El PBI por habitante de Argentina cayó a niveles de hace más de 4 décadas

La economía Argentina arrastra enormes dificultades para crecer, tanto en pesos constantes, donde las cuentas nacionales muestran desde hace más de cuarenta años un PBI en subibaja que únicamente muy pocas naciones muestran en la serie regular de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional; como más aún por habitante en dólares corrientes y más aún si se lo ajusta a valores reales por la inflación de los EEUU.

Para muchos economistas es la principal causa del estancamiento del nivel de empleo formal registrado y del sostenido aumento de la informalidad laboral, porque la población necesita de algún ingreso para subsistir, más allá de la proliferación de planes asistenciales, los cuales se han convertido en un paliativo permanente y no en una solución transitoria a la incapacidad de la economía de, al menos, generar los suficientes puestos de trabajo para cubrir el aumento vegetativo de la oferta de trabajo.

Coinciden en destacar los economistas de todos los signos políticos que ese estancamiento y retraso constante de la generación de riqueza en contraste con el desempeño que ha tenido la mayoría de los 190 países que informan al FMI, y, por tanto, el promedio mundial, se explica por las políticas pendulares que siguieron los gobiernos en al menos los últimos 50 años, y por tanto sin un norte claro.

Una consecuencia de ese comportamiento fue que de haber registrado la Argentina una participación de 1,3% en el PBI mundial a comienzos de los ‘80 cayó a 0,75% en la actualidad.

En ese período, entre los socios del Mercosur, únicamente Brasil retrocedió mucho más: cayó de 4,25% a 2,35%; mientras que Bolivia apenas resignó 0,01 puntos porcentuales; Paraguay 0,02 pp y Uruguay 0,05 pp.

Semejante pérdida de participación del país en la economía mundial se explica por el predominio en más de medio siglo de políticas de sobreprotección del mercado interno y de una parte de la industria, al tiempo que no se modernizó la legislación, en particular la laboral y la regulación del comercio exterior, al ritmo de los tiempos, y para peor, se intensificó la presión tributaria, con más impuestos nacionales, provinciales y municipales; y hasta se gravaron las exportaciones del agro cuando se necesitan divisas -como en el presente-.

De esa forma, se fue desalentando indirectamente la inversión, tanto de empresas nacionales, como más aún las internacionales, y con ello se limitó la generación de empleos privado, necesario para elevar la productividad media en el uso de los factores de producción y mantener la competitividad internacional que algunos pasajes de la historia logró la industria nacional (agropecuaria y manufacturera).

Adicionalmente, se fue expandiendo el tamaño del Estado, hasta niveles infinanciable por inversores privados, que llevaron a repetidas confiscaciones de ahorros en bancos, y al abuso de la asistencia del Banco Central como prestamista de última instancia.

La consecuencia fue la persistencia de altos índices de riesgo país que repercutieron negativamente sobre el acceso al crédito por parte de las empresas privadas.

Así se llegó a 2022 con un PBI promedio del año de USD 13.655 per cápita, el cual luce “inflado” -porque fue producto de un violento atraso cambiario, con crecientes regulaciones que hicieron que el valor de la divisa no acompañara el ritmo de la inflación, y mucho menos el desempeño de las monedas de los países miembros del Mercosur- y que aún así fue inferior al estimado por el FMI e Indec una década antes, y más aún del “récord” de USD 14.895 registrado en 2015, también un año con clara apreciación artificial del peso, incompatible con los enormes desequilibrios macroeconómicos que dejó como saldo la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Si a los niveles nominales de la serie de los últimos 43 años se los convierte en valores reales de 1980, según la tasa de inflación de los EEUU, se advierte que el registro de 2022 se reduce violentamente a USD 3.860 -equivalente a un ingreso mensual por habitante de USD 322; o a unos USD 650 por mes por trabajador, el cual se había alcanzado por primera vez en 1979.

En tanto que a valores de 2022, el ingreso medio por habitante de 1979 que fue de USD 3.903 se eleva a 13.810 dólares.

Para ejemplificar semejante deterioro de la capacidad de generar riqueza por parte del conjunto de la sociedad argentina, el economista Fernando Marull estimó que “si en los últimos 50 años el PBI per cápita hubiera crecido a una tasa acumulativa real por habitante de 2%, el nivel actual hubiese escalado a un rango cercano a más de USD 25.000, casi el doble que el estimado por los economistas del FMI.

