Para el FMI, la inflación de 2023 será de al menos 120% y le exigió al gobierno acumular reservas por USD 8.000 millones en cuatro meses

El Fondo Monetario Internacional espera que el Gobierno acumule hasta fin de año unos USD 8.000 millones de reservas en el Banco Central tras haber activado la devaluación del tipo de cambio oficial el día después de las PASO, y alertó que la inflación tendrá un piso de 120% para fin de año, aunque podría ser mayor si el traslado a precios del salto cambiario tuviese un impacto grande. Para este mes, por lo pronto, el organismo estima que el IPC alcanzará los dos dígitos mensuales. Por otro lado, el FMI exigirá que hasta fin de año el gasto público se reduzca 11% en contexto de campaña electoral, que actualice tarifas de energía eléctrica desde la semana próxima y que limite al máximo la emisión para financiar al Tesoro.

El informe que publicó este viernes el staff técnico que encabezó las negociaciones con el Ministerio de Economía plantea que la corrección cambiaria debería redundar, entre agosto y fin de año “aumentará las reservas internacionales netas en alrededor de 8.000 millones de dólares”. Eso implicaría, de todas formas, unos USD 7.000 millones por debajo de lo que preveían el programa con el Fondo Monetario hasta la última revisión.

“Más allá de este año, si bien el alivio de las condiciones de sequía debería respaldar el crecimiento, se espera que la recuperación de la tendencia sea gradual, dados los obstáculos generados por las políticas necesarias para abordar los desequilibrios macroeconómicos persistentes”, mencionó el staff.

En términos de inflación, la devaluación también podría impactar de manera tal que la proyección del FMI quede desactualizada. “Se espera que la inflación alcance el 120 por ciento interanual para fines de 2023, aunque esto dependerá en gran medida de la evolución del pass through del tipo de cambio a los precios y la implementación de políticas”, apuntó el FMI.

El impacto de la sequía, la inflación más alta de lo esperado al inicio del año y los desvíos de política económica que remarcó el Fondo Monetario como decisivos en la primera mitad del año hicieron recalcular al staff y a los funcionarios argentinos la mayoría de las cifras clave del programa. Además de la proyección de inflación y de acumulación de reservas, el FMI puso un techo de 3,2 billones de pesos al déficit primario, casi 1,3 billones de límite para la emisión monetaria que financie al Tesoro (actualmente ese número ya fue sobrepasado), entre otros números clave.

El boletín de calificaciones de las metas vigentes hasta ahora muestra un aplazo en casi todas las cifras relevantes. Según el staff, el objetivo de acumulación de reservas se incumplió -hasta fines de junio, fecha hasta la que llega la revisión- por USD 11.000 millones, algo que el FMI atribuyó no solo a la sequía sino también a una alta utilización de divisas para la intervención en los mercados paralelos del dólar.

En tanto, el financiamiento monetario del déficit llegó a ser de 0,8% del PBI -que terminó por quedar como la nueva meta para 2023- cuando originalmente se esperaba en 0,6% del Producto como límite anual. Mientras que la meta fiscal se incumplió por un equivalente a 0,3% del PBI, algo explicado en un gasto público más alto que el previsto y en menores ingreso fiscales por la sequía.

El staff report, incluso, ya arriesga algunos números para la próxima administración. En ese sentido, plantea que en los primeros tres meses del año, el próximo Gobierno deberá sumar otros USD 6.000 millones de reservas netas, tendrá prohibida la asistencia monetaria desde el Banco Central y tendrá un margen menor para la intervención en los mercados de futuros.

El FMI planteó que al piso ya alto de inercia inflacionaria, el salto discreto del tipo de cambio que decidió el Gobierno tras las elecciones primarias acelerará aún más los índices mensuales, que en agosto podrían llegar incluso a los dos dígitos, una posibilidad que ya había sido explorada por las consultoras privadas locales.

“Tras la devaluación nominal, se proyecta que la inflación salte inicialmente de alrededor del 6 por ciento en julio a alrededor del 10 por ciento mensual en agosto y disminuya a menos del 5 por ciento mensual para fines de 2023″, estimó de manera preliminar el FMI. “Estas dinámicas, que están sujetas a incertidumbres inusuales dada la inflación alta y no fijada, suponen una implementación estricta de políticas monetarias estrictas y fiscal, así como una coordinación efectiva de salarios y precios para permitir una rápida reducción de los márgenes inusualmente altos de las empresas”, enfatizó.

