Al cabo de una negociación de 100 días, el Gobierno y el FMI esperan destrabar esta semana un desembolso al filo del vencimiento

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional apuntan a tener concluido en los próximos días la revisión técnica completa que comenzó a mediados de abril, que insumió prácticamente 100 días de ida y vuelta entre los funcionarios en Buenos Aires y, en esta última semana, en Washington, para destrabar sobre el filo de los vencimientos un desembolso que le permita al Poder Ejecutivo afrontar pagos al organismo por casi USD 3.500 millones.

A mediados de abril había tenido lugar la línea de largada de la revisión trimestral que, en los papeles, tenía como misión principal examinar el cumplimiento de las metas hasta fines de marzo, que el Gobierno incumplió en términos de acumulación de reservas y de tope de déficit primario. Ese ida y vuelta, habían anticipado en ese momento el FMI y el Ejecutivo, buscaría recalibrar con mayor profundidad las bases del programa. El hecho disruptivo fue la sequía, que recortó marcadamente las proyecciones de exportaciones e ingresos fiscales.

Esta semana, cuando el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario esperan completar la quinta revisión del programa negociado y anunciado por el exministro Martín Guzmán en marzo de 2022, se habrán cumplido 100 días desde el inicio de ese toma y daca. La negociación se extendió más de lo previsto y terminó por forzar, a fines de junio, un pago de capital al FMI con un saldo remanente