Otra forma de medir el atraso real que registra el PBI por habitante de la Argentina es compararlo con el desempeño del promedio de más de unos 190 países que estima cada año el informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (WEO, en sus siglas en inglés).

La serie desde 1983 a 2022 arroja una brecha positiva para la Argentina promedio de 17%, la cual fue de 6% el último año, luego de haber caído a menos de 22% en el año de la crisis sanitaria, y llegado a un máximo de 70% en los años de vigencia del régimen de convertibilidad fija entre el peso y el dólar cuando condujeron la economía Domingo Cavallo, primero, y Roque Fernández, después.

En ese período de 43 años se registraron 20 en el que PBI en dólares por habitante estuvo por arriba de la media del mundo y 12 por debajo.

De lo anterior surge que para volver a la relación promedio de los últimos 40 años el PBI por habitante por año debiera aumentar a unos USD 16.000, equivalente a USD 1.330 por mes, aproximadamente, y USD 2.600 por trabajador.

Y para lograr semejante objetivo de elevar el PBI en valores reales, también el consenso de los economistas, como de los tres mayores candidatos a la presidencia de la Nación el próximo 10 de diciembre, coinciden en que es necesario generar un escenario macroeconómico estable y sólido que posibilite recrear un clima de inversión productiva y actualización tecnológica multiplicadora de puestos calificados. Sólo así podrá subir notablemente la productividad media de los factores y revertir el ciclo ascendente de los empleos precarizados, los cuales se caracterizan por el bajísimo clima educativo que explica la brecha de casi 50% por debajo del ingreso medio de los puestos de trabajo formales.

Los datos de las series trimestrales de la Encuestas Permanente de Hogares del Indec sobre la tasa de participación de la población en el mundo del trabajo remunerado y su relación con los empleos registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publica el Ministerio de Trabajo, y los de Generación de Ingreso por parte de la Mano de Obra -también del organismo oficial de estadística- dan cuenta del pobre crecimiento real del mercado laboral en los últimos 30 años, sostenido fundamentalmente por los nuevos puestos en la administración pública nacional, provincial y municipal; el impulso del cuentapropismo y el Monotributo Social, entre los formalizados, y de las posiciones no declaradas en general.

En esta última franja, entre comienzos de 2013 y hasta mediados de 2018, con políticas que habían incentivado el blanqueo laboral, se había reducido la participación de los puestos en negro de un máximo de poco más de 38% del total a un rango de 32 por ciento.

Pero políticas posteriores, y el auge de la bautizada “industria del juicio laboral”, en los casos de despidos justificados, principalmente por dificultades de mercado de las empresas, la informalidad volvió a crecer a 36% / 37% del total de empleos que registra la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Según se desprende de las cifras oficiales, ese fenómeno del empleo en negro es más marcado en la franja de los jóvenes de hasta 30 años, que en los tramos etáreos superiores, sin grandes diferencias por género.

Por rama de actividad, el Indec detectó que la mayor proporción de mujeres ocupadas en la informalidad por cada una de las 15 grandes ramas de actividad se registra en el servicio doméstico con más de 69% y el agro 66%, una constante en ambos casos en la serie de seis años; le siguen servicios de sociales y de salud privados 50%; hoteles y restaurantes 49%; comercio y reparaciones 48% e industria manufacturera 44%, entre otras.

En tanto, la menor tasa de informalidad se observó en inmobiliarias y empresas de alquiler 13%; electricidad, gas y agua 14%; y enseñanza privada 17 por ciento.

Mientras que, entre los varones, los puestos ocupados asalariados no declarados al Sistema Integrado Previsional Argentino sobresalen también los prestan servicios en casas particulares 68%; agro 61%; la construcción 58%; servicios sociales y salud privados 52%; y hoteles y restaurantes 46%, principalmente.

En el extremo opuesto, las menores tasas de ocupación en negro se observan en la enseñanza privada 6%; intermediación financiera 8%; inmobiliarias y empresas de alquiler 10%; minas y canteras 11%; entre otros.

Los “presidenciables” coinciden en qué hay que hacer para revertir el largo ciclo de estancamiento. Las grandes diferencias están en el cómo y en cuánto tiempo lograrlo, y sobre en qué áreas recaerá el “ajuste” de una economía que llevó a más de 45% de la población al estado de pobreza por ingreso.

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