Acuerdo fiscal con EEUU: cuáles serán los beneficios para quienes ingresen al blanqueo que se discute en el Congreso

El oficialismo consiguió este martes dictamen de mayoría para que el proyecto de blanqueo de capitales pueda ser discutido en el recinto de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. El Gobierno planteó que la iniciativa implica una serie de beneficios para quienes tengan activos no declarados, al tomar en consideración que dentro de un mes, aseguran en el equipo económico, el Poder Ejecutivo comenzará a recibir información masiva del acuerdo fiscal firmado con los Estados Unidos y que está vigente desde principios de este año.

Respecto a este último punto, aseguraron que el 30 de septiembre tendrá lugar la llegada de la primera partida de datos masiva por parte de la IRS de los Estados Unidos. Hasta el momento la AFIP solo podía acceder a información por individuo o por grupo, de manera puntual, a pedido del fisco. De todas formas, habrá un tiempo de procesamiento de esa información que, para algunos casos, puede ir desde los 6 a 9 meses.

Según estimaciones oficiales en base a información del sistema financiero norteamericano, la base imponible potencial es de USD 90.000 millones, de los cuales la Argentina podría tener acceso en su completitud en un plazo de “entre 3 y 4 años”, estimaron desde un despacho oficial.

Por otra parte, aseguraron que el acuerdo fiscal con Estados Unidos no depende, para su puesta en marcha, de la aprobación del proyecto de blanqueo que se está discutiendo en el Congreso. De todas formas, hay una opción para evitar que la información de los activos no declarados en ese país puedan ser exteriorizados.

El proyecto, que desde ayer quedó en condiciones de ser abordado por el plenario, estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco. Entre las condiciones generales se encuentra que tendrá una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.

Luego de ese lapso pagarán una tasa del 10% durante otros cuatro meses, pagarán un 20% hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días. Por otro lado, la principal novedad respecto a otros esquemas de exteriorización es que se establecerá un “régimen simplificado” con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera.

Para eso habrá algunos limitantes: el monto no deberá superar el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta 50.000 dólares. Por otra parte, quedarán excluidos de este esquema particular quienes hayan sido objetivo del pago del impuesto a la riqueza.

Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.

Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al 10 por ciento.

Según aseguran en el equipo económico, algunos países tienen vigentes regímenes similares al blanqueo que busca poner en marcha el Gobierno, entre ellos los Estados Unidos, Sudáfrica, Malasia y Grecia.

El bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió el martes emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de blanqueo, denominado “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, con el objetivo de aprobar la iniciativa en una sesión especial que se podría llevar a cabo en la segunda semana de septiembre.

En una breve reunión, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller (Frente de Todos) despachó el texto con 25 firmas a favor; en tanto que Juntos por el cambio emitió un dictamen “de rechazo” con diez rúbricas –hubo muchos ausentes– y el cordobés Ignacio García Aresca, del interbloque Federal, estuvo ausente.

La de este martes fue la segunda y última reunión de la comisión para analizar el proyecto, ya que el martes pasado habían asistido Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y Guillermo Michel, director general de Aduanas. Michel puso de relieve que “la política de transparencia fiscal internacional es una política de Estado que debemos seguir sosteniendo” y dijo que se trata de un proyecto que, aclaró, “no es novedoso porque es algo que el Congreso ha discutido” en varias oportunidades.

Heller destacó además que “haber abierto esta posibilidad de cambio de información con Estados Unidos va a posibilitar que los que quieran declarar lo hagan; y en el caso de los que no entren, que el Estado pueda actuar, en una acción que debe ir más allá del partido político, o de ser oposición u oficialismo”.

El legislador del Frente de Todos, bregó porque “esta legislación aminore –la fuga– para llevarla a estándares internacionales”.”Este proyecto está hecho con una perspectiva de Nación, quien gobierne va a poder utilizarlo. Hay que verlo como un proyecto que hace al interés nacional”, cerró.

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