“También se supone que la gran proporción de bienes transables que ya tienen precios al tipo paralelo limita el traspaso a la inflación. Más allá de este año, se prevé que la inflación disminuya gradualmente a medida que se aborden los desequilibrios en el contexto de una persistente debilidad de la demanda de dinero y de los mecanismos de indexación existentes”, continuó el informe aprobado por el directorio el miércoles.

Como contrapartida -positiva- de la devaluación, el Fondo Monetario espera que haya una aceleración de exportaciones y un desaliento a importaciones, lo que mejore la balanza externa y favorezca la acumulación de reservas. “Se espera que la devaluación facilite la liquidación de las existencias de cereales y la venta oportuna de la cosecha. Es importante destacar que también debería ayudar a contener las importaciones, que también están respaldadas por una extensión temporal del impuesto de acceso a divisas (impuesto PAIS) a las importaciones”, planteó.

En ese plano, el FMI pareciera dejar saber que no está a favor de mantener el tipo de cambio fijo en los $350 que estipuló el Banco Central tras las PASO, sino que debería permitir una actualización del ritmo de depreciación en línea con la inflación. “Asegurar ganancias de competitividad requerirá políticas macroeconómicas estrictas, así como una cuidadosa calibración de la tasa de crawl a la inflación y la evolución de la acumulación de reservas. Será necesaria una estrecha vigilancia de la liquidación prevista del stock inusualmente grande de financiación de importaciones, incluso para mitigar los riesgos de refinanciación y asegurar objetivos de acumulación de reservas”, mencionó el staff.

Al respecto, sobre la capacidad que tendrá en adelante el Gobierno para intervenir en los dólares paralelos, el Fondo Monetario aseguró que esa posibilidad deberá ser “muy limitada” a episodios de “movimientos desordenados” en esos mercados pero que no deberán entrar en contradicción con la meta de acumulación de reservas.

En términos fiscales, el FMI espera que durante el segundo semestre, incluso en contexto de campaña electoral, el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año para que sea posible el cumplimiento de la meta anual de 1,9% del PBI como techo del déficit primario. Para eso, el organismo reclama “esfuerzos significativos para movilizar temporalmente los ingresos en divisas de las importaciones y contener el gasto público”.

“Esto evitaría la financiación monetaria directa del presupuesto y al mismo tiempo limitaría la dependencia de fuentes internas, en consonancia con los objetivos de desinflación. A mediano plazo, se supone que la consolidación fiscal se acelerará, en consonancia con los compromisos programáticos y las plataformas políticas declaradas públicamente por los principales partidos políticos, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y asegurar un reingreso gradual a los mercados internacionales a partir de 2025″, proyectó.

La meta fiscal que quedó determinada para lo que resta del año aparece como exigente para el Gobierno. Según el staff report, en términos nominales hacia fines de diciembre ese tope nominal debería ser de 3,2 billones de pesos. Hasta julio, con los últimos datos oficiales, el rojo primario había alcanzado los 2,2 billones de pesos, por lo que el “esfuerzo” fiscal debería ser mayor, ya que por cuestiones estacionales el gasto público suele acelerar durante la segunda parte de cada año.

“Se espera que esto se logre mediante una combinación de medidas de ingresos (algunas temporales) y gastos para lograr la contracción del 11 por ciento en el gasto de agosto a diciembre de este año, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura prioritaria (gasoducto) y los programas sociales”, mencionó el organismo.

Un elemento central para la política fiscal será la ecuación de subsidios y tarifas. La devaluación del tipo de cambio oficial obligó a un recálculo del costo de la generación de la energía y el informe del FMI establece pasos en concreto al respecto, que incluyen, en los próximos días, una nueva actualización de tarifas de energía eléctrica, algo que la Secretaría de Energía aún no confirmó.

“Se requieren mayores esfuerzos para alinear las tarifas con los mayores costos de producción (tras la devaluación del tipo de cambio), lograr los objetivos de recuperación de costos establecidos en la cuarta revisión y cumplir con los objetivos de reducción de los subsidios a la energía (0,5 por ciento del PIB en 2023)”, planteó el Fondo.

“Las autoridades anunciarán su decisión de ajustar los precios de la electricidad mediante la emisión de una resolución a partir del 1° de septiembre, para usuarios residenciales de ingresos bajos y otros de ingresos medios, así como para usuarios residenciales más pequeños. Mientras tanto, los precios de la electricidad para los usuarios residenciales de altos ingresos seguirán evolucionando con los costos de producción”, anticipó. Además, un recálculo para los costos del gas quedará para próximas revisiones.

Seguir leyendo: