Con el inicio del mes de octubre, entró en efecto el “honorario médico ético mínimo”, una suerte de copago impulsado por más de 30 asociaciones médicas del país. Este nuevo esquema establece un arancel mínimo de 6.000 pesos para las consultas médicas, y cualquier diferencia entre este monto y lo que las prepagas o las obras sociales cubran deberá ser asumida por el paciente en forma de un “bono complementario no reintegrable”.
La decisión se anunció en el marco del Día de la Sanidad, en un comunicado donde las agrupaciones médicas expresaron su preocupación por la crisis que ha llevado los honorarios médicos “al nivel más bajo de la historia en el país”. Según las asociaciones, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída en los últimos años, agravada por el retraso en el pago de honorarios y la alta inflación. El nuevo “honorario médico ético mínimo” será ajustable bimestralmente según el índice inflacionario, anunciaron.
Se trata, sin embargo, de una medida unilateral de asociaciones que agrupan a profesionales y prestadores. No de una norma que cuente con el aval de todo el sistema de salud ni del Gobierno. Con lo cual, no está libre de polémicas.
El sistema de salud privado está organizado alrededor de financiadores -empresas de medicina prepaga y obras sociales- y prestadores -profesionales, centros de diagnóstico y atención, etcétera- que hace que los segundos dependan de los ingresos de los primeros y de las tarifas que se establecen para el pago de cada prestación. En medio de un contexto que las empresas de medicina prepaga definen como “desfinanciamiento total” y de un congelamiento de precios en las cuotas que cobran a sus afiliados que está vigente hasta fines de octubre estos “copagos” son un emergente del conflicto entre las partes.
Los prestadores reclaman aumentos en las tarifas que compran, los financiadores limitan esos aumentos de acuerdo a los montos de cuotas que les permite cobrar el Gobierno y el resultado es este honorario extra que algunas asociaciones buscan generalizar para sanear la brecha entre las tarifas que perciben y la marcha de la inflación.
Las empresas de medicina prepaga han respondido con cautela a esta medida. Aseguran que los copagos no están contemplados en los contratos con los médicos y que, en caso de que se cobre un extra, el paciente debe informar a la prepaga para iniciar un sistema de reintegros y posibles sanciones al médico que lo haya cobrado. Algunas empresas, como Galeno y Swiss Medical, han confirmado que realizarán el reintegro ante la presentación de la factura.
Los $6.000 por consulta funcionan como un máximo. En dónde los financiadores otorguen aumentos en las tarifas, ese monto puede reducirse. “Si lo que recibimos del sistema (obras sociales, prepagos, sanatorios, entre otros) es menor a este monto, la diferencia será cubierta por el paciente como un bono complementario no reintegrable”, señalaron. Así, por ejemplo, un aumento de $1.000 en una tarifa dada supondrá que el pedido de copago se reduzca a $5.000 por consulta.
Entre las financiadoras consideran que la iniciativa, lanzada por una treintena de organizaciones a las que se le fueron plegando nuevas hasta rondar medio centenar, no es generalizada entre los profesionales.
“Iremos viendo cómo avanza el tema hoy. Las asociaciones quieren cobrar, pero no todos los profesionales quieren hacerlo”, confiaron a Infobae desde una de ellas.
Qué deben hacer los usuarios
Si un médico cobra un extra por la consulta, los usuarios deben informar a su empresa de medicina prepaga. Este aviso activará un sistema de reintegros y podría llevar a sanciones para el médico que haya efectuado el cobro. Es importante que los usuarios estén al tanto de esta nueva medida y sepan cómo proceder en caso de enfrentar cargos adicionales.
La implementación del “honorario médico ético mínimo” marca un punto de inflexión en el debate sobre la financiación de la atención médica en Argentina, y su impacto será seguido de cerca tanto por profesionales de la salud como por usuarios del sistema.
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