En la previa de las elecciones, industriales y constructores proyectan menor actividad y caída del empleo

Por tercer mes consecutivo, el índice de producción industrial manufacturera del Indec acumuló en julio baja respecto del mes previo -ajustado por estacionalidad-, a un ritmo equivalente anual de 20%, al punto que descendió al menor nivel en 18 meses, desde enero 2022, en valores comparables (desestacionalizado).

En el caso del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, el índice del Indec muestra un movimiento de subibaja en la serie desestacionalizada desde enero 2022; y lleva 4 meses consecutivos en declive en los datos con estacionalidad, fenómeno que no se observaba desde la crisis sanitaria de 2020, cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) provocó una brutal depresión en la actividad en particular y en la economía en su conjunto.

De ahí que no fue casual que tanto el Indec, como la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, registraran en su último sondeo de las expectativas netas de los empresarios consultados un saldo neto negativo en sus previsiones de producción y empleo para los próximos tres meses, en contraste con los relevamientos previos, y consecuente deterioro de la rentabilidad esperada presente y futura.

El punto de giro negativo que se advierte respecto de los meses anteriores no sólo se basa en el nuevo escenario local, sino también en el internacional.

En el orden doméstico, se explica por la derivación del resultado de las PASO en general, y las medidas restrictivas sobre las autorizaciones de importaciones de insumos básicos para la producción y de terminación de procesos que dispusieron Economía y el Banco Central, junto con la reafirmación del control de precios, luego del sorpresivo salto cambiario y suba de las tasas de interés.

Y en el frente externo, por los muy malos datos económicos de agosto que registró China, con impacto contractivo sobre la economía mundial en general y sus socios comerciales en particular: caída de las exportaciones y del nivel de actividad industrial, por cuarto y quinto mes consecutivo, respectivamente, luego de la deflación de precios informada para julio y en medio de los serios problemas del sector de la construcción, que ya llevaron al pedido de quiebra en EEUU de Evergrande, el más grande desarrollador inmobiliario del gigante asiático, hicieron que el yuan, o renminbi, como es oficialmente conocida la moneda china, cayera a su nivel más bajo de los últimos 16 años.

Infobae dio cuenta de ese fenómeno una semana atrás, cuando destacaba: “Los problemas de la economía china también se manifiestan en la debilidad de sus importaciones, que el mes pasado bajaron 7,3%, después de haber caído un fortísimo 12,4% en julio”.

Y agregaba que un análisis de la consultora Oxford Economics dijo que los “derrames” de una depresión comercial china podrían ser “sustanciales” para diferentes sectores industriales de sus socios comerciales y afectar incluso el precio de las materias primas.

De ahí que el próximo gobierno en la Argentina no sólo tendrá que trabajar en iniciativas destinadas a estabilizar la economía doméstica, y esperar que se superen los efectos negativos de la última gran sequía sobre el agro en su conjunto, sino también en buscar alternativas para compensar la menor demanda de China y el debilitamiento de los precios internacionales de las materias primas sobre las finanzas de las empresas y, consecuentemente del sector público.

El último informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales en julio en el sector privado con más de 10 asalariados registrados, arrojó que “las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses se mantienen positivas (en 1,4% de los consultados), aunque con un valor inferior al de los meses previos”, sobre un universo donde apenas “4 de cada 100 establecimientos declaran que harán cambios en sus dotaciones en los próximos tres meses, 2,7% del total espera aumentarla y 1,3% estima que la reducirá”.

El análisis de los datos de la industria por parte de la consultora LCG destaca que “La rama de Alimentos y Bebidas (25% de la industria) exhibe por segundo mes consecutivo una caída interanual. Con el dato de julio, se acentuó la dinámica contractiva que se venía presentando. En 8M-23 acumula una caída de 1,3% anual”. De ahí que espera, tras la “devaluación fiscal” impulsada por el Gobierno, que “las trabas a insumos y productos extranjeros se profundicen, lo cual afectará la operatividad de la industria”, y proyecta una caída en torno al 2,5% promedio anual para 2023, con fuerte arrastre negativo para el año próximo.

En tanto, del lado de la construcción, los economistas de LCG observan que “En base a la dinámica de los últimos meses del sector, la actividad continuará comportándose de forma errática. Distintos factores operarán de manera contrapuesta. La informalidad que caracteriza al abaratamiento de los costos medidos en dólares libres podrá amortiguar una menor demanda del lado formal de la economía, tanto del sector privado como público. El primero ante la incertidumbre que afecta este período electoral que impone un freno a cualquier decisión de inversión (wait and see); el segundo a raíz de la necesidad de acotar la brecha fiscal”.

Y agregan en la consultora de marras una proyección de caída de la actividad en comparación con el año previo en torno de 1,5%-2% promedio, aunque el consenso del mercado que releva el Banco Central -ahora acotado a 24 estudios privados, menos de la mitad del universo histórico que tomaba la entidad- ya prevé una contracción del PBI de 3% respecto del año previo, con los tres últimos trimestres consecutivos en recesión, y arrastre estadístico negativo para los dos siguientes.

Inquietos por ese escenario, la Asociación Empresaria Argentina, presidida por Jaime Campos, y el Fondo de Convergencia Económica que coordina Miguel Blanco, presentaron en la última semana el pronunciamiento de las principales empresas de la Argentina a favor de la división de poderes y la libertad de prensa y contra la inflación, el déficit fiscal, la alta presión tributaria, los controles de precios y los cepos cambiario y comercial, y la adhesión al documento: “El sector privado es clave para el desarrollo”.

Ya en la previa a las PASO el propio Foro, AEA, La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa de Comercio de Córdoba, entre otras entidades, habían condenado casi en simultáneo el aumento de la presión fiscal por parte del Gobierno y reclamado que se abandone “la improvisación y la discrecionalidad” y presente “un plan macroeconómico”, sustentable, para desacelerar la inflación y reimpulsar la actividad productiva y comercial.