
Vicentin atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Si bien y sin lugar a dudas el peor de todos ellos fue cuando anunció su default en diciembre de 2019, dejando un tendal de proveedores de granos y entidades financieras con una deuda cercana a los USD 1.500 millones, la decisión de la Justicia de no homologar su acuerdo para el pago a sus acreedores que le permita superar el concurso preventivo, cubrió a la compañía en un halo de incertidumbre respecto a su futuro.
El viernes pasado, el juez civil y comercial de la segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la propuesta de Vicentin al considerar que dicho esquema “genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta” y que “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”, entre otros puntos.
La propuesta de Vicentin, que contaba con el aval del porcentaje necesario de acreedores y de capital exigido por la Ley, establecía la devolución en un plazo de 12 años del 30% de lo adeudado. Del total de los damnificados, la propuesta planteaba cubrir el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de USD 30.000, mientras que el resto de los acreedores cobraría dentro del plazo propuesto, con quitas que llegaban hasta el 80%. Asimismo, la compañía sumó como “interesados estratégicos” a las empresas Viterra, ACA y Bunge, las cuales se quedarían con el 95% de Vicentin una vez terminado el proceso.

Paralelamente a no homologar el acuerdo propuesto por Vicentin, Lorenzini ordenó la apertura del período de concurrencia, es decir, inició un proceso de salvataje o “cramdown”, en el cual tanto un acreedor como una actor externo al concurso pueden presentar una “propuesta superadora” para hacerse de la empresa.
Posición de Vicentin
“Habiendo tomado conocimiento de la reciente decisión judicial y ejerciendo sus legítimos derechos, Vicentin apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables”, indicó la empresa a minutos de darse como notificada del fallo de Lorenzini el mismo viernes. No obstante la decisión firme de la compañía, que podría cristalizarse en las próximas horas, reina una gran “incertidumbre” respecto al porvenir de la firma.
“Vamos a apelar esta resolución para que la Cámara corrija una decisión que somete a la compañía a una situación de endeblez, de riesgo objetivo, que el viernes no tenía”, aseguró el director de Vicentin, Estanislao Bougain, quien aseguró que el fallo es “irresponsable y no ajustado a derecho”.
Asimismo, fuentes cercanas al directorio sostuvieron a este medio que “de avanzar el cramdown, la situación es incierta: no se sabe qué va a pasar el día de mañana respecto a si los inversores van a seguir interesados, si va a haber presentación o no, si la gente que agitó el cramdown va a hacer una propuesta suficiente para satisfacer a los acreedores. En medio de todo esto, Vicentin hoy sufre el agobio de la sequía, como todo el campo, y la consecuente falta de grano. Esto complica mucho el panorama y de no prosperar el recurso de Vicentin, el panorama se vuelve muy incierto”.
Propuesta
Uno de los acreedores que celebró la decisión de Lorenzini fue el Banco Nación (BNA), al cual Vicentin le debe alrededor de USD 300 millones, posicionándose el banco como el acreedor financiero más perjudicado por el default. De hecho, la entidad financiera desde un principio había pedido la impugnación del acuerdo que la firma quería llevar adelante. Pero más allá de estar de acuerdo con la resolución judicial, desde el Banco Nación se está pensando en una propuesta para “salvar” a la cerealera en el marco del cramdown.
“Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”, indicó la presidente del BNA, Silvina Batakis, esta mañana en diálogo con Radio 10.

Batakis consideró que la deuda que tomó Vicentin con la entidad bancaria “fue una estafa enorme para el Banco Nación. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta US$ 300 millones”, al mismo tiempo que remarcó que el plan de pagos de la firma para saldar lo adeudado con el BNA era “a 56 años con quita de capital y sin intereses”.
Según consignó la titular del BNA, “el juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta (para administrarla) y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas”, explicó.
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