El gobierno de EEUU afirmó que los controles de capitales, la alta inflación y la corrupción afectan a las inversiones en la Argentina

El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que los controles de capitales y de precios, la elevada inflación, altos impuestos, la interferencia política en la Justicia y la corrupción oficial dificultan el clima de inversión en Argentina.

Así lo señaló en su informe en el informe argentino sobre el clima de inversión para 2023. Con una abundante descripción de las medidas adoptadas en los últimos años, la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales que dirige Ramin Toloui emitió una categórica evaluación sobre las oportunidades y obstáculos para las empresas de EEUU en el país, que representan la primera fuente de inversión extranjera directa en la Argentina.

Aunque cita innumerables dificultades, también describe que los inversores extranjeros no son discriminados, que hay potencial de crecimiento en varios sectores y que la fuerza laboral local es de calidad.

“Las regulaciones del mercado, como los controles de capital, las restricciones comerciales y los controles de precios, dificultan el clima de inversión en Argentina”, señaló el informe del departamento que dirige Anthony Blinken.

“La Argentina presenta oportunidades de inversión y comercio, sobre todo en agricultura, energía, sanidad, infraestructuras, tecnologías de la información y minería”, aclaró el reporte.

Sin embargo, “la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la elevada inflación y el persistente estancamiento económico han impedido que el país aproveche al máximo su potencial”.

El informe recordó que el Gobierno “identificó sus principales prioridades económicas para 2022 como alcanzar un acuerdo con el FMI para renegociar el Acuerdo Stand-By de 2018, controlar la inflación y continuar la recuperación económica post pandemia”. “El Gobierno cumplió algunos de estos objetivos, ya que Argentina terminó 2022 con un crecimiento económico mejor de lo esperado, del 5,2 por ciento, pero con un alto nivel de pobreza (más del 43 por ciento), una elevada inflación del 95 por ciento (la tasa más alta en más de 30 años) y una creciente presión sobre el tipo de cambio”, indicó.

Al respecto, aclaró que “la Argentina ha podido cumplir los objetivos del programa del FMI en las cuatro primeras revisiones a pesar de sus medidas económicas heterodoxas”. Sin embargo, “el cumplimiento de las metas no ha contribuido a reequilibrar la economía ni a situarla en una senda sostenible”.

“Persisten los desequilibrios macroeconómicos, alimentados por la débil confianza, la escasa credibilidad de las políticas, la elevada inflación y la incertidumbre ante las elecciones nacionales de 2023″, sentenció.

“Incluso cuando la pandemia terminó y la actividad económica repuntó, el gobierno adujo el aumento de la pobreza y la elevada inflación como razones para mantener, e incluso ampliar, los controles de precios, de capital y de comercio exterior”, afirmó.

“Las exportaciones agrícolas y alimentarias, como la carne vacuna, la soja y la harina, fueron objetivos frecuentes de la intervención gubernamental”.

“A partir de mayo de 2021, el gobierno introdujo prohibiciones y otros límites a las exportaciones de carne de vacuno para hacer frente al aumento de los precios internos”, recordó.

“El conflicto en curso en Ucrania interrumpió parte del comercio con Rusia y el aumento de los precios del gas natural afectó negativamente a la balanza de pagos de Argentina debido a la necesidad de importar gas natural para el invierno austral”, indicó el reporte de Washington.

A la vez, “el conflicto también abrió una nueva demanda y unos precios mayores para las principales exportaciones agrícolas argentinas”.

“El elevado costo del capital afectó al nivel de inversiones en el desarrollo de proyectos de energías renovables, a pesar del potencial tanto de la energía eólica como de la solar”, detalló.

“Tanto las empresas nacionales como las extranjeras señalan con frecuencia la elevada e impredecible presión fiscal y las rígidas leyes laborales como obstáculos para seguir invirtiendo en Argentina”, explicó.

Al respecto, recordó que “en 2022, Argentina ocupó el puesto 69 de 132 países evaluados en el Índice Global de Innovación, que es un indicador de la capacidad de innovación de un país, basado en la premisa de que la innovación es un motor del crecimiento económico y la prosperidad de una nación”.

A la vez, “en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Argentina se ubicó en el puesto 94 de 180 países en 2022, descendiendo 2 puestos en comparación con 2021″.

“Más de 265 empresas estadounidenses operan en Argentina, y Estados Unidos sigue siendo el principal inversor en Argentina con más de 12.500 millones de dólares (stock) de inversión extranjera directa a 2021″, indicó. En este sentido, destacó que “los inversores estadounidenses no se encuentran en desventaja frente a otros inversores extranjeros ni son objeto de un trato discriminatorio”.

En cuanto al cepo, recordó que “en 2019, como consecuencia del deterioro de la situación financiera y económica del país y en 2020 volvió a imponer controles de capital a empresas y consumidores, limitando su acceso a las divisas”.

“El gobierno actualizó y amplió los controles de capital, los impuestos a la exportación y los límites a las importaciones a lo largo de 2022, generando una continua incertidumbre en el clima empresarial”, explicó.

Además, sostuvo que “tratando de controlar la inflación general, que alcanzó el 94,8% en 2022, el gobierno aumentó las intervenciones en el mercado, creando más distorsiones de mercado que pueden disuadir la inversión”.

Por otra parte, subrayó que “la obtención de dólares del Banco Central argentino para pagar las importaciones también fue difícil para las empresas debido al endurecimiento de los controles de capital para preservar unas reservas de divisas que disminuían rápidamente, limitando el acceso de los importadores a divisas fuertes (como dólares estadounidenses) para pagar las importaciones”.

Frente a estos problemas, aclaró que si bien “según la Constitución argentina, el poder judicial es una rama separada e igual del gobierno, en la práctica, hay continuos casos de interferencia política en el proceso judicial”.

“Las empresas se han quejado de que los tribunales carecen de transparencia y fiabilidad, y de que el gobierno argentino ha utilizado el sistema judicial para presionar al sector privado”.

“Las revelaciones de los medios de comunicación sobre incorrecciones judiciales y corrupción alimentan la percepción pública y minan la confianza en el poder judicial”, sostuvo.

“La corrupción oficial sigue siendo un serio desafío en Argentina”, disparó.

Por este motivo, “muchos inversores extranjeros prefieren recurrir al arbitraje privado o internacional cuando existen esas opciones”.

Por otro lado, recordó que “la Argentina sigue presentando retos antiguos y bien conocidos para las industrias intensivas en propiedad intelectual (PI), incluidas las de Estados Unidos”.

“Una deficiencia clave en el marco jurídico de las patentes son las limitaciones indebidamente amplias de la materia patentable”, indicó.

En cambio, destacó que “los trabajadores argentinos se encuentran entre los más formados y cualificados de América Latina”.

“Los inversores extranjeros suelen citar la mano de obra calificada de Argentina como un factor clave en su decisión de invertir en el país”. Sin embargo, advirtió que “los elevados costos laborales se encuentran entre los retos operativos más citados por los inversores extranjeros”.

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