Alquileres: luego de la media sanción, los inquilinos hablan de inconstitucionalidad y piden congelar los precios

Luego de que diputados de la oposición aprobaran ayer la media sanción para reformar algunos de los artículos más cuestionados de la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020, las agrupaciones de inquilinos expresaron su preocupación sobre el proyecto que ahora deberá tratar el Senado.

Inquilinos afirman que el proyecto suscita inquietudes de inconstitucionalidad y la violación de compromisos internacionales asumidos por Argentina en relación con el derecho a una vivienda digna y estable.

Los alquileres están en el centro del debate como nunca en la Argentina, en momentos que en la ciudad de Buenos Aires hay menos de 500 departamentos para alquilar en pesos. Si se buscar de 3 y 4 ambientes son muchos menos: unos 150.

Creció la dolarización luego de los resultados electorales del domingo 13 de agosto y de la posterior devaluación.

Una de las preocupaciones centrales radica en la propuesta de aumentos de alquiler cada 4 meses. Los locatarios argumentan que esta medida es insostenible en un contexto económico donde los salarios no se ajustan con igual frecuencia, lo que podría exacerbar la inestabilidad financiera de los hogares inquilinos y aumentar la conflictividad social.

Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, dijo a Infobae que “no creo que sea el momento indicado para volver a contratos a dos años y ajustes entre partes. Creo que en el Senado no podría pasar, pero si lo aprueban, habría que establecer un plazo razonable para que entre en vigencia, que comience recién a funcionar a mitad de 2024″.

La reducción del plazo de duración de los contratos también ha sido motivo de debate. Según las agrupaciones, esto afectaría el derecho a una vivienda digna, sobre todo perjudicando a las familias con niños en edad escolar que se verían forzadas a mudarse frecuentemente.

“El proyecto aprobado es inconstitucional, ya que vulnera el derecho a la vivienda digna del 20,7% de la población. También violenta los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Derecho Humano a la Vivienda adecuada, la estabilidad en la tenencia de la vivienda y la asequibilidad. Sin embargo, el proyecto aprobado ayer en la Cámara de Diputados, no fue tratado en la comisión de Derechos y Garantías Constitucionales”, detalló Magalí Zirulnikoff de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.

Las agrupaciones destacan que además de la aprobación de nuevas leyes, el cumplimiento y la implementación adecuada de las existentes son cruciales.

Diego Fernández Camillo, miembro de la Asociación Platense de Inquilinos, dijo que siente angustia. “Lo vemos como un retroceso para el sector nuestro que no somos nada más ni nada menos que trabajadores y trabajadoras que pedimos acceder de manera justa a un hogar, a una vivienda y de esta forma nos están planteando aumentos en los precios de alquileres cada 4 meses. Entendemos que nos siguen viendo como meros consumidores”

Notan con mayor preocupación que no se puede volver ni retroceder a lo que fueron dos años de alquiler, que saben que es menos tiempo porque mientras se mudan y dejan el inmueble, se van otros cuatro meses de los 24 meses que dura un contrato.

“Estamos peleando por una ley más justa. Y además se debe declarar una emergencia habitacional en la Argentina y congelar precios de alquileres por 6 meses. Consideramos que el Gobierno nacional, propietarios, nosotros y otras cámaras debemos concertar un plan de vivienda porque el déficit cada vez es más amplio. Es muy difícil tener un hogar de esta forma”, agregó Fernández Camillo.

Por ahora la actual Ley de Alquileres sigue vigente para hacer contratos por tres años y ajustes interanuales a través del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Pamela Demes, también de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, agregó a que “los cambios que tienen media sanción no aseguran el aumento de la oferta. Eso va a fracasar y va a aumentar la conflictividad social. El menor plazo del acuerdo afecta principalmente a las infancias inquilinas, sometidas a cambiar de escuela, a perder sus lazos de contención social con cada mudanza y a empobrecer y endeudar a la clase trabajadora que alquila porque no tiene otra opción habitacional”.

El 40% de los menores de 35 años alquilan en la Argentina ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia.

La abogada Victoria Postiguillo, directora de la Sala de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba (Adcoin), sostuvo a que “la modificación debería haberse limitado al plazo. El índice debería ser único. De todos modos está dentro de lo poco que podía hacerse dada la situación. El impacto no se verá este año y hasta que no cambie el gobierno nacional”.

Esta entidad siempre propuso que se aplique claramente la protección del consumidor a todas las relaciones locativas.

Postiguillo relató su visión a futuro: “De confirmarse los cambios se va a favorecer a todos los inquilinos por ingresar, ya que gradualmente aumentará la disponibilidad de unidades. No pueden afectar a los inquilinos que ya tienen contrato de tres años. También se verán favorecidos los futuros inquilinos respecto de los costos de ingreso, que disminuyen un 50% al aplicarse la base sobre dos años en vez de tres”.

Agrupaciones de inquilinos también sostienen que es necesario que vuelva a crecer la oferta de inmuebles y que para ello se deben generar condiciones para tentar a los propietarios y que vuelvan a destinar sus propiedades en locación tradicional, actualmente en la Argentina se estiman que más de 200.000 unidades se pasaron a la venta, al alquiler turístico o están vacías en todo el país.

“Para eso, consideramos que deben combinarse con incentivos fiscales a los propietarios. Las provincias deberían sacar leyes para que las comisiones inmobiliarias las paguen ambas partes y no sólo los inquilinos. También falta que se solucione el problema de fondo, que es la inflación, con un plan económico coherente. Y luego incentivos a la construcción de viviendas”, dijo Exequiel Vergara, presidente de Adcoin, quien también pidió créditos para reparación y readecuación de viviendas inhabitables para destinarlas al alquiler, impuesto a la vivienda ociosa y beneficios fiscales a la vivienda en alquiler y seguros en garantía a cargo del Estado.

Algunos de esos puntos están contemplados en la actual ley, pero no se aplican. “Hay que lograr ponerse de acuerdo para que la vivienda esté en la agenda del gobierno próximo, que retorne el crédito hipotecario sostenible, generar incentivos fiscales para el propietario como para constructores pero para que los inmuebles que edifiquen los destinen en alquiler. Avanzar en el alquiler social y resoluciones de conflictos”, concluyó Botana.

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