“Después del fallo de USD 16.000 millones, la próxima batalla de Burford será lograr que la Argentina pague”, dice el título de un extenso artículo de Financial Times sobre la reciente decisión de Loretta Preska, la jueza del Tribunal de Nueva York que no solo falló a favor del fondo londinense en su reclamo contra el país por la re-estatización, en 2012, de YPF, sino que también le dio la razón al litigante respecto de cómo debe calcularse el monto a pagar por el demandado.
El fallo de Preska no es el final de la saga, dice el influyente diario británico, que habló con Christopher Bogart, CEO y cofundadorr de Burford, quien señaló que si la Argentina no paga “no conseguirá nunca más un centavo” en los mercados internacionales, y con Jay Newman, del fondo buitre Elliott Management, quien sostuvo una batalla legal de 15 años contra la Argentina por el default de 2001 y la restructuración de la deuda argentina, en 2011 llegó a embarga la Fragata Libertad y recién en 2016 pudo cobrarse, cuando el gobierno de Mauricio Macri pagó los fallos adversos en los tribunales neoyorquinos para recobrar acceso a los mercados internacionales de crédito.
Según Newman, Burford, al que estima que le corresponderían solo USD 6.000 millones de los USD 16.000 millones del fallo de Preska, tendrá en definitiva de aceptar un “significativo recorte” (haircut, o corte de pelo, como se dice en la jerga financiera) respecto del monto del fallo. Burford es un grupo “creativo y tenaz”, pero a corto plazo “no tendrá ni la mitad de la que quiere; Argentina está en problemas, eso no va a pasar”; dijo Newman al FT. En cambio, Julian Roberts, un analista de Jefferies, también consultado por el medio británico, dijo que los inversores “probablemente tengan razón de que Burford logre recuperar una mayoría” del monto demandado, pero podría tener que esperar “otros tres o cuatro años”. Eso sí, dijo Roberts, Burford podría “ciertamente usar el potencial por mantener a la Argentina fuera de los mercados, como palanca para que se siente a la mesa de negociación”.
La crónica del caso recuerda que en 2012 la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner dijo que había reestatizado YPF para “salvaguardar la soberanía hidrocarburífera” y que con la reestatización cumplió “un largo sueño familiar”.
“Once años después, el sueño amenaza volverse una pesadilla, luego de que una corte de Nueva York otorgó un récord de USD 16.000 millones en daños e intereses a dos accionistas minoritarios de YPF”, dice un pasaje de la nota.
Esos reclamos fueron financiados por Burford a cambio de un porcentaje de lo que se obtenga, recuerda el FT, y precisa que luego del reciente fallo las acciones del grupo subieron casi 20%, aunque la propia firma advirtió a los inversores que los casos en que está involucrada a menudo se resuelven “por considerablemente menos” de lo que indica el fallo y que a este puede seguirle una “prolongada batalla judicial”.
A propósito de la decisión del gobierno argentino de apelar la medida, el FT observa algunas similitudes con el caso Elliott, que tras 15 años logró que la Argentina pague el fallo en su contra emitido por el mismo tribunal, entonces a cargo del juez Thomas Griessa. Esa batalla, recuerda, terminó en un arreglo de USD 2.400 millones en 2016.
Al respecto, Jay Newman, el estratega de Elliott en la batalla con la Argentina, le dijo al FT que el fallo reciente de Preska a favor de Burford “es tan grande, que incluso si quisiera, la Argentina no puede pagarlo”.
El medio británico cita a Salvador Vitelli, jefe de investigaciones del Grupo Romano, para precisar que la Argentina tiene USD 422.000 millones de deuda, mayormente a bonistas locales y al FMI, y que USD 126.000 millones vencen en 2024.
El medio británico también cita a Kicillof, cuyos comentarios de que la Argentina no sería tan “estúpida” de pagar con el estatuto de YPF fueron citados en el fallo, mantiene su tono desafiante y aseguró que el caso “seguramente terminará en la Suprema Corte de EEUU, porque esta violación de la soberanía argentina es tan o más seria que el último ataque de los buitres”, en referencia al caso Elliott.
