Cambios en Ganancias: las provincias absorberán más del 57% de la pérdida de recaudación

El cambio en el Impuesto a las Ganancias dispuesto por el gobierno mediante un decreto a partir de octubre, amén del envío al Congreso de un proyecto para hacerlo por ley y fijar un método de actualización a partir de 2024, tendrá en lo inmediato un costo fiscal de $577.600 millones para las provincias, estimó un informe privado, que también recordó cómo estas recurrieron a la Justicia cuando en 2019 el gobierno de Mauricio Macri, tras su derrota en las PASO, aumentó 20% el mínimo no imponible del impuesto y redujo a la mitad la alícuota del IVA sobre algunos alimentos.

Un brief de Aerarium, una consultora especializada en cuestiones fiscales, precisa que la suba de 152% del mínimo no imponible del tributo, llevándolo de $700.875 a $1.770.000 brutos y eximiendo el pago a unos 800.000 asalariados formales de los sectores de más altos ingresos de la población, tiene un costo fiscal cercano a un billón (millón de millones) de pesos.

De esa pérdida de recaudación, más del 57% recaerá sobre las provincias, pues se trata de un tributo coparticipable, a repartir entre la Nación y los 24 “distritos subnacionales” del país.

“Tomando como base un costo fiscal equivalente al 0,57% del PIB ($1 billón), el costo fiscal para el conjunto de Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos aires rondaría los $577.600 millones (USD1.650 millones), lo que representa el 57,8% de la pérdida total de recursos. En base a los envíos acumulados entre enero y agosto, el costo equivale a 12 días hábiles de transferencias, de modo que la pérdida directa sería equivalente a medio mes de coparticipación”, resume el informe.

“Al margen de la regresividad de la medida, dado que unos 800.000 contribuyentes de los deciles más altos de la pirámide de ingresos dejarán de tributar el impuesto, debe señalarse que el Gobierno Nacional condiciona unilateralmente a las provincias a financiar su campaña electoral, dado que más del 50% del costo fiscal deberá ser afrontado por dichas jurisdicciones y, en la mayoría de los casos , por sus municipios, a través de los regímenes provinciales de distribución”, dice otro pasaje del trabajo, que recuerda una situación similar en agosto de 2019.

“En otro escenario de devaluación del tipo de cambio y caída del poder adquisitivo”, reseña Aerarium, el gobierno de Macri emitió los decretos 561/19 y 567/19 para eximir del pago del IVA a algunos productos de la canasta básica alimentaria y para incrementar un 20% el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias.

Ante la pérdida de recursos prevista, aquella vez la provincia de Entre Ríos, gobernada por el actual mandatario, Gustavo Bordet, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que el Ejecutivo disminuyera la masa de coparticipación.

A esa demanda se sumaron 14 provincias: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Luego del fallo de la Corte, que dio lugar al reclamo de Entre Ríos, no se derogaron los decretos, pero el Estado Nacional asumió la totalidad del costo fiscal de las medidas, compensando las pérdidas a las 24 jurisdicciones”, historia el informe.

Aquella vez, también hoy presidente Alberto Fernández criticó las medidas, por el costo para las provincias.

En un hilo por Twitter el entonces candidato presidencial acusó al gobierno de actuar “sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica” y de “desfinanciar a las provincias”. Las medidas dijo, “son muestra más de desaprensión hacia el interior del país. Todo se hizo sin haber consultado a los gobernadores, cuando son sus provincias las que pierden 1.500 millones de dólares de recaudación fiscal con esas decisiones”.

Y cerró el hilo señalando: “el presidente debe trabajar como presidente y separar su rol de candidato. Busca golpes de efecto electorales en lugar de soluciones a los padecimientos que sufren los sectores más débiles”.

Ahora, según Aerarium, la situación es peor. “En un contexto de deterioro de las transferencias, donde 5 de los 8 meses del año presentaron caída en moneda constante (-0.7% acumulado a agosto) y donde la escalada inflacionaria del último cuatrimestre probablemente profundice dicha dinámica, es de esperar que las provincias que presentaron una medida cautelar en 2019 repitan dicho planteo, o al menos las que siguen siendo gobernadas por los mismos mandatarios y/o espacios políticos”.

Economía dice que la pérdida de recaudación podría ser compensada con un aumento del impuesto PAIS a las importaciones y mejoras de recaudación derivadas de mejoras del consumo y la actividad económica. El impuesto PAIS recauda actualmente unos $100.000 millones por mes, contra $83.000 millones mensuales que se perderían por el aumento del mínimo de Ganancias. Esto es, para compensar la pérdida, la recaudación del impuesto PAIS debería aumentar más del 80% por sobre la inflación.

Por ahora, las provincias oficialistas, que en su mayoría sí se negaron a pagar el bono de $60.000 para empleados públicos anunciado por Massa el 27 de agosto sin consultarlas previamente, no abrieron la boca sobre los cambios en Ganancias. Quien sí fue crítico fue el gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien dijo en un posteo en Twitter: “Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias”.

En lo que va del año, Córdoba fue la provincia más perjudicada por las “modificaciones presupuestarias” que hizo el gobierno nacional. Esas modificaciones fueron en un 70% a favor de una provincia: Buenos Aires.

Un estudio de Aerarium sobre esas modificaciones precisa que la provincia gobernada por Axel Kicillof tenía asignados $319.043 millones en “transferencias presupuestarias” diferentes de la coparticipación automática, pero ya en agosto superó el monto, recibiendo un acumulado de $511.211 millones, 60% más que el crédito original y cuatro veces más que el 15% de ampliación que tuvieron las 23 jurisdicciones restantes. Incluso, dice el trabajo, hay un grupo de 9 provincias que sufrieron recortes en valores absolutos, con un máximo de $3.900 millones (de pérdida) en el caso de Córdoba.

“De este modo, el Gobierno Nacional ha focalizado el 70% de la ampliación presupuestaria en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, siendo complejo identificar algún criterio objetivo de reparto”, dice el informe.

Además, observa, casi 80% de la ampliación presupuestaria a Buenos Aires se canalizará por el “Programa de Asistencia Financiera a Provincias”, una línea de financiamiento de libre disponibilidad, por lo cual el gobierno de Kicillof “podría usar dichos fondos para financiar los aumentos salariales de los empleados públicos (+111% acumulado, a falta de una revisión), la campaña de reelección del Gobernador, o las necesidades de caja”, dice el informe. El segundo distrito con mayor ampliación presupuestaria en transferencias, dice el informe, fue CABA, pero en ese caso el 44% de la ampliación fue asignada a un fin específico, el funcionamiento del Hospital de Niños Garrahan.

La distribución mensual de las “ampliaciones presupuestarias” también tiene sabor electoral, pues tiene un fortísimo salto en agosto, el mes de las PASO, cuando el crédito aumentó abruptamente en $130.000 millones.

Otro indicador del sesgo político del reparto son las transferencias directas a municipios, cuyo crédito original era de $32.027 millones de “transferencias discrecionales”, monto que ya se superó en junio. “En este caso –precisa Aerarium- el volumen de transferencias previsto para los municipios bonaerenses escaló a $68.086 millones, una expansión del 113% respecto al crédito original”.

Para las restantes 22 jurisdicciones, en cambio, hubo un recorte del 1% y 13 de ellas sufrieron recortes absolutos en los fondos, siendo Mendoza la provincia más perjudicada: a sus municipios les recortaron $2.112 millones.

El gobierno concentró así más del 100% de las “transferencias discrecionales” a municipios en la provincia d Buenos Aires, “siendo aún más complejo identificar algún criterio objetivo de reparto que justifique tal distribución”, concluye el estudio.

Aunque se trata de un sesgo agudizado por el contexto electoral, se corresponde con el fortísimo sesgo del reparto de recursos en general durante el gobierno de Alberto Fernández.

Sumando la ampliación para el Gobierno Provincial y los Municipios, el crédito para Buenos Aires pasó de $351.070 a $579.927 millones, una expansión de $228.226 millones, mientras que para las restantes 23 jurisdicciones sumadas el aumento fue de $80.915 millones. Esto es, el gobierno de Kicillof recibió casi el triple que los 23 jefes distritales juntos y el más perjudicado fue Schiaretti, que -sumando provincia y municipios de su provincia- perdió $3.553 millones en términos absolutos, lo cual ayuda a explicar su condena a Massa como “Papá Noel” con plata de las provincias.

El reparto también sugiere que difícilmente sea Kicillof quien encabece un reclamo contra la pérdida de recursos de las provincias por eximir del impuesto a las Ganancias a 800.000 contribuyentes del sector de más altos ingresos de la Argentina.