El desembolso de USD 7.500 millones que envió el Fondo Monetario Internacional el último miércoles clausuró un proceso de más de cuatro meses de tensa negociación con el organismo para recalibrar el programa financiero, en un lapso de 130 días en los que el ministro de Economía Sergio Massa fue elegido candidato presidencial oficialista y se desarrollaron las elecciones primarias.
Ese plafón mínimo de divisas espera el Gobierno le dará aire para planificar los próximos pasos, que estarán marcados por dos novedades centrales: el paquete de medidas como respuesta a la devaluación que fue acordado con el FMI y el diseño del Presupuesto 2024, que será enviado al Congreso dentro de poco más de dos semanas. En ese camino de tres meses y medio antes del cambio de mandato la cuestión del ajuste del gasto será uno de los elementos centrales.
El Fondo Monetario y el Gobierno acordaron, por un lado, mantener el techo de déficit. En términos fiscales, el FMI espera que durante el segundo semestre, incluso en contexto de campaña electoral, el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año para que sea posible el cumplimiento de la meta anual de 1,9% del PBI como techo del déficit primario. Para eso, el organismo reclama “esfuerzos significativos para movilizar temporalmente los ingresos en divisas de las importaciones y contener el gasto público”.
En los primeros siete meses el Estado acumuló un déficit de 1,27% del PBI mientras el tope para los 12 meses es de 1,9% del producto
El margen que consiga el Gobierno para el gasto determinará los próximos meses del sendero fiscal, que ya de por sí será desafiante: en los primeros siete meses el Estado acumuló un déficit de 1,27% del PBI mientras el tope para los 12 meses es de 1,9% del Producto. En los próximos cinco meses el déficit primario solo podrá agregar 0,63% del PBI para no excederse de la meta comprometida, algo que asoma difícil para el mercado considerando que el segundo semestre suele ser, por cuestiones estacionales, el más expansivo.
La meta fiscal que quedó determinada para lo que resta del año aparece como exigente para el Gobierno. Según el staff report, en términos nominales hacia fines de diciembre ese tope nominal debería ser de 3,2 billones de pesos. Hasta julio, con los últimos datos oficiales, el rojo primario había alcanzado los 2,2 billones de pesos, por lo que el “esfuerzo” fiscal debería ser mayor, ya que por cuestiones estacionales el gasto público suele acelerar durante la segunda parte de cada año.
Otra pata en los próximos pasos de Massa y su equipo será la continuidad de la elaboración del Presupuesto 2024, que tendrá como particularidad que, como el año pasado, buscará llevar al Congreso la discusión sobre el gasto tributario, es decir los programas por los cuales el Estado deja de recaudar impuestos por beneficios tributarios, alícuotas diferenciales o planes de estímulo a distintos sectores.
En 2022 el debate no tuvo mayor eco en el parlamento. El argumento que volverá a blandir Massa ante la oposición es que una discusión sobre este aspecto podría redundar en un ajuste del déficit fiscal más veloz que lo que previsto en el proyecto de Presupuesto.
Para tomar dimensión: si se eliminaran todos los regímenes especiales (algo que se descarta ya que incluye, por ejemplo, tasas reducidas de IVA para alimentos de primera necesidad) habría un superávit de hasta 2% del PBI, que dejaría a priori al desequilibrio de las cuentas públicas en una cifra más cercana a 0,9% del PBI, en línea con el programa con el Fondo Monetario.
Si se eliminaran todos los regímenes especiales (algo que se descarta) habría un superávit de hasta 2% del PBI
Un documento de Economía recuerda que el “gasto tributario” abarca el conjunto de reducciones impositivas que disminuyen las obligaciones tributarias de ciertos contribuyentes, “usualmente grupos empresarios y grandes firmas, lo que provoca una merma en los recursos tributarios públicos”.
Reducir ese “gasto”, explica el informe oficial, “permitiría robustecer los recursos del sector público, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de políticas públicas prioritarias y alcanzar el déficit primario cero en la Ley de Presupuesto 2024 de la República Argentina”.
La “separata” que fue adjuntada al Presupuesto 2023 hizo referencia a unos 2,5 puntos del PBI ($3,6 billones con la nominalidad proyectada en ese proyecto de ley). Pero además hay otros componentes que no están incluidos en el apartado de gasto tributario, por otros 2,4% del Producto.
En el primer grupo, lo más relevante en términos de costo para el fisco son los gastos tributarios en términos impositivos (1,81% del PBI y una parte menor, de 0,68% PBI, para los regímenes de promoción económica). Del primer subgrupo están las alícuotas reducidas de IVA (0,65% del PBI), como las que tienen las carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas, los productos de panadería, la medicina prepaga y la construcción de viviendas. Y entre las exenciones, están las obras sociales (0,21% del PBI) y servicios educativos (0,11% del PBI).
Algunas de las cifras decisivas de la macroeconomía todavía no son reveladas en este documento en que Economía anticipa lineamientos de gestión, como la inflación, el precio del dólar esperado y otras como el volumen de exportaciones e importaciones proyectado para el año siguiente. Muchos de esos números, incluso, están relacionados con la actual negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional.
De todas formas, el avance presupuestario incluye algunos números sobre la recaudación esperada, lo que deja ver de manera implícita cuál es la nominalidad de la economía que espera el equipo económico para 2024. “Se estima que la recaudación correspondiente a la Administración Nacional resultará alrededor del 106% superior a 2023 y 0,18% en términos del PBI, apuntalado principalmente por el aumento de los Derechos de Exportación”, apuntaron.
Se estima que la recaudación de la Administración Nacional resultará alrededor del 106% superior a 2023 y 0,18% en términos del PBI
Sobre este último punto, la diferencia está explicada en el efecto comparativo que tendrá el derrumbe en 2023 de ingresos por retenciones, derivado de la pérdida de cosecha por la sequía. “Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación se cuadruplicarían en 2024 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio, aportando 9,1 puntos porcentuales al crecimiento de la recaudación total. Estos recursos pasarán de representar 0,70% del PBI en 2023 a 1,37% del PBI en 2024”, mencionó el documento.
Según esa nominalidad esperada, el IVA, que explica el 30% de la recaudación total, tendrá en 2024 un retroceso en términos reales ya que avanzaría solo 81%. “En términos del PBI, el IVA neto de reintegros se reducirá en 0,83 puntos en relación a 2023, producto de los créditos fiscales originados por las mayores percepciones aduaneras recaudadas el año previo. Esta es la principal variable explicativa de la menor presión tributaria total”, estimó el Poder Ejecutivo. El cobro del Impuesto a las Ganancias avanzaría 105%, Bienes Personales 77% y el impuesto al cheque un 103 por ciento.
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