En un escenario en el que la inflación y las negociaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ganan protagonismo, el nivel, la composición y el financiamiento del gasto público están implícitos en las promesas de campaña de los candidatos presidenciales, aunque son arduos de discernir, aun en caso que esas promesas se lleven eventualmente a cabo.
No siempre queda claro dónde está parada hoy la Argentina; qué ítems del presupuesto realmente se están ajustando y cuáles no. La información no es siempre accesible con el grado de detalle necesario, y en cualquier caso la inflación complica los cálculos.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) busca responder a esas interrogantes y repasa qué ha pasado con la ejecución presupuestaria de los últimos años. A eso se suma un estimativo del comportamiento de los gastos durante todo 2023, lo que permite sacar algunas conclusiones.
El informe analiza el gasto desde diferentes puntos de vista en base a información del Ministerio de Economía. El primero es la evaluación del poder adquisitivo del gasto, una vez descontada la inflación, a lo que se suma la evolución de la participación de cada ítem en el Presupuesto Nacional a lo largo de los últimos años. Otro eje es el gasto real por habitante, teniendo en cuenta el aumento gradual de la población.
La evolución real del gasto
Según el Iaraf, en 2023 el gasto podría alcanzar un nivel de $32.000.000 millones a precios del mes de junio, que se toma como referencia temporal para todo el informe). Este nivel implicaría, en términos reales, una reducción del 11,6% respecto al año 2017 y del 5,7% respecto a 2020, el año inicial de la pandemia.
Es decir que, de mantenerse en el segundo semestre de este año la reducción real del primer semestre (como asume el acuerdo con el FMI), el gasto real terminaría en niveles inferiores al de años previos.
Del análisis del gasto surge que 12 de sus 15 componentes terminarían 2023 con una reducción real respecto a 2017. Para ese subgrupo la caída real del gasto es del 22,5% y prácticamente duplica a la merma real del gasto total, considerando los 15 componentes, pues hay 3 de ellos que suben. Estos últimos son los programas sociales (245%), subsidios a la energía (56%) e inversión real directa (29%). En tanto, los tres gastos que más caerían en términos reales y en porcentaje son subsidios al transporte (46%), otros gastos corrientes (38%) y bienes y servicios (36%).
Dado que cada gasto tiene un peso distinto, una misma variación real implica montos muy diversos. No es lo mismo por ejemplo la baja del 45,8% en transporte, que en pesos constantes de 2023 equivale a $625.000 millones, que la de del 18,8% en jubilaciones y pensiones contributivas, por las que el Estado se “ahorró” $2.609.000 millones (esto es, 2,6 billones, o millones de millones de pesos)
En total, medido en pesos reales, la reducción agregada en el período analizado fue de $4.200.000 millones entre 2017 y 2023. Además de las jubilaciones y pensiones, se destacaron por su caída las transferencias totales a provincias ($816.000 millones) y el gasto salarial ($784.000 millones).
En el otro extremo, los programas sociales demandarían un adicional de $1.432.000 millones, los subsidios a la energía $1.045.000 millones y la inversión real directa $528.000 millones, siendo los únicos tres ítemes con crecimiento real del gasto.
La nueva estructura del gasto
Tomando siempre como referencia la comparación 2017 contra 2023, se puede observar un claro cambio en la estructura de la conformación del gasto público. Por supuesto, los tres ítems que se mencionaron anteriormente por haber registrado un aumento real de los recursos (inversión real directa, subsidios a la energía y programas sociales) aumentaron su participación en el presupuesto y el resto perdieron protagonismo.
De acuerdo al análisis del Iaraf, los tres ítems sobre los que se aumentó el gasto tuvieron, en forma conjunta, un aumento de participación del 12% al 23% en el período tomado como referencia.
Del resto, se destacó por ejemplo la caída de las jubilaciones y pensiones contributivas, que en 2017 tenían un peso del 38,4% sobre el gasto primario y en 2023 se estima que cerrarán en 35,2%. No obstante, sigue siendo, por mucho, el rubro que más recursos le demanda al Estado nacional.
También sobresale la retracción de la participación de las asignaciones familiares y universales (bajaron de 5,9% a 3,1%) y de los salarios, que tenían un peso del 13,9% en 2017 y llegan al 13,3% este año.
¿Se gasta menos realmente?
El otro eje de análisis del Iaraf es el comportamiento del gasto primario en relación a la cantidad de habitantes. De esa manera, se descuenta el crecimiento natural que debería tener el presupuesto debido al aumento de la población.
Los resultados del estudio señalan que en 2023 habrá menos gasto nacional primario per cápita que en los últimos tres años. Sin embargo, el número representa un incremento en comparación con el último año de gestión de Mauricio Macri.
De todas maneras, en los últimos años se advierte una tendencia a la desaceleración y debe tenerse en cuenta que en 2020 hubo ítems que crecieron mucho debido a la pandemia del Covid-19, como fue el caso de los subsidios a la energía (los recursos con ese destino aumentaron 61% en términos reales entre 2019 y 2020), los subsidios al transporte (15%) y las transferencias corrientes a las provincias (79%).
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