La “separata” de Presupuesto 2024: a qué sectores con beneficios impositivos apunta el Gobierno para bajar el déficit más rápido

Mañana viernes vencerá el plazo por el cual el Gobierno puede presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2024 y el Ministerio de Economía apoyará la iniciativa, como el año pasado, en la discusión sobre un apartado de gastos tributarios, que incluye distintos regímenes impositivos diferenciales. Entre todos, representan más de 4,5% del PBI aunque en el equipo económico saben que algunos de ellos dentro de todo ese amplio menú son los que tienen más chances de ser discutidos con la oposición.

¿Podría no presentarse el proyecto? Su ingreso a la mesa de entradas del Congreso está estipulado por ley, pero ayer el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei le envió una a Massa solicitando que excepcionalmente se prorrogue el tratamiento del proyecto para después de las elecciones generales, con el fin de que los gastos sean delineados en consenso con la fuerza política que resulte ganadora.

Lejos de correr a responder negativamente, desde Economía dijeron un tímido “se está analizando”. Y no hubo más novedades.

Mientras tanto, en el Palacio de Hacienda trabajan para darle las puntadas finales al proyecto de ingresos y gastos del año próximo, en el que Sergio Massa deberá plantear cuál es la hoja de ruta de la economía que espera para, eventualmente si ganara las elecciones, su primer año de mandato. Más allá de las proyecciones de inflación, dólar o crecimiento, una parte de relevante del debate se lo llevará la cuestión fiscal.

Es decir, cuánto y qué tan rápido el Poder Ejecutivo podría equilibrar sus cuentas públicas. A priori, por lo menos según el acuerdo todavía vigente con el Fondo Monetario Internacional, el 2024 debería terminar con un déficit de 0,9% del PBI. El Gobierno, en el texto de ley, planteará que puede llegar más rápido a un superávit de 1 por ciento, anticipó el ministro de Economía en declaraciones televisivas. No por un aumento extraordinario de ingresos o un recorte pronunciado del gasto público, sino si se cristalizara la eliminación de algunos exenciones y regímenes tributarios diferenciales que implican, para el fisco, un gasto tributario. Esto es, recaudación que deja de percibir el Estado.

Entre el amplio listado, que figura en una “separata” anexa al Presupuesto, los más relevante en términos de costo para el fisco son los gastos tributarios en términos impositivos (este año implicaron 1,81% del PBI y una parte menor, de 0,68%, para los regímenes de promoción económica). En ese primer subgrupo están las alícuotas reducidas de IVA (0,65% del PBI en 2023), como las que tienen las carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas, los productos de panadería, la medicina prepaga y la construcción de viviendas. Y entre las exenciones, están las obras sociales (0,21% del PBI) y servicios educativos (0,11% del PBI).

Entre las exenciones del Impuesto a las Ganancias el más oneroso es el de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del Producto) y, menos de la mitad, las ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,07 puntos). También tienen peso, en el impuesto a los combustibles, la diferencia entre las alícuotas aplicadas a las naftas y al gasoil (0,18% del PBI).

En tanto, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego le insumió al Estado este año 0,35% del PBI en términos de recaudación tributaria. El esquema especial para las pymes, que incluye un pago a cuenta en el impuesto a las Ganancias del 100% impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuenta corriente, tiene un costo de 0,15% del PBI.

Hay otro grupo de beneficios fiscales no incluidos entre los gastos tributarios pero que tuvieron a lo largo de 2023 un peso similar a ese 2,5% que sí está listado. Entre ellos, la exención del pago de Bienes Personales para los inmuebles rurales (0,48% del Producto), el no diferimiento del ajuste por inflación impositivo para Ganancias (0,36% del PBI) y detracciones de contribuciones personales (0,19% del Producto).

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, realizó un “escenario base” sobre qué resultado fiscal tendría la administración nacional el año próximo tomando en consideración que sería un año sin impacto de una sequía en las cuentas públicas.

Ese escenario base daría, como punto “inicial” sobre el que el próximo Gobierno podría operar, un 1,6% del Producto de déficit primario y 3,7% al incorporar a la cuenta los intereses de deuda. De esa forma, ese número sería el “esfuerzo” fiscal que debería hacer el Ejecutivo para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas.

Habría varias maneras, estimó Iaraf, para llegar a ese resultado. Una de ellas implicaría “aumentar los ingresos totales en un 21 por ciento”. “Otra posibilidad es la reducción del gasto primario en un 19 por ciento. Ahora bien, como en este trabajo se plantea devolverle el poder de compra de 2017 a los jubilados, se plantea la posibilidad de excluir del esfuerzo fiscal a los jubilados y pensionados. En este caso, sería necesaria una reducción del 30% del gasto neto de jubilados y pensionados”, ejemplificó.

También exploró la opción de acortar ese camino hacia el equilibrio fiscal por la vía de los gastos tributarios. “La disminución del gasto tributario aportaría recursos extras por parte de los sectores que hoy tienen exenciones o tratamientos impositivos diferenciales. Dependiendo del tipo de tributos, también pueden generarse recursos extras para las provincias, a través de la ley de coparticipación federal de impuestos”, mencionó Iaraf.

“El gasto tributario total 2023 que recae en Nación sería de $3.669.000 millones (2,2% del PIB) en moneda constante de junio 2023, y el de provincias más CABA de $2.555.000 (1,5% del PIB), es decir, el gasto tributario total equivale a $6.224.000 millones (3,7% del PIB)”, fue la estimación de ese centro de estudios. “Con los recursos extras derivados de la eliminación del gasto tributario, Nación solamente cubriría el 59% del esfuerzo fiscal necesario”, dijo Iaraf, con lo que además necesitaría alguna combinación que mezcle un refuerzo recaudatorio y una poda de gasto.

La modificación en el impuesto a las Ganancias que propiciará por decreto, primero, y por un proyecto de ley luego el Ministerio de Economía, que tendrá un costo fiscal anual de 1 billón de pesos, supondrá una caída en los ingresos por coparticipación que reciben las provincias, ya que Ganancias es uno de los principales tributos que son distribuidos en el reparto federal.

La consultora Aerarium le puso números a esa cuestión, que generó resquemores en algunos gobernadores. “Tomando como base un costo fiscal equivalente al 0,57% del PIB ($1 billón), el costo fiscal para el conjunto de Provincias más CABA rondaría los $577.600 millones (USD 1.650 millones), lo que representa el 57,8% de la pérdida total de recursos. En base a los envíos acumulados entre enero y agosto, el costo equivale a 12 días hábiles de transferencias, de modo que la pérdida directa sería equivalente a medio mes de coparticipación”, estimó.

De ese 57,8%, a la provincia de Buenos Aires le correspondería un 12,2%, a Santa Fe un 5,1%, Córdoba (4,9%), Chaco (2,8%), Entre Ríos (2,7%) y Tucumán (2,6 por ciento).