la extensión del período de prueba a seis meses y la consolidación de un régimen simplificado de emergencia que implique una reducción o eliminación en las contribuciones de las empresas, junto con un sistema de registración y rectificación
En el marco actual, consigna el documento, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no permite la extensión del período de prueba a seis meses. Para lograrlo, se requiere de una adaptación del art. 92 bis de la Ley. A su vez, es fundamental que se abra un período de regularización de relaciones laborales, sobre todo para pymes y micropymes, que conlleven la aplicación del denominado tapón fiscal, pero con extensión en materia laboral y previsional, eximiendo del pago de cargas por períodos anteriores, como así de la aplicación de multas y/o agravantes por incumplimientos previos, por parte del empleador.
9-Actualizar los convenios colectivos de trabajo (CCT)
Se propone reformar la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250 y modificatorios) para incentivar la actualización de los convenios colectivos de trabajo, habilitando la opción de negociar a nivel de empresa. En este sentido, cuando existan convenios particulares (de empresa) se busca promover su prevalencia por sobre los generales (de actividad).
10- Confeccionar un registro único y público de beneficiarios de programas sociales
Los propósitos son mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema. El objetivo es avanzar hacia la transparencia en el registro, que permita una gestión ágil de altas y bajas del programa. Además, es fundamental que el mismo contemple al núcleo familiar en su totalidad para evitar asignaciones duplicadas o que no correspondan. También es necesario para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, evitar la superposición entre planes nacionales, provinciales y municipales. Al mismo tiempo, se busca lograr mayor equidad y desintermediación en la asignación de los planes. Se propone en este sentido la existencia de un solo organismo encargado de la transferencia directa al beneficiario.
11- Mejorar el programa de Puente al Empleo
Este programa apunta a beneficiarios de programa de Inserción Laboral, Acompañar, Potenciar Trabajo, Jóvenes y Mipymes y Fomentar Empleo. El objetivo es transformarlos en trabajo registrado de calidad y promover la inclusión social económica plena de estas personas. Para lograrlo, el programa plantea una serie de beneficios para las empresas, entre ellos, la posibilidad de imputar a cuenta del pago del salario el dinero que la persona trabajadora cobra por el programa social y una reducción de las contribuciones por un período de hasta 12 meses.
Pero los empresarios creen que hay mejoras que podrían hacerse; entre ellas, la extensión del período de prueba a 6 meses, como ya se mencionó, y posibilitar conservar el plan social en caso de extinción de la relación laboral durante el plazo de un año luego de finalizado el período de prueba. Además, también proponen capacitación.
12- Incentivar la implementación de programas de Primer Empleo
13- Promover la transición hacia modelos de negocios sostenibles
“Considerando los desafíos y oportunidades que se presentan, en IDEA tenemos como objetivo promover y motivar a las compañías a iniciar la transición hacia modelos de negocios sostenibles. Y un componente crucial para iniciar esta transformación es que las empresas realicen la medición de su huella de carbono”, dice el documento.
El objetivo de la medición es conocer cuáles son las mayores fuentes de emisiones en la cadena de valor de las compañías y qué elementos del negocio están o podrían estar en riesgo (por ejemplo, cadena de suministro, productos y actividades). El segundo paso es desarrollar una estrategia climática de la empresa centrada en el clima que permita abordar los riesgos físicos y de transición, así como las oportunidades que genera.
14- Fomentar la implementación de mesas sectoriales
“En IDEA, promovemos que más empresas adopten modelos de producción sostenibles, comenzando con la medición de su huella ambiental. También reconocemos que la acción climática implica más regulaciones, por lo que abogamos por la colaboración entre empresas y actores gubernamentales para crear hojas de ruta de descarbonización adaptadas a cada sector productivo”, sostiene el paper enviado a los candidatos.
15- Reordenar el sistema previsional de manera equitativa y sostenible
Según el documento empresario, la dinámica demográfica marca que, de no modificarse el sistema previsional en forma integral, en pocos años su gasto asociado y el déficit aumentarán exponencialmente. Por eso, la reestructuración del debe realizarse de una sola vez y de manera contundente. En este sentido, junto al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) IDEA plantea que este cambio debe contemplar, en primer lugar, las vías de acceso al sistema.
