Escándalo en la City: el Gobierno denunció un esquema que usó contribuyentes sin poder adquisitivo para operar dólares financieros

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer una comunicación oficial a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que revela hallazgos relacionados con contribuyentes con CUIT inactivos o que no fueron localizados en sus supuestos domicilios. Estos 857 contribuyentes, aseguran fuentes oficiales, llevaron a cabo operaciones por un monto total de $475.000.000 y realizaron retiros de Dólar MEP por un total de USD 650.000 sin tener ingresos consecuentes con esos movimientos.

La razón detrás de la inactivación de la CUIT de estos contribuyentes se basa en una serie de inconsistencias detectadas por AFIP. Entre las razones citadas se encuentran la inclusión en la base “eAPOC” , la falta de solicitud de alta en impuestos y/o regímenes, la ausencia de presentaciones de declaraciones juradas, o la presentación de estas sin ventas, ingresos ni empleados declarados.

Lo que resulta especialmente llamativo en este informe es la presencia de contribuyentes incluidos en la base eAPOC o relacionados con “facturas truchas” -término comúnmente utilizado para describir documentos que presentan inconsistencias significativas con respecto a su capacidad operativa, económica y/o financiera. Estas discrepancias difieren notablemente de lo que consta en declaraciones juradas y los comprobantes respaldatorios emitidos.

Además, AFIP aseguró haber identificado operaciones de compra de bonos por un total de $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Estos contribuyentes tampoco efectuaron el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE), lo que ha llevado a la iniciación de un proceso de fiscalización en su contra.

En respuesta a estos hallazgos, AFIP inició fiscalizaciones a todos los contribuyentes mencionados con el fin de que proporcionen pruebas que respalden el origen de los fondos utilizados y la identidad de los verdaderos compradores en estas operaciones. Hasta el momento, se ha descubierto que muchos de los domicilios de estos contribuyentes no corresponden a personas con la capacidad económica necesaria para llevar a cabo estas transacciones.

Además de tomar medidas de fiscalización, AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) con el objetivo de prevenir el uso de actores apócrifos o personas sin capacidad económica declarada en operaciones bursátiles.

En consecuencia de estos eventos, fuentes de la CNV aseguraron estar considerando suspender la operatoria con cartera propia de una sociedad de Bolsa involucrada -de nombre Balanz, una de las más grandes del mercado porteño-, aunque no se verían afectadas la operatoria ni los fondos de sus clientes. La empresa indicó en un comunicado que “no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV”.

Sin embargo, no es un solo Alyc (agente de liquidación y compensación) el que está en la mira del Gobierno. Según revelaron fuentes de AFIP, esta mañana el organismo denunció penalmente a Juan Ignacio Abuchdid, presidente del Grupo IEB, otra de las sociedades de Bolsa investigadas por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares y bonos.

Por medio de un comunicado, IEB aseguró “siempre opera con normalidad y actuando de conformidad con las normas y regulación” dictadas por la CNV, el BCRA y la UIF. “IEB no ha cometido ninguna irregularidad en su operatoria bursátil habitual y, tanto la empresa como todos sus directivos están comprometidos con brindar soluciones financieras acordes a las necesidades de todos nuestros clientes; siempre dentro del marco regulatorio aplicable a la actividad que desarrollamos”, destacaron.

“Nuestra compañía no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV ni fue notificada de ningún procedimiento o sanción en su contra. Y estamos a disposición de todas las autoridades públicas para demostrarlo y seguir colaborando con ellas en asegurar una correcta adecuación de toda nuestra operatoria a las regulaciones aplicables”, agregaron.

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10, a cargo de Julián Ercolini, y el fiscal interviniente es Eduardo Taiano.