El Senado aprobó anoche cambios a la reforma de la Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020. Debido a estas modificaciones, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. En este contexto, el mercado inmobiliario enfrenta una creciente incertidumbre. Se nota una tendencia hacia la extensión de contratos y el incremento de acuerdos informales entre propietarios e inquilinos, que operan al margen de la legislación vigente.
El debate se enfocó en la propuesta oficialista que busca reformar aspectos clave. Entre ellos, mantener la duración de los contratos de alquiler a tres años, en lugar de los dos años sugeridos en la media sanción de Diputados; ajustar el precio del alquiler al menos cada seis meses mediante acuerdo entre las partes, en contraposición a las actualizaciones cuatrimestrales propuestas por la oposición; y adoptar el coeficiente Casa Propia como indicador de ajuste, en lugar del actual Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina la variación de los sueldos y la inflación. La propuesta también descarta la opción aprobada por Diputados, que permitía a las partes elegir libremente el índice de ajuste, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Dado el calendario electoral, es probable que la revisión del proyecto en la Cámara de Diputados se postergue hasta después de las elecciones del 22 de octubre.
Por ahora nada cambió y los contratos celebrados siguen vigentes. Sólo cambiará la forma de hacerlos cuando se concrete la reforma de ley, y todo parece indicar que sería a partir del futuro Gobierno
Tras la aprobación de cambios en la Ley de Alquileres por parte del Senado nacional, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) expresó su desacuerdo. En un comunicado, la entidad, que representa a más de 40.000 profesionales del sector, señaló que ha participado en múltiples reuniones con senadores para presentar alternativas a la Ley 27.551, sancionada en junio de 2020, que ha generado una crisis en el mercado de alquileres.
Representantes de Cofeci argumentan que presentaron datos concretos sobre la situación inmobiliaria actual que no fueron considerados. En Córdoba capital, por ejemplo, la oferta de viviendas en alquiler disminuyó un 37% entre junio de 2021 y julio de 2023, y los precios de los nuevos contratos superan en un 232% a los de los contratos vencidos.
Virginia Manzotti, presidenta de Cofeci, declaró a Infobae que “muchos senadores parecen desinteresados en los problemas del sector”.
El despacho de Cofeci añade que el proyecto de ley no solo mantiene la duración mínima de los contratos en tres años, sino que también establece actualizaciones semestrales basadas en el índice Casa Propia, lo que podría agravar la crisis del sector.
Por su parte, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño comunicó que el proyecto no respeta las posiciones presentadas por las entidades del sector en reuniones previas con miembros de las comisiones legislativas.
La entidad advierte que el proyecto no brinda una solución a la problemática, y, de efectivizarse, provocaría una situación aún peor que la generada por el actual ordenamiento legal del mercado.
“Manteniendo los contratos con un plazo mínimo de tres años y determinando un índice de actualización que es la mitad de la inflación real, la norma provocaría una caída aún mayor de la oferta, profundizando la actual crisis, que ya es la peor en la historia del sector”, afirmó Marta Liotto, presidenta del CPI porteño.
Ofertas mínimas
En La Plata, la oferta de viviendas en alquiler es escasa, con aumentos que superan el 200% interanual, muy por encima del Índice de Contratos de Locación (ICL), que registra un incremento del 115% interanual.
Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), indicó que el proyecto aprobado por el Senado se considera más perjudicial que la legislación actual. Según comparaciones, el índice Casa Propia se sitúa un 40% por debajo de la inflación, mientras que el Índice de Contratos de Locación (ICL) está entre un 20% y un 30% por debajo. Estas condiciones podrían desincentivar la oferta y alejar a los propietarios, lo que agravaría la disminución de viviendas disponibles en alquiler”.
Expertos en el sector inmobiliario indican que la situación actual es inédita en las últimas cuatro décadas. Hay agencias inmobiliarias que no cuentan con propiedades disponibles para alquiler tradicional. La demanda es tal que las personas recurren a consultas desesperadas con familiares, amigos o a través de redes sociales, sin encontrar soluciones.
Se estima que en La Plata hay un déficit de aproximadamente 2.000 inmuebles para satisfacer la demanda, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la cifra asciende a unos 15.000. Hoy en La Plata hay unos 20 departamentos en alquiler tradicional y en CABA, la oferta está conformada por menos de 450 departamentos.
“El proyecto de reforma de la ley podría exacerbar la escasez y la informalidad en el mercado. Aunque había expectativas de mejora, la decisión tomada por el Senado no contribuye a resolver la situación”, concluyó Líbera.