Por eso, proponemos eliminar el requisito de años mínimos de aportes (que hoy encuentra la condición de 30 años) y unificar el acceso al régimen general y a pensiones no contributivas, terminando así con las distorsiones originadas por las moratorias. En segundo lugar, consideramos necesaria la revisión de los subregímenes diferenciales y especiales.
Además, proponen modificar la fórmula del cálculo de haberes del régimen general. Ésta pasaría a conformarse por un componente fijo y universal (equivalente al 80% del haber mínimo) y un componente variable y contributivo (un coeficiente 1,3% multiplicado por año aportado y por el sueldo promedio histórico). Al mismo tiempo, planteamos como necesario la discusión de la fórmula de movilidad previsional, contemplando ajustes que la vuelvan contra cíclica a los vaivenes económicos y protejan el poder de compra de los jubilados.
16- Racionalizar y reducir los subsidios energéticos
En este caso la propuesta es reducir y eficientizar la implementación de subsidios. A modo de ejemplo, se podría avanzar en la segmentación de dos categorías de consumidores según sus niveles de ingreso: los de mayores ingresos, que concentraría a un componente mayoritario de los usuarios, y donde se avanzaría a la tarifa plena generalizada de energía eléctrica y gas; y los sectores de menos ingresos, que continuarían con tarifa social con incremento progresivo y significativo tanto en energía eléctrica como en gas natural.
17- Eficientizar el desempeño de las empresas públicas
Las propuestas contemplan dos dimensiones, según el documento. Por un lado, buscando mejorar el desempeño económico, operando con presupuestos equilibrados y eliminando las asistencias financieras del Tesoro para cubrir déficits operativos. A la par, es necesario que las empresas públicas se desempeñen en un marco de competencia para no atentar contra la capacidad de empresas del sector privado. Por último, planteamos la creación de un holding administrador de las empresas de propiedad estatal que dejen de lado la dependencia directa de los ministerios para pasar a Jefatura de Gabinete.
18- Simplificar el sistema impositivo y mejorar la competitividad de las empresas
“La pérdida de competitividad que genera el entramado tributario en los bienes y servicios que se producen en nuestra economía implica una fuerte caída en la entrada de divisas respecto a su potencial y bienes más caros para toda la sociedad”, afirma IDEA, que propuso la eliminación de varios tributos y la modificación de otros.
En el caso de Ingresos Brutos, se propone eliminar el encadenamiento del impuesto; en cuanto al de débitos y créditos, los empresarios consideran necesaria su eliminación total, ya que atenta contra la formalización de la economía y genera altos incentivos a operar por fuera del sistema bancario. En materia de retenciones, como medida inicial y rápida, proponen eliminarlas para el incremental de las exportaciones, con el fin de fomentar el crecimiento de bienes y servicios exportados y, por ende, la entrada de divisas al país.
Otra de las propuestas de IDEA es la necesidad de limitar el crecimiento de las tasas municipales. Y con el fin de fomentar la inversión de las compañías, proponen la amortización acelerada de los bienes que permitan reducir los costos de hacer nuevas inversiones que mejoren la capacidad productiva y por ende su competitividad.
19- Ampliar la base tributaria a través del combate a la evasión impositiva
Entre las propuestas para disminuir la evasión, los empresarios sugieren generar vehículos tributarios innovadores que eviten el enanismo fiscal. Por ejemplo, “es necesario incentivar el crecimiento de la facturación de los monotributistas sin que ello les signifique un salto al régimen de responsable inscripto; ponerle límites al uso de efectivo y potenciar los pagos con medios digitales que han evidenciado un importante crecimiento y buena aceptación por parte de los usuarios”, dice el documento.
Por otra parte, para que más comercios se continúen sumando al sistema, se propone reducir los regímenes de retenciones que desalientan a permanecer en los sistemas formales. Otra propuesta es transparentar el pago de los impuestos en distintos bienes donde los consumidores se vean afectados. Por ejemplo, modificar el artículo Nº 39 la Ley 23.349 que no permite la desagregación del IVA en las facturas.
20- Nueva Ley federal de coparticipación de impuestos