El Banco Nación le inició un sumario a la gerente general por el caso de Pitty la numeróloga y otras contrataciones

Fuentes allegadas a la titular de la entidad, Silvina Batakis, dijeron que la documentación solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan, que llegó a allanar la casa matriz de la entidad, “obra en poder de la Justicia desde el mismo miércoles 27 de septiembre pasado”. La propia Batakis, precisaron, pidió al Área de Legales “que se investigue el caso y se actúe en consecuencia”.

Tras una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña ante el juzgado federal 9, a cargo de Daniel Rafecas, el juez giró la denuncia al fiscal, quien ordenó el allanamiento de la entidad e imputó a Batakis y a la gerente general del BNA, María del Carmen Barros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y peculado y dispuso una serie de medidas de prueba.

Según la denuncia, originada a partir de información difundida en el programa “Periodismo para Todos” del domingo 24 de septiembre, Batakis y Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio” para contratar a Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ de un coaching a Barros, por la suma de $1.800.000, y para designar a Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y a Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA.

El fiscal apuntó también al nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental del BNA y la autorización de Batakis para que Barros perciba diversos plus y premios que suman un sueldo mensual de unos $9 millones, y al hecho de que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, perciba $700.000 aunque, según la denuncia de Ocaña, “prácticamente no va a trabajar”.

En el entorno de Batakis señalaron que el directorio del Banco “desconocía completamente” la contratación de Asad (PIty la numeróloga), “por tratarse de competencias de la gerencia” y que por eso se instruyó al área de legales a iniciar “un sumario a la gerenta general, Maria Barros”.

Las fuentes del banco, sin embargo, defendieron la contratación de Silva, el ex de Batakis. “Es Técnico electrónico, especializado en Administración de Sistemas, Redes e Infraestructura Tecnológica, con amplia experiencia laboral en el área de Sistemas” y que esa razón “ha sido contratado en el BNA como Analista de Procedimiento de tercer en el área de Tecnología, Organización y Operaciones”. Además, subrayaron, “no ocupa ningún cargo jerárquico, prestando exclusivamente los servicios para los cuales fue contratado. No es gerente y no cobra como gerente”.

La contratación de Silva, agregaron, “fue aprobada por el Directorio y obedece a las necesidades de profesionales y/o técnicas detectados por el área competente en Casa Central” y fue precedida por el estudio de “perfiles específicos, que fueron entrevistados y evaluados técnicamente por profesionales del área a cubrir”. De hecho, señalaron, “ingresaron 5 técnicos por misma resolución”.

En cuanto a la remuneración de Barros, de $9 millones con los distintos ítems, según informó originalmente PPT, desde el BNA señalaron que se trata de “ingresos alineados con los salarios que se remuneran en el mercado para funciones equivalentes en otras entidades bancarias. Los directores y la presidenta, de acuerdo al Decreto 1716/91 y resolución 749/95, perciben un salario varias veces menor, el cual equivale a un salario de Subsecretario y Secretario de Estado, respectivamente”.

Siempre a estar de las fuentes oficiales, “el Banco no recibe fondos a través de impuestos ni ayuda del Estado Nacional, sino que, regido por la Ley de Entidades Financieras de 1977, tiene un funcionamiento comercial idéntico al de cualquier banco privado, financiándose a sí mismo y resultando ampliamente superavitario.

Pero lo más llamativo de las explicaciones de fuentes familiarizadas con Batakis es que vinculan las denuncias y la acción judicial al caso Vicentin, la cerealera en concurso de acreedores que en 2020 el gobierno intentó intervenir, pese a que estaba en medio de un proceso judicial.

“La escalada mediática ocurre a días de haber recibido la noticia de que el juez del caso Vicentin abría el período de Cramdown o Salvajate, donde Silvina Batakis expresó que el BNA estaba trabajando “para poder recuperar el préstamo de USD 300 millones otorgado por la gestión anterior a la empresa cerealera, aún en conocimiento de su quiebra”. Como para apuntarla la interpretación, las fuentes agregaro: “también en coincidencia, la Justicia puso en suspenso la medida”.

Desde la entidad bancaria oficial recordaron que el Nación tiene 750 sucursales y desde 2020 otorgó cerca de $4 billones en créditos, muchos a tasas subsidiadas para ser motor del desarrollo nacional y que 9 de cada 10 fueron a PyMes. Además, remarcaron, el BNA fue recientemente reconocido por dos revistas especializadas por el mejor balance del sector financiero y por ser número uno en facturación, “habida cuenta de una gestión eficiente y responsable, lo que permitió que, desde balances deficitarios de los años 2017, 2018 y 2019, hoy sea un banco solvente”.