El programa con el FMI, en palabras del organismo en su último reporte, “descarriló” a lo largo del 2023 y tuvo a sus principales metas, como la acumulación de reservas en el BCRA, el tope al déficit primario y la emisión de pesos para asistir al Tesoro, incumplidas en los dos primeros trimestres del año. Hay, por debajo de ese esquema de objetivos -que son los más relevantes del acuerdo- uno que todavía aparece, en las planillas, con la leyenda Met (en inglés, cumplido): la del ritmo de pagos atrasados que tiene el sector público. Ese número asoma como uno de los factores por los cuales el Gobierno pueda, o no, alcanzar la meta de reducción del rojo fiscal.
En la completa radiografía que hizo el Fondo Monetario sobre el estado de la economía argentina y de la marcha del programa renegociado durante los últimos cuatro meses, el capículo fiscal ocupa un lugar vertebral. En ese sentido, el staff técnico aseguró que espera que durante la segunda mitad del año el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año.
Solo de esa forma podría ser viable el cumplimiento de la meta anual de 1,9% del PBI como techo del déficit primario. Hay, en ese diagnóstico, una serie de pasos que el organismo consideró imprescindibles. Y aseguró que se necesitarán “esfuerzos significativos para movilizar temporalmente los ingresos en divisas de las importaciones y contener el gasto público”.
En julio la deuda flotante fue de $1,28 billones, mientras que un mes antes había sido de $1,61 billones (Tesorería)
“Esto evitaría la financiación monetaria directa del Presupuesto y al mismo tiempo limitaría la dependencia de fuentes internas, en consonancia con los objetivos de desinflación. A mediano plazo, se supone que la consolidación fiscal se acelerará, en consonancia con los compromisos programáticos y las plataformas políticas declaradas públicamente por los principales partidos políticos, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y asegurar un reingreso gradual a los mercados internacionales a partir de 2025″, proyectó.
Según el informe, publicado el viernes 25 de septiembre, hacia fines de diciembre 2023 el tope de déficit fiscal primario debería ser, en términos nominales, de $3,2 billones. Hasta julio, con los últimos datos oficiales, el rojo primario había alcanzado los 2,2 billones de pesos. La meta fiscal para lo que resta del año se avizora, así, como exigente para el Gobierno. Entre otras cosas porque estacionalmente el gasto público es mayor durante la segunda parte de cada año y la ejecución presupuestaria, en algunas áreas, acelera sobre el fin del calendario.
“Se espera que esto se logre mediante una combinación de medidas de ingresos (algunas temporales) y gastos para lograr la contracción del 11% en el gasto de agosto a diciembre de este año, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura prioritaria (gasoducto) y los programas sociales”, mencionó el organismo.
También le dedicó un párrafo a la cuestión de los subsidios. “Se requieren mayores esfuerzos para alinear las tarifas con los mayores costos de producción (tras la devaluación del tipo de cambio), lograr los objetivos de recuperación de costos establecidos en la cuarta revisión y cumplir con los objetivos de reducción de los subsidios a la energía (0,5 por ciento del PIB en 2023)”, planteó el FMI.
Hacia fines de diciembre el tope de déficit primario debería ser, en términos nominales, de $3,2 billones. Hasta julio, el rojo primario había alcanzado a $2,2 billones
Más allá de ese panorama fiscal, hay una cifra, que en el informe del FMI se plantea como con meta trimestral cumplida en lo que va del año y que puede ser decisivo para conocer si el Poder Ejecutivo tiene probabilidades de cumplir con el objetivo de recorte del déficit: la deuda flotante.
Se trata de un número, medido por la Tesorería que depende del Ministerio de Economía, que refleja el nivel de pagos atrasados que acumula la Administración Central. Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”: el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes.
“La deuda flotante tiene un rol clave para explicar la dinámica del gasto. En los últimos meses, el atraso en los pagos fue uno de los principales instrumentos del Gobierno para contener el gasto en base caja. Esto se verifica con el salto y la posterior normalización de la deuda flotante en los cierres trimestrales, es decir, para los meses en los que el Gobierno debía cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI”, explicó un informe de la consultora Ecolatina.
En julio hubo una reducción de la deuda flotante, según pudo saber Infobae en base a datos oficiales, lo que implica que Economía aceleró pagos que tenía atrasados. De acuerdo a la Tesorería, en julio la deuda flotante fue de $1,28 billones, mientras que un mes antes había sido de $1,61 billones.
La deuda flotante forma parte de las metas consideradas de segundo orden de importancia en el programa -como la del piso de gasto social o el tope de intervención en el mercado de futuros- pero el Fondo Monetario le asigna un lugar especial a esa cifra. La cifra techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo fue redefinido en el último informe y pasó a ser, así, de $1,36 billones. Es decir, actualizó la nominalidad de esa meta solo en 17 por ciento.
El desempeño cambia cuando se considera el consolidado del sector público en su conjunto (Administración Central, más provincias y municipios), según resalta un informe de la consultora LCG: “La deuda flotante de la Administración Pública Nacional volvió a crecer en julio alcanzando el equivalente a 1,1% del PBI (vs. 0,7% PBI en junio). Sigue ubicándose por encima del promedio de la última década a esta altura del año y su corrección seguramente tendrá impacto sobre el déficit primario. La devaluación fiscal de julio y la devaluación real de agosto tendrán impacto sobre los ingresos del Sector Público (mínimo de 0,4% del PBI)”.