Massa tendrá que pagar costos para controlar al dólar: mayor ajuste y un nuevo repunte de la inflación

El FMI ya no se parece en nada a aquella institución rígida de las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado. Los tiempos cambian, como lo demuestra el nuevo entendimiento alcanzado con la Argentina. En primer lugar llama la atención el cortoplacismo, porque se trata de un “mini acuerdo”, de escasos cinco meses de duración. Además, mantiene vigente el programa a pesar de haberse incumplido todas las metas exigidas para junio.

Los técnicos del FMI ya no le prohíben al Gobierno que intervenga con reservas para mantener la cotización de los dólares financieros. De alguna forma, el staff se rindió ante los continuos incumplimientos de esta exigencia, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en la actual. Pero además las nuevas metas de acumulación de reservas y de déficit fiscal primario lucen poco menos que incumplibles. Pero a nadie parece importarle demasiado.

Las largas negociaciones entre el staff del organismo y los responsables del equipo económico no aportaron mayores novedades. Terminó sucediendo lo que todo el mundo intuía desde el principio: el Fondo le seguirá prestando a la Argentina lo estrictamente necesario para conseguir el repago de sus préstamos trimestrales.

Ya habrá tiempo para discutir un plan con metas en serio, la necesidad de avanzar hacia reformas estructurales, ir rápidamente al equilibrio fiscal y lograr la unificación de los tipos de cambio. Pero todo eso deberá esperar al Gobierno que asuma el 10 de diciembre.

Massa consiguió el aire que necesitaba para llegar a las PASO sin un nuevo frente de tormenta, al haber logrado un entendimiento antes de fin de mes. Y se supone que también logra un mínimo margen de maniobra, ya que podrá seguir interviniendo para evitar la disparada de los dólares financieros.

El objetivo del precandidato presidencial del oficialismo (modesto por cierto) es que la brecha cambiaria se mantenga en el rango del 90% al 100% hasta las elecciones presidenciales. Eso sí, el FMI decidió que deberá pagar algunos costos para mantener cierto poder de intervención en el mercado cambiario.

El desembolso de unos USD 7.500 millones previsto por el FMI para agosto, después de las PASO, viene de la mano de algunas condiciones. En el corto plazo implica más ajuste y un mayor repunte inflacionario, justo después de la reducción del índice al 6% en junio.

La más relevante es la exigencia de mantener el nivel de déficit fiscal primario en 1,9% del PBI, tal como estipulaba originalmente el acuerdo. Se trata de un requisito difícil de cumplir, porque las proyecciones hasta ahora indican que el rojo fiscal superaría el 3%, superando incluso al del año pasado.

Aunque a mediano plazo el ajuste de las cuentas públicas será clave para que la inflación comience a ceder, paradójicamente ahora sucederá lo contrario. Sucede que esta vez no se trata de la búsqueda de un mejor comportamiento fiscal a través de una baja del gasto real. En realidad, la receta acordada con el FMI es apuntar a un gradual sinceramiento cambiario, incluso a través de la creación de nuevos impuestos.

Como tanto los exportadores como los importadores se moverán con un tipo de cambio mayor, la consecuencia es que el Estado recaudará más. De esta forma, la devaluación implícita en ambos segmentos terminará compensando al menos parcialmente los ingresos que se perdieron por la histórica sequía que soportó el campo en la última campaña.

La contrapartida de lograr un menor desequilibrio fiscal es en este caso un salto mayor de los precios, que ocurrirá al menos por tres vías distintas. En primer lugar, se plantea la necesidad de seguir aumentando las tarifas de energía (luz y gas) para que reflejen los verdaderos costos. En otras palabras, se apunta a seguir reduciendo subsidios para bajar el déficit fiscal. El aumento tarifario con el consiguiente impacto en los bolsillos ya se notó en el primer semestre, pero debería acentuarse en esta segunda parte del año.

La implementación del nuevo dólar agro para incentivar exportaciones tiene una particularidad en esta ocasión: ya no involucra a la soja ni a economías regionales (la mayor parte de todo esto se exporta), sino al maíz, que sí tiene un impacto local especialmente como alimento para ganado. Por lo tanto, reconocer un salto cambiario de $ 270 a $ 240 provocará casi inmediatamente un impacto en los precios de los alimentos.

El nuevo impuesto a las importaciones es posiblemente el que tenga un efecto más inmediato en los precios. De hecho, las remarcaciones comenzaron ni bien se anunció que se aplicará un nuevo gravamen de 7,5% a casi todos los bienes importados.

Ya en julio se hará notar el primer efecto de la implementación de estas medidas. Todo indica que el mes terminará con una inflación cercana al 7%, sobre todo por el salto de los precios de la última semana. Se trata de un rebote significativo respecto al 6% de junio, aunque en parte explicado por tratarse de un mes con estacionalidad alta, especialmente por las vacaciones de invierno.

Massa tuvo que optar por el mal menor. El próximo dato de inflación recién se conocerá el 15 de agosto, es decir dos días después de las PASO, por lo que no impactará a la hora de ir a votar. Mientras tanto, consiguió un préstamo puente de USD 1.000 millones de la CAF (la ex Corporación Andina de Fomento, rebautizada como “Banco Latinoamericano de Desarrollo”), para poder cumplir con el pago al FMI por un total de USD 3.200 millones el lunes. La movida implica un nuevo “conejo de la galera” al que acudió Massa, pero al mismo tiempo refleja la absoluta debilidad en materia de reservas.

Por su parte, el FMI dejó al descubierto que tampoco está dispuesto a apretar demasiado a la Argentina, mucho menos en esta instancia electoral. Mantiene vivo el acuerdo para seguir cobrando y no fue mucho más allá. También respondió a los pedidos de la oposición, que le reclamaba que no hubiera fondos adicionales para Massa más allá de lo que ya estaba negociado en el acuerdo.

En algún punto, el organismo dejó a todos conformes. Lo que es seguro es que no será un factor decisivo para la victoria que eventualmente pueda obtener el oficialismo o la oposición en las elecciones presidenciales.

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