Aumento de las jubilaciones: proyectan una suba del 23% en septiembre y el Gobierno sumaría un bono para la mínima

La semana próxima, algunos días antes de las elecciones primarias, se conocerá cuál será el incremento de las jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que corresponde en septiembre de acuerdo a la fórmula de actualización automática trimestral. Las primeras estimaciones privadas arrojan una suba de 23% y el Ministerio de Economía aseguró que aplicará nuevos bonos a quienes perciben hasta el equivalente a dos haberes mínimos, en caso de que no compensen el ritmo de la inflación.

El día señalado es el 10 de agosto. Ese día el Indec dará a conocer la variación del índice de salarios, que es el último dato que falta para que se dé a conocer el aumento que surge de la Ley de Movilidad de las Jubilaciones y Pensiones.

De todas formas, cálculos privados preliminares ya hicieron por anticipado esa cuenta, al tomar en consideración que ese dato que resta saber del Indec debería rondar una variación del 11% para que cambie el número final de aumento de las jubilaciones y AUH, sobre la base del conocido Ripte (Remuneración Imponible para los Trabajadores Estables).

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el economista Hernán Letcher, la suba que terminará por definir la ecuación automática será de 23,3 por ciento.

“En el escenario de que los ajustes correspondientes a septiembre se acoplen al guarismo descrito, el monto de jubilaciones y pensiones mínimas podría llegar a $87.480 en septiembre, mientras que la pensión universal para el adulto mayor (PUAM) alcanzaría a $70.030; la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $17.080 y la pensión no contributiva por invalidez (PNC) se elevaría a $61.280″, mencionaron desde ese centro de estudios.

“La nueva fórmula de movilidad se compone en un 50% de la evolución salarial - el mejor de los índices entre el salario registrado (Ripte), cuyo guarismo acumula 26,13%- y el salario publicado por Indec - con incrementos estimados de 22,68% - y en el otro 50% de la variación de la recaudación de la Anses por beneficiario, que creció 20,5% en ese lapso”, precisó CEPA. El Ripte y la recaudación ya fueron publicados por el Ministerio de Trabajo y por AFIP, respectivamente.

La pregunta que siempre sobrevuela cada vez que Anses aplica un aumento de los ingresos de los jubilados es si se mantendrán por debajo, empatarán o superarán a la inflación. “Resulta prematuro responder, pero las estimaciones del Centro de Economía Política proyectan una inflación acumulada del 24,8% para el período julio - septiembre e indican que la actualización jubilatoria, correspondiente al noveno mes del año, se encontrará levemente superada por el incremento en el nivel general de precios para igual período”.

CEPA ya había calculado, incluso, que desde que se puso en marcha la nueva fórmula jubilatoria, en la mayoría de las ocasiones la actualización porcentual quedó por debajo de la inflación, por lo que Economía necesitó dar bonos para compensar esa brecha. En 2023, por ejemplo, los dos aumentos estuvieron por detrás de la suba del IPC del Indec: el de marzo fue de 17,04% en comparación con 21,7%; y en junio fue de 21% y 23,54%, respectivamente.

En 2022, sistemáticamente los cuatro aumentos por movilidad jubilatoria quedaron por atrás de la inflación. En 2021, solamente, los incrementos de junio, septiembre y diciembre superaron al ritmo de precios, estimó CEPA.

El ministro de Economía Sergio Massa, en los últimos días, anticipó que volvería a implementar una medida de ese tipo si los aumentos no alcanzaran a equiparar a la inflación.

La necesidad de otorgar bonos extraordinarios por parte del Gobierno para impedir un desplome del poder adquisitivo de los jubilados tiene críticos entre los expertos previsionales. Por ejemplo, por el defensor de la tercera edad Eugenio Semino.

“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. En un contexto en el que hacen falta casi tres jubilaciones mínimas para cubrir una canasta básica”, cuestionó el abogado.

“No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos”, criticó Semino.

La defensoría de marra lleva adelante una medición de una “canasta básica de los jubilados”, que incluye un relieve mayor de gastos de la tercera edad, como los medicamentos. El último dato actualizado, comentó Semino a Infobae, es el de fines de junio, que tiene un costo de $248.000 mensuales. De ese total, el 29% es destinado a vivienda, un 20,4% a alimentos, un 12,2% a medicamentos y 8,3% a limpieza, entre otros.

Un informe del Gobierno nacional reconoce cómo las jubilaciones mínimas y la AUH fue perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. Pertenece a un estudio que hace de manera habitual el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales (CCPS), que depende de Presidencia de la Nación.

En su última edición, de junio último, ese organismo consideró que “en mayo de 2023, el poder de compra del haber mínimo jubilatorio fue 16,1% menor al de igual mes del año anterior. Si se consideran 24 meses de referencia, la variación fue de -17,2%”, precisó el organismo. Refiere, específicamente, al piso de haberes y sin tener en consideración los bonos extraordinarios que otorga el Poder Ejecutivo, sino los aumentos automáticos de fórmula trimestral. La AUH, de la misma forma, “tuvo una variación de -16,1% en términos interanuales, y -17,1% en relación a mayo de 2021″, mencionó el CCPS.

La cuestión de las jubilaciones, el sistema de aumentos y el propio espíritu del esquema previsional es un tema sobre el que suele alzar la voz el Fondo Monetario Internacional en la mayoría de las negociaciones técnicas con el gobierno argentino. Sin ir más lejos, uno de los reclamos airados más recientes del organismo estuvo relacionado a la última moratoria previsional, una medida que fue cuestionada por su costo fiscal y porque, suponía el FMI, el Gobierno no iba a llevar adelante.

“Una nueva moratoria de pensiones no financiada creó desafíos adicionales para la consolidación (fiscal) a mediano plazo. Es probable que la aprobación por parte del Congreso de un nuevo proyecto de ley de moratoria de pensiones en febrero genere pasivos de pensiones adicionales de alrededor del 0,4% del PBI en el mediano plazo, para lo cual se requerirán medidas de política adicionales para mitigar el impacto y mantener la senda de ajuste fiscal programada”, apuntó el staff técnico del FMI en un párrafo crítico de esa medida.

“Se debe considerar la reforma de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, basándose en los resultados del estudio de diagnóstico de los regímenes especiales de pensiones finalizado recientemente”, aseguró, por otra parte.

El acuerdo original con el FMI incluyó, aunque sea de manera indirecta o no condicional, consideraciones sobre el sistema jubilatorio argentino. Por un lado, porque el Gobierno se comprometió a realizar una evaluación extensiva sobre el esquema previsional, algo sobre lo que hubo pocos avances.

De esa intención solo se conoció algún lineamiento general. Entre ellos, que el Poder Ejecutivo analizaría de qué manera incentivar a los trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto.

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