El déficit primario de agosto fue de $36.964 millones (-0,02% del PBI) y así en los primeros ocho meses del año acumuló un desequilibrio primario de $2,3 billones (-1,30% del PBI), informó este jueves la Secretaría de Hacienda. La cifra pone presión a la meta trimestral hasta fines de septiembre que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional, que para esa instancia del año preveía un techo de desequilibrio en las cuentas públicas es de algo más de 2,3 billones de pesos.
Hasta el momento, señalaron fuentes oficiales, el acumulado sobrecumple en $30.000 millones el objetivo de rojo fiscal previsto para el período enero-agosto.
El poco margen para alcanzar la meta de septiembre tendrá que ver con que, con el dato anterior de julio esos 2,3 billones de pesos ya aparecían de por sí comprometidos: en el lapso enero-julio el déficit primario ya había acumulado 2,2 billones de pesos, lo que representaba un 1,2% del Producto Bruto. La meta fiscal con el FMI hacia fin de año prevé un 1,9% del PBI como techo.
Y además, por otro elemento: porque el paquete de medidas que anunció el Ministerio de Economía luego de las elecciones primarias para compensar el impacto de la devaluación sumará, aproximadamente, un punto del PBI de costo fiscal. Infobae informó que el Palacio de Hacienda analiza la forma compensar ese gasto mayor y la menor recaudación que combinará ese paquete de anuncios
“Durante agosto, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $36.964,4 millones. Por otra parte, se registró un déficit financiero de $384.504,5 millones, producto del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó los $347.540,1 millones”, dijo el comunicado oficial que remarcó, una vez más, el impacto de la sequía y señaló que sin ese efecto la recaudación por retenciones hubiera sido $1 billón más y el resultado fiscal 0,6% del PBI mejor al registrado.
En cuanto a los puntos más relevantes del mes, se destacan una reducción real -descontada inflación- del Gasto Primario del -8,5% interanual, un crecimiento interanual real de los Recursos del 5,3% (del 6,5% si se calcula sin Rentas Emisiones Primarias que exceden límite del PFE). El gasto primario acumulado, por otra parte, cayó 5,2% en términos reales mientras que la variación acumulada de los recursos también se contrajo, 7,5 por ciento (-6,3% sin las Rentas Emisiones Primarias que exceden límite del PFE).
Ya antes de conocerse la información oficial, según distintas estimaciones privadas con datos en base devengado (es decir, el gasto comprometido, que no necesariamente fue pagado en efecto por lo que no es estrictamente comparable con el dato de Hacienda), el gasto se habría expandido en agosto.
El paquete de medidas que anunció el Ministerio de Economía luego de las elecciones primarias para compensar el impacto de la devaluación sumará, aproximadamente, un punto del PBI de costo fiscal
Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ese crecimiento fue de 3,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Ya había registrado julio un leve despegue de 0,7%, tras doce meses consecutivos de contracción del gasto.
Ese organismo midió además cuáles son los sectores con mayor y menor nivel de ejecución presupuestaria. “Al finalizar el mes de agosto se ejecutó el 54,6% del presupuesto de gastos. En los gastos corrientes se ejecutó el 551% mientras que en los gastos de capital el 49,1%”, planteó el trabajo.
“La ejecución de los gastos de capital resulta menor a la de los gastos corrientes, aunque con niveles similares a los registrados al mes de agosto de 2022 (49,5 por ciento). La inversión financiera ejecutó el 282% del crédito asignado, dado que se devengaron $1.749 millones de los $25.189 millones previstos de aportes de capital para la Corporación Andina (6,9%)”, destacó la OPC.
Un resultado igual obtuvo la consultora Analytica, que dirige Ricardo Delgado, que sostuvo que en agosto la variación interanual del gasto público devengado fue de 3,6 por ciento. “En agosto, el gasto real devengado sin estacionalidad disminuyó un 1,5% respecto de julio, y en términos interanuales se incrementó un 3,6 por ciento. Si se excluyen los subsidios energéticos, la variación interanual es del 3,7%”, indicó esa consultora.
En la completa radiografía que hizo el Fondo Monetario sobre el estado de la economía argentina y de la marcha del programa renegociado durante los últimos cuatro meses, el capículo fiscal ocupa un lugar vertebral. En ese sentido, el staff técnico aseguró que espera que durante la segunda mitad del año el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año.
Solo de esa forma podría ser viable el cumplimiento de la meta anual de 1,9% del PBI como techo del déficit primario. Hay, en ese diagnóstico, una serie de pasos que el organismo consideró imprescindibles. Y aseguró que se necesitarán “esfuerzos significativos para movilizar temporalmente los ingresos en divisas de las importaciones y contener el gasto público”.
Hacia fines de diciembre 2023 el tope de déficit fiscal primario debería ser, en términos nominales, de $3,2 billones, según se acordó con el FMI
“Esto evitaría la financiación monetaria directa del Presupuesto y al mismo tiempo limitaría la dependencia de fuentes internas, en consonancia con los objetivos de desinflación. A mediano plazo, se supone que la consolidación fiscal se acelerará, en consonancia con los compromisos programáticos y las plataformas políticas declaradas públicamente por los principales partidos políticos, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y asegurar un reingreso gradual a los mercados internacionales a partir de 2025″, proyectó.
Según el informe, hacia fines de diciembre 2023 el tope de déficit fiscal primario debería ser, en términos nominales, de $3,2 billones. La meta fiscal para lo que resta del año se avizora, así, como exigente para el Gobierno. Entre otras cosas porque estacionalmente el gasto público es mayor durante la segunda parte de cada año y la ejecución presupuestaria, en algunas áreas, acelera sobre el fin del calendario.
“Se espera que esto se logre mediante una combinación de medidas de ingresos (algunas temporales) y gastos para lograr la contracción del 11% en el gasto de agosto a diciembre de este año, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura prioritaria (gasoducto) y los programas sociales”, mencionó el organismo.