A 20 años del acuerdo que Néstor Kirchner firmó con el FMI, apoyado por EEUU: diferencias y semejanzas con el presente

Para evitar que la recuperación económica se ahogara -y con un ojo colocado sobre Brasil-, en septiembre de 2003 el Tesoro de Estados Unidos presionó con furia para que el gobierno de Néstor Kirchner obtuviera, en el poderoso y desértico emirato árabe de Dubai, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como en aquel entonces, también en 2018 el gobierno argentino de Mauricio Macri apeló a su vínculo con el gobierno de Donald Trump para tratar de “ablandar” al staff del FMI al firmar el crédito ampliado por USD 57.000 millones, del que finalmente ingresaron USD 45.000 millones, y en 2022 el de Alberto Fernández imitó el gesto con la administración de Joe Biden.

En el primer caso, las metas cuantitativas del acuerdo se cumplieron, pero no se detuvo la crisis ni la inflación, mientras que en el segundo ni siquiera se cumplieron los objetivos numéricos trazados y, por supuesto, todas las variables empeoraron.

El 20 de septiembre de 2003, hace dos décadas, el directorio liderado por Horst Köhler firmó un nuevo stand by por tres años, con algunas metas fiscales sin definir, ante la mirada atónita del FMI, que estaba atontado por sus errores de diagnóstico y la presión del G-7 acerca de la Argentina tras la explosión del 2001.

El Fondo Monetario, recordaron en el Tesoro del gobierno republicano de George W Bush, fue creado para financiar problemas de balanza de pagos con programas de corto plazo, una visión que confrontaba con los planes más ambiciosos y extendidos del organismo durante las administraciones demócratas.

Pero ese acuerdo no estuvo exento de tensiones dentro del equipo económico de Bush, porque la subdirectora gerente del Fondo, Anne Krueger, colocada por Washington en ese cargo, se opuso en forma férrea tanto a ese acuerdo como al anterior, un stand by de 8 meses que se firmó a principios del 2003.

Con matices, Köhler y Krueger presionaron desde la salida de la convertibilidad al país para que realizara reformas estructurales, modificara varias leyes y privatizara algunas empresas, entre otras exigencias imposibles de implementar en un contexto de brutal recesión, devaluación y aumento de la pobreza a un récord histórico, entre otros indicadores de la aguda crisis argentina.

Finalmente, el equipo del ministro Roberto Lavagna -incluía al actual jefe de asesores de Sergio Massa, Leonardo Madcur- logró un acuerdo a tres años, hasta 2006, con la particularidad de que las metas cuantitativas solo se fijaban por el primer año y los otros dos quedaban “en blanco”, dada la volatilidad de las variables macroeconómicas en aquel entonces. Fue clave la buena relación entre Néstor Kirchner y George W Bush, hasta que se quebró en 2005 cuando el gobierno argentino se opuso en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata al tratado de libre comercio que promovía Washington.

Dos décadas atrás un comunicado destacaba: “el Directorio Ejecutivo del FMI ha aprobado hoy un Acuerdo de Crédito Stand-By a tres años por valor de 8.980 millones de DEG (unos 12.550 millones de dólares) para Argentina, que sucederá al acuerdo que expiró el 31 de agosto de 2003″.

Krueger declaró entonces que “a lo largo del pasado año y, desde enero, en el contexto del acuerdo transitorio con el Fondo, Argentina ha comenzado a restablecer una cierta estabilidad económica, con una recuperación del crecimiento y la confianza, un descenso del desempleo y un firme control de la inflación”.

“A pesar de estos progresos, Argentina sigue enfrentándose a numerosos retos fundamentales, que se abordan en el nuevo programa a medio plazo”, aclaró la dura economista norteamericana.

“El nuevo programa económico a medio plazo de Argentina tiene tres elementos fundamentales. En primer lugar, un marco fiscal a medio plazo para alcanzar los objetivos de crecimiento, empleo y equidad social, proporcionando al mismo tiempo una base sólida para normalizar las relaciones con todos los acreedores y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, resaltó.

En segundo lugar, agregó: “Una estrategia para garantizar la solidez del sistema bancario y facilitar el aumento de los préstamos bancarios, esencial para apoyar la recuperación”.

En tercer lugar, “reformas institucionales para facilitar la reestructuración de la deuda empresarial, abordar los problemas de las empresas de servicios públicos y mejorar fundamentalmente el clima de inversión”.

“El marco fiscal es el núcleo del programa. Su objetivo es un superávit primario consolidado del 3% del PBI en 2004, basado en un firme control del gasto a nivel federal y provincial y en mejoras de la administración tributaria”, detalló.

Ese año, el gobierno logró un superávit primario del 4,1% del PBI y las provincias un 2,1% consolidado. Mientras tanto, el equipo económico preparaba la oferta para salir del default con los acreedores privados, que se materializó en 2005 con una propuesta que, aunque contemplaba una fuerte quita nominal inicial, con el paso del tiempo mejoró su valor por la inclusión de los bonos ligados al PBI.

Esa operación, que logró una aceptación del 76% de los acreedores, sacó al país transitoriamente del default del 2005 y contó, una vez más, con el guiño cómplice de Washington, ya que el Tesoro creía que los fondos de inversión debían aceptar cierta pérdida luego de haber invertido en un país excesivamente riesgoso.

Un año después, en un gesto político, Néstor Kirchner adelantó el pago de la deuda restante al Fondo, luego de que el presidente Lula Da Silva concretara un acto similar. Pero ni su gobierno ni el de Cristina Fernández de Kirchner aprovecharon ese presunto “acto de soberanía” por la distorsión de las estadísticas públicas, el endeudamiento a tasas altísimas con Venezuela y la ceguera para manejar la cuestión de la deuda mientras el país perdía su superávit fiscal y comenzaba en la década siguiente un largo camino de estancamiento.