La jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York, dejó firme su sentencia de la semana pasada. Así, Argentina deberá pagarle al estudio de abogados inglés Burford Capital unos USD 16.100 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012.
Desde entonces comenzaron a correr interés de entre 5 y 6 por ciento que varía semanalmente y seguirá así hasta que la causa defina su rumbo. Se trata de una sentencia de primera instancia, que la jueza dio por cerrada hoy luego de una demanda que duró más de ocho años.
Argentina podría apelar el fallo o pedir una suspensión del mismo hasta que asuma el nuevo gobierno, en diciembre. En todo caso, Preska cerró la demanda, al menos en su estrado.
En marzo, y luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, Preska falló en contra de Argentina, pero dijo que la empresa YPF no había tenido ninguna responsabilidad en el proceso de expropiación. En ese momento se supo que el país debería pagar. En julio se hizo una audiencia de tres días, donde las partes dieron sus argumentos y sus fórmulas para calcular resarcimientos (en base fechas y el valor de la acciones) y ahora dejó firme su fallo de hace siete días.
“Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”, criticó hoy el fallo de la semana pasada de Preska la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo hizo compartiendo un video en la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez denuncia la existencia de vínculos cercanos entre el inversionista Paul Singer –conocido acreedor privado del país– y una de las autoridades judiciales estadounidenses que falló a favor de los fondos buitre.
Ayer, el estudio Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick, que representa Burford, aseguró que “lamentablemente, la Argentina se ha negado a consultar con las Demandantes de buena fe para preparar una presentación conjunta. En su lugar, la República ha convertido un simple ejercicio de lectura del fallo en un ataque colateral a la orden de este Tribunal con su intención de volver a litigar asuntos ya resueltos. Véase, por ejemplo, el mensaje en Twitter de Alex Kicillof del 8 de septiembre de 2023 4:42 PM)”. El tuit del gobernador criticó el falló y agregó “tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar”.
La semana pasada, en su fallo, la jueza no había establecido montos: les pidió a las partes que discutieran y escribieran la sentencia para que luego ella la firme (siempre con los parámetro de su sentencia; o sea, el cálculo a favor del demandante Burford y los USD 16.000 millones).
Más tarde, según el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y experto en esta extensa demanda, los abogados de Argentina negaron que no quisiera negociar con Burford y ofrecieron una compensación algo menos, de USD 15.100 millones.
Opciones
Según detalló días atrás Infobae, Argentina tiene un menú de opciones que no cambian con la sentencia firme de hoy.
Una alternativa, aunque la menos probable según Maril, es que se pida la “reconsideración del fallo”. Preska es una experta en la causa, la ley argentina y el estatuto de YPF (usó ambos para tomar sus decisión). En marzo, Argentina pidió reconsideración y no fue aceptada.
“Si pasa se puede ganar algo de tiempo y es una medida, sobre todo, que se toma para agotar las vías legales y evitar posteriores juicios políticos. Que alguien acuse a los funcionarios de no hacer todo lo que tenían a su alcance. Pero ya se perdió en muchas instancias, sería estirar más un proceso que ya es muy largo, por dos o tres años más, pagando intereses muy altos y costos sabiendo que hay altísimas chances de perder”, dijo esta semana Maril.
El fallo también se podría apelar. Aquí hay algunos riesgos porque si el Estado lo hace, Burford podría tomar la misma opción con la sentencia de marzo que exculpó a YPF. Si la petrolera vuelve a estar involucrada podría haber impacto en el precio de sus acciones en Wall Street, por ejemplo. Hoy, la empresa tiene un market cap de casi USD 11.000 millones.
Finalmente, alguna de las partes podría pedir la suspensión del caso por unos meses hasta la llegada de un nuevo Gobierno. En 2015, por ejemplo, Preska suspendió el juicio por los holdouts a la espera del nuevo gobierno.
Solo ante esta alternativa, o un pedido de suspensión, la jueza volvería a tomar la causa. De lo contrario, cualquier apelación la tomará una Cámara para ese fin y luego podría elevarse la disconformidad del fallo a la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2019, el máximo tribunal de ese país se negó a analizar otra de las instancias de la demanda: Argentina interpuso un certiorari, o recurso especial pidiendo que se revise la jurisdicción del caso, y la Corte americana decidió no tomar el caso.