En julio se cumplieron dos años desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres y a pesar de la disconformidad que reina entre los jugadores del sector inmobiliario y los inquilinos con las normas del juego que establece la normativa, hasta el momento ninguna modificación ha logrado avanzar en el debate parlamentario.
El próximo miércoles será un día clave para el debate, teniendo en cuenta que la presidencia de la Cámara de Diputados citó a los legisladores para discutir al menos dos iniciativas en el recinto. Una fue encarada por la oposición y básicamente propone dos grandes cambios. Por un lado, retrotrae los contratos a un plazo de dos años (hoy son tres); por el otro, busca darle libertad a las partes negociadoras para que determinen cuál debe ser la periodicidad de las subas de las rentas.
En paralelo, desde el Frente de Todos buscarán avanzar con el dictamen de mayoría que propone mantener el plazo de 3 años, ajustes anuales y beneficios impositivos para los propietarios que vuelquen sus propiedades al mercado de alquiler.
Ahora se sumó una tercer propuesta a la discusión, dado que cinco entidades en forma conjunta elevaron a la presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, una nota conjunta con la propuesta de dos medidas concretas centradas sobre los dos puntos más discutidos: el tiempo de duración de los contratos y el plazo de actualización del valor de los alquileres.
Qué proponen los privados
La Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Fundación de Estudios para el Desarrollo Inmobiliario (FEDI) y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), en consenso con todas las empresas adheridas, pidieron a todos los legisladores que pongan en consideración la modificación de dos artículos de la ley 27.551 (Ley de Alquileres).
1- Reducción como mínimo a 4 meses el período de actualización de los cánones locativos
En ese punto, las empresas le solicitan a los legisladores que modifiquen el artículo 14 de la ley con el siguiente texto: “En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”.
En concreto, el cambio que proponen es reducir de un año a cuatro meses el período de actualización del valor de renta. No proponen, sin embargo, un cambio en la fórmula de cálculo. Desde su punto de vista, la actualización del valor de renta debe seguir siendo fijado en función de un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
2- Reducción a 2 años del plazo legal mínimo de un nuevo contrato de locación
En el segundo punto, los empresarios hacen alusión al artículo 1.198 del Código Civil y Comercial de la Nación y solicitan modificarlo por el siguiente texto. “Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos (2) años, excepto los casos del artículo 1.199 y los de plazo determinado”.
Como fundamento, los entidades aseguraron que ya ha quedado demostrado que la actualización anual del canon locativo para vivienda es un período muy extenso dentro de un contexto inflacionario desequilibrado. Las empresas explicaron que el período establecido de un año ha generado una “gran presión” en el valor locativo inicial, una aceleración en los precios, retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley.
Los organismos firmantes sostienen que las medidas sugeridas “podrán contribuir a corto plazo a llevar una solución temporal en materia de alquileres”, aunque aclararon que resultan también necesarias “otras acciones” que impulsen a aumentar la oferta locativa y fomentar el desarrollo de la construcción.
Firmaron el escrito Carlos Spina (presidente de AEV), Damián Tabakmann (presidente de CEDU), Josefina Pantano, Emilio Caravaca Pazos (secretaria general y presidente de FIRA), Claudio Voldánovich (secretario general de FEDI) y Alejandro Bennazar (presidente de CIA).
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