El Gobierno asegura que el paquete de doce medidas que anunció este domingo a manera de “compensación” por el efecto de la devaluación de peso el día después de las elecciones primarias tendrá un costo fiscal de 0,43% del PBI. Se trata de una cifra cercana a la que esperaba el Fondo Monetario Internacional y que pondrá presión a la meta de reducción del déficit primario prevista hasta fin de año.
El paquete de medidas que anunció por partes el ministro de Economía Sergio Massa, que incluye el pago de una suma fija a cuenta de futuros aumentos para empleados en relación de dependencia, un bono para jubilados por los próximos tres meses, exenciones para monotributistas, créditos a tasa blanda, medidas para el agro, pymes, personal doméstico, entre otros, tendrá un costo fiscal de $729.000 millones, según informaron a Infobae fuentes oficiales.
El Fondo Monetario, en su informe de staff técnico publicado este viernes, había ubicado esa cifra en torno de los 0,4 puntos del PBI y aseguraba que ese paquete podría “aumentar las presiones fiscales en el futuro”. En cuentas simples: la meta de fin de año para el recorte del rojo primario es de 1,9% del Producto. Hasta los primeros siete meses del año el Ministerio de Economía ya había acumulado un déficit 1,27 por ciento. El margen no es mayúsculo y, por estacionalidad, el segundo semestre suele ser el de mayor ejecución del gasto.
El paquete de medidas que anunció por partes el ministro de Economía Sergio Massa tendrá un costo fiscal de $730.000 millones, lo que equivale a 0,43% del PBI
El FMI espera que durante el segundo semestre el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año para que sea posible el cumplimiento de la meta anual de 1,9% del PBI como techo del déficit primario. Para eso, el organismo reclama “esfuerzos significativos para movilizar temporalmente los ingresos en divisas de las importaciones y contener el gasto público”.
“Esto evitaría la financiación monetaria directa del presupuesto y al mismo tiempo limitaría la dependencia de fuentes internas, en consonancia con los objetivos de desinflación. A mediano plazo, se supone que la consolidación fiscal se acelerará, en consonancia con los compromisos programáticos y las plataformas políticas declaradas públicamente por los principales partidos políticos, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y asegurar un reingreso gradual a los mercados internacionales a partir de 2025″, proyectó.
La meta fiscal que quedó determinada para lo que resta del año aparece como exigente para el Gobierno. Según el staff report, hacia fines de diciembre ese tope nominal debería ser de 3,2 billones de pesos. Hasta julio, con los últimos datos oficiales, el rojo primario había alcanzado los 2,2 billones de pesos, por lo que el “esfuerzo” fiscal debería ser mayor, ya que por cuestiones estacionales el gasto público suele acelerar durante la segunda parte de cada año.
“Se espera que esto se logre mediante una combinación de medidas de ingresos (algunas temporales) y gastos para lograr la contracción del 11% en el gasto de agosto a diciembre de este año, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura prioritaria (gasoducto) y los programas sociales”, mencionó el organismo.
El FMI trazó un panorama, en los primeros meses del año, de un déficit más alto de lo esperado por distintas razones, uno de los elementos sobre los que concluyó que el programa con la Argentina “descarriló”. Las dos primeras metas trimestrales de déficit fueron incumplidas por un margen de 0,3% del PBI, estimó el organismo. “El déficit fiscal aumentó marcadamente, y la caída de los ingresos por exportaciones sólo fue parcialmente compensada por los recortes del gasto”, mencionó el staff en el informe que aprobó el directorio la semana pasada, que derivó en un desembolso de USD 7.500 millones.
Durante la primera mitad del año el Fondo Monetario identificó una desmejora fiscal por “menores ingresos generales (más del 9% en lo que va del año), dado el colapso relacionado con la sequía de los derechos reales de exportación (más del 67%)”, mientras que “el gasto público se contrajo un 6% en términos reales en la primera mitad del año, impulsado por fuertes reducciones en los subsidios a la energía (15%), las transferencias corrientes a empresas y provincias estatales (25%) y las pensiones (9%)”, enumeró. “En contraste, el gasto de capital aumentó un 24% para asegurar la terminación oportuna del gasoducto, y la masa salarial pública aumentó un 7% en términos reales”, continuó.
El FMI espera que durante el segundo semestre el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año para que sea posible el cumplimiento de la meta anual de 1,9% del PBI como techo del déficit primario
Un elemento central para la política fiscal será la ecuación de subsidios y tarifas. La devaluación del tipo de cambio oficial obligó a un recálculo del costo de la generación de la energía y el informe del FMI establece pasos en concreto al respecto, que incluyen, en los próximos días, una nueva actualización de tarifas de energía eléctrica, algo que la Secretaría de Energía aún no confirmó.
“Se requieren mayores esfuerzos para alinear las tarifas con los mayores costos de producción (tras la devaluación del tipo de cambio), lograr los objetivos de recuperación de costos establecidos en la cuarta revisión y cumplir con los objetivos de reducción de los subsidios a la energía (0,5 por ciento del PIB en 2023)”, planteó el Fondo.
“Las autoridades anunciarán su decisión de ajustar los precios de la electricidad mediante la emisión de una resolución a partir del 1° de septiembre, para usuarios residenciales de ingresos bajos y otros de ingresos medios, así como para usuarios residenciales más pequeños. Mientras tanto, los precios de la electricidad para los usuarios residenciales de altos ingresos seguirán evolucionando con los costos de producción”, anticipó. Además, un recálculo para los costos del gas quedará para próximas revisiones.
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