“Si la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires”, dijo en septiembre de 2012 la entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner, en enfática defensa de las fraudulentas cifras que desde enero de 2007 había empezado a publicar el Indec.
“La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar”, dijo en 2014 el entonces jefe de Gobierno porteño y aspirante presidencial, Mauricio Macri, quien aseguraba que la inflación sería una de las cuestiones más sencillas a resolver.
“Gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente”, fue la definición, en enero pasado, del presidente Alberto Fernández, que 10 meses antes, en marzo de 2021, había anunciado el inicio de “otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina”.
Lo cierto es que el incremento de precios sigue haciendo trizas los ingresos de los argentinos.
Cuando CFK dijo su frase negadora ante estudiantes de la Universidad de Harvard, ya llevaba casi un año de su segunda presidencia, en la que acumuló una inflación del 177%, como puede verse en la infografía adjunta. Macri terminó la suya con una inflación del 295%, y Alberto Fernández lleva 567% si se incluye la de diciembre de 2019, el primero de los 43 meses de gestión acumulada hasta junio pasado. Todos prometieron combatir la inflación, pero desde mayo de 2003 ésta acumula un aumento de 9.311 por ciento.
Esos incrementos se fueron haciendo más empinados en los últimos ocho años y en especial en los bienes que más impactan en los sectores de menores recursos, que deben destinar el grueso o todos sus ingresos a la compra de productos básicos; precisamente aquellos que conforman las canastas de pobreza e indigencia.
Los datos
En base a datos del Indec, de la ONG Consumidores libres y relevamiento propio, puede observarse en las infografías adjuntas que la botella de litro y medio de aceite que costaba $16 en junio de 2015, había aumentado a $109 cuatro años más tarde y a $950 en junio de este año. Esto es, aumentó 772% entre 2015 y 2019 y 5.858% en los últimos ocho años. En los últimos cuatro (de junio a junio), de la lista de 20 bienes relevados, el que más aumentó fue el del azúcar: costaba $38 pesos el kilo en 2019 y saltó a $615 este año, un ya impresionante 1.518%. Pero si la comparación era contra los $10 que costaba en 2015, el aumento es de 6.050 por ciento.
Ese no fue, sin embargo, el mayor aumento entre 2015 y 2019, ranking que encabeza el café: pasó de $20 en 2015 a $79 en 2019 y a $1.530 en junio pasado, totalizando un aumento entre puntas de 7.550 por ciento.
De la veintena de productos considerados, diez aumentaron en los últimos ocho años más del 3.000%. Además del aceite, el azúcar y el café entran allí los aumentos del kilo de manzanas (4.569%), el de papas (4.836%), el de tomates (4.338%) y el de pan (3.783%), la docena de huevos (3.647%), el kilo de carne picada común (3.347%) y el de pollo (3.027%).
En esos ocho años, ningún producto de la lista aumentó menos de 1.000%; el que menos lo hizo fue la yerba (subió 1.160% el kilo), último de un segundo pelotón de aumentos encabezado por el kilo de merluza fresca (2.995%), el paquetito de medio kilo de sal (2.800%), el kilo de arroz (2.457%) y el de asado (2.400%).
Fuertes, pero menos impetuosos, fueron los aumentos del paquete de medio kilo de fideos (1.953%), el litro de agua sin gas (1.718%), el kilo de queso cremoso (1.642%), el litro de leche (1.617%) y el kilo de harina (1.213%).
Nótese además que, del listado de productos, ninguno de los cuales es siquiera medianamente “sofisticado”, hay dos (el kilo de merluza fresca y el queso cremoso), que no pueden adquirirse con el billete de $ 2.000, el de mayor denominación de la Argentina, y cinco, sumando el café, el kilo de carne picada común y el kilo de asado, que no pueden comprarse con un billete de mil pesos.
Es destacable también que de los veinte productos hay tres (azúcar, papa y tomate) que aumentaron más de 1.000% desde que Alberto Fernández es presidente y que en el mismo período solo dos (el agua sin gas y la harina) aumentaron menos del 500 por ciento.
No hay contra esos niveles de inflación aumentos de ingresos que puedan compensar el deterioro del poder adquisitivo, especialmente si las subas de precios, como sucede hace ya más de un año, desbordan el ritmo del 100% anual, pues por más que los ingresos se actualicen cada equis meses según la tasa de inflación, ésta erosiona los ingresos todos los días.
Esto se refleja en la evolución del poder adquisitivo de la población, porque si bien en los últimos cuatro años la tasa de desempleo cayó del 10,6% al 6,9%, creció un fenómeno antes casi desconocido: el de los trabajadores formales pobres.
Los ingresos derivados del trabajo, o sea salarios y jubilaciones, cayeron en todos los casos. El salario mínimo -referente para ajustar muchos ingresos, en especial de planes sociales- se contrajo 8% real entre el segundo trimestre de 2019 y el de este año. El poder de compra del ingreso formal promedio (el llamado Ripte) perdió también el 8%, los empleados públicos perdieron en promedio el 5,3% y los informales un brutal 23,6%, precisa Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Susmel calculó también que entre las PASO de 2019 y la actual el conjunto de las jubilaciones perdió 16% de poder adquisitivo, aunque subió 2% (contando los bonos que discrecionalmente asigna el gobierno) para los de la mínima.
Uno de los problemas es que, mientras prometían combates épicos y abordajes salvadores a las góndolas de los supermercados, los sucesivos gobiernos mantuvieron e incluso acrecentaron enormes déficits fiscales financiados con emisión monetaria, endeudamiento y, por supuesto, mayor inflación.
Más allá del discurso, todos los gobiernos reconocen de hecho que el exceso de emisión devalúa la moneda, y eso es la inflación. Lo muestra, por ejemplo, la evolución de los llamados “Pasivos remunerados” del Banco Central, la parte del dinero emitido que las sucesivas gestiones deciden reabsorber, intentando limitar y posponer el castigo inflacionario, pero pende ahí, como una monetaria Espada de Damocles.
Cuando asumió Néstor Kirchner, esa deuda del Central con los bancos y que es uno de los activos más dudosos del sistema financiero argentino, era de $5.709 millones. En agosto de 2015, cuando se celebraron las PASO de entonces, la suma ascendía a $349.572 millones, esto es, había aumentado 6.023 por ciento. El 9 de agosto de 2019, el último día hábil previo a las PASO de ese año, la cuenta daba ya $1.293.872 millones, un 270% más que en 2015 y 22.563% más que cuando había asumido Kirchner. Y al jueves pasado, última fecha para la que hay datos, había trepado a $18.032.678 millones, un 1.261% más que en 2019, 5.058% más que en 2015 y un impresionante 315.764% desde la asunción de Néstor Kirchner.
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