El artículo cuenta también que Burford declaró que no dará a conocer sus estrategias para hacer cumplir el fallo, pero que una fuente precisó que la empresa tiene un equipo de 30 especialistas en “recuperos” confiados en que no sufrirán una batalla legal tan larga como la de Elliott y que, con el tiempo, la Argentina pagó todos los fallos adversos”.
La actual cartera de litigios de Burford tiene un valor potencial cercano al triple del fallo a su favor en el caso YPF y tendría espalda para afrontar un largo conflicto. La empresa lleva gastados USD 60 millones en el litigio, pero se hizo de USD 235 millones vendiendo el 30% de los derechos sobre el fallo final “a terceras partes”.
Bogart, uno de los fundadores de Burford, dice que un ataque de la Argentina a su reputación, como sucedió en el caso Elliott, no tendrá resultados, aunque previamente había dicho al FT que temía viajar a la Argentina.
No importa quién sea el litigante
El propio fallo de Preska dice que la Argentina no debe ni más ni menos porque el litigante sea Burford. Bogart insiste en que el país no conseguirá “un centavo más” en el mercado internacional si no cumple el fallo. “Es totalmente apropiado que una conducta claramente ilegal sea llevada a juicio … Argentina admite que se hizo de un activo que quería por un buen precio, y ahora tienen que pagar por eso”, dijo Bogart.
El artículo cita también a abogados de la Argentina que cuestionan la legalidad del fallo de Preska, destacan que los accionistas minoritarios “nunca fueron expropiados” y subrayan que “una corte de EEUU nunca debió aceptar decidir sobre leyes corporativas de la Argentina, pues corresponden a la justicia argentina”.
Sin embargo, explica el FT, una corte de apelaciones de Nueva York concluyó en 2019 que el caso caía bajo la ley de Nueva York porque YPF está listada en la bolsa neoyorquina.
El artículo señala también la crítica de la oposición al manejo del caso por parte del gobierno peronista, en medio de una “caliente campaña presidencial”.
Según Juntos por el Cambio, se trata de otra evidencia de desmanejo. Más crítica aún es la cita de Javier Milei, quien dijo que el caso “muestra qué cara nos sale la clase política ladrona, inútil y parasitaria”. Además, cita también a Darío Epstein, asesor financiero de Milei, quien dijo que “el pago no será un tema por varios años”.
De hecho, prosigue el articulo, el país tiene varias tácticas dilatorias a disposición para prolongar la historia judicial, incluso sin tener que pagar por hacerlo.
Burford, a su vez, puede atenerse a una sección del Acta de Inmunidad Soberana para embargar activos argentinos, pero como Newman halló durante la larga campaña judicial de Elliott, “si un soberano no quiere pagar, tienen un montón de herramientas y un montón de tiempo” a su favor.
De hecho, Elliott señala que la Argentina puso sus activos a salvo de embargos e hizo “casi imposible” encontrar activos embargables. Muchos tribunales rechazaron reclamos de ese tipo por parte del litigante.
De hecho, cita el FT, el audaz embargo de una nave de la Marina (por la Fragata Libertad) en un puerto de Ghana, aunque fue embarazoso para la Argentina, fue declarado ilegal por el Tribunal Internacional del Mar. Y también fallaron intentos de embargar depósitos en dólares de la Argentina en la Reserva Federal de Nueva Yorl,
Por último, el diario británico cita a Facundo Martínez, director del Ieral y asesor de Carlos Melconian, según quien la posibilidad de pagar el fallo dependerá en ultima instancia de que el próximo gobierno “implemente un plan serio” para estabilizar la economía. “No nos falta voluntad de pagar, lo que nos falta es capacidad de pago. Un pagaré de un deudor insolvente no vale nada”, dijo Martínez al FT.