Empleo, salarios, educación: por qué, para reducir la pobreza, la clave es capacitar más, no trabajar menos horas

Los datos del primer semestre difundidos por el Indec, de más de 18,6 millones de argentinos viviendo en la pobreza (de los cuales más de 4,3 millones son indigentes), y de que más del 56% de los menores de 14 años de la Argentina son pobres parecen, a la luz de los más recientes datos de inflación, un piso pronto a ser perforado de la situación socioeconómico de la Argentina.

Durante el primer semestre, la tasa de inflación promedió el 6% mensual. En el segundo todo indica que la situación social se seguirá deteriorando, pues la inflación mensual, principal motor del aumento de la pobreza por ingresos, prácticamente se duplicó.

El gobierno ha instrumentado varias medidas “compensatorias”, desde reintegros del IVA hasta bonos por “única vez” para personas y familias de ingresos bajos y la suba del mínimo no imponible de Ganancias para los empleados de más altos ingresos.

“Pobreza, informalidad y bajos salarios están estrechamente interconectados y se influyen mutuamente. Aunque todas las categorías de trabajadores perdieron poder adquisitivo desde el pico de mediados de 2017, los trabajadores del sector público y del sector privado registrado pudieron defenderse mejor. Esto contrasta con la situación de los trabajadores informales, cada vez más precaria”, dice un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea (ver gráfico, abajo).

Ante el reciente debate legislativo sobre el número de horas de trabajo, el trabajo alerta que para frenar el aumento de la pobreza es más eficaz mejorar la capacitación de las personas, para aumentar su productividad y la del conjunto de la economía, que discutir mecanismos como la reducción de la jornada laboral.

El trabajo precisa que la categoría de trabajadores cuyo número más aumentó en los últimos 10 años fue la de los monotributistas sociales: nada menos que 211 por ciento. Bajo esa modalidad de empleo, notan Laura Caullo y Joaquín Aguirre, autores del estudio, se puede acceder tanto al plan social Potenciar Trabajo, como a Titulares de Asignación Universal por Hijo y/o Tarjeta Alimentar en caso de tener a su cargo niños en las edades requeridas en los programas.

En cambio, la cantidad de trabajadores registrados en el monotributo común (régimen simplificado para pequeños contribuyentes) aumentó 37%, el número de trabajadores autónomos (principalmente, responsables inscriptos) cayó un 4% y en el sector mejor posicionado, el de “asalariados registrados”, el número de empleados públicos aumentó 23% pero el de los privados lo hizo apenas 4 por ciento.

Los asalariados privados registrados van perdiendo así peso en la estructura de ocupación e ingresos, de ser el 37,3% de los ocupados hace 10 años, son ahora el 31,7%, cediendo espacio a categorías ocupacionales de menor salario y productividad y mayor precariedad. Por caso, los asalariados privados no registrados pasaron de 23,1 a 24,8% del total de ocupados, los cuentapropistas de 18,8 a 22% y los empleados públicos de 16,5 a 17,8 por ciento.

Atacar el problema social buscando una mayor “distribución” del empleo por vía de la reducción de la jornada laboral es errar el diagnóstico, explican los autores, porque ignora “el problema de la productividad y, estrechamente vinculado, el nivel de capacitación de los trabajadores”.

Los datos al respecto son elocuentes. A nivel nacional, entre los asalariados privados no registrados hay casi el doble de trabajadores con secundario incompleto que entre los asalariados privado registrados. Además, sólo el 9% de los trabajadores informales tiene estudios superiores (terciarios, universitarios o de posgrado universitario) contra 25% de los formales privados y 45% de los públicos, aunque dentro de estos últimos debe tenerse en cuenta la altísima incidencia de trabajadores con nivel terciario del sector docente.

Sucede, prosiguen los autores, que los trabajadores informales tienen menos capacidad para cubrir sus necesidades básicas y, por lo tanto, son más propensos a vivir en la pobreza. Los empleos informales son menos estables y seguros que los formales. La inestabilidad laboral, a su vez, lleva a ingresos irregulares y a una mayor probabilidad de caer en la pobreza durante períodos de desempleo o subempleo, precariedad que se refleja en la evolución de las remuneraciones.

Un gráfico muestra que todas las categorías de trabajadores perdieron poder adquisitivo desde el pico de mediados de 2017, pero en los últimos 3 años los trabajadores del sector público y del sector privado registrado sufrieron una menor caída de su poder de compra que los trabajadores informales que –subrayan los autores- “deben resignarse ante una caída sin freno de su salario real”.

Se trata del fenómeno de los “trabajadores pobres”, un fenómeno relativamente nuevo en la Argentina que hace que a pesar de que caiga la tasa de desocupación, aumente la de pobreza. Sucede, remachan los autores, que ya casi la mitad de los trabajadores del país (47,3%), son informales. El dato surge de sumar asalariados no registrados, cuentapropistas no profesionales y trabajadores sin remuneración. En 11 provincias del país, ese grupo supera el 50% del total de ocupados, con San Juan (59,9%), Chaco (57,6) y Salta (56,8) al tope. En el extremo opuesto, los mejor ubicados son Tierra del Fuego (19,7%), Santa Cruz (22,8%) y CABA (32,4%).

La reducción de la jornada laboral, sobre lo que hay 7 proyectos distintos (5 de ellos del oficialismo) de 8 a 6 horas diarias va a contramano de las necesidades del mercado laboral, dicen los autores y apuntan evidencia de su impacto negativo en la productividad, al aumentar los costos de las empresas y reducir su rentabilidad y capacidad de inversión, lo que a su vez derivaría en “una posible necesidad de recortes salariales al verse obligadas a mantener sus costos bajo control, lo que podría desmotivar a los empleados y afectar su productividad”.

De hecho, apuntan, en el segundo trimestre de este año la tasa de subocupación (personas que trabajan menos de 35 horas semanales pero querrían trabajar más) en Argentina era de un macizo 10,6% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a 2,4 millones de personas. No hay indicios, subrayan de que reducir la jornada laboral sea prioritario.

En cambio, destacan, una forme apuntalar el empleo y la productividad es mejorar el capital humano y de ese modo el potencial productivo inmediato y a más largo plazo. “Mientras menor sea el nivel educativo más probable va a ser que un individuo termine en un trabajo poco productivo y mal remunerado y más difícil va a ser para él o ella salir de esa situación de precariedad”, dice un pasaje.

De hecho, el trabajo muestra que a nivel nacional entre los asalariados privados no registrados hay casi el doble de trabajadores con secundario incompleto que entre los asalariados privado registrados. Además, sólo el 9% de los informales tiene estudios superiores (terciarios, universitarios o de posgrado) contra 25% de los formales privados y 45% de los públicos, proporción esta última estrechamente relacionada al peso del sector docente en las nóminas de empleo público provincial.

El trabajo precisa que en Santa Cruz el 39% de los asalariados registrados privados no llega a tener un secundario completo, mientras en CABA esto sólo ocurre en el 14% de los casos. Y con la educación superior ocurre lo contrario. En Santa Cruz sólo el 7% de los asalariados formales del sector privado tiene estudios superiores completos, contra 45% en CABA, todos datos que apuntan al “capital humano” acumulado en el trabajo.

A nivel regional, subraya el estudio, los números son muy desalentadores. Por caso, en Santiago del Estero el 69% de los trabajadores no registrados no terminó el secundario, y apenas el 1% cuenta con estudios superiores. En San Juan las respectivas cifras son (59 y 5%) y en Neuquén 58 y 5%)

Por eso, observan los autores, la reciente observación del actual jefe de Gabinete y candidato a vicepresidencial del oficialismo, Agustín Rossi, de que la evolución del empleo asalariado privado formal lleva 36 meses de aumento, se ve atenuada por la realidad de cómo ha venido evolucionando el empleo en su conjunto: cada vez más informal, con menor de nivel de instrucción (y por ende, menor productividad) y cada vez más precario. Casi una fórmula para el aumento de la pobreza, potenciada por la duplicación del ritmo de inflación y propuestas descaminadas como la reducción de la jornada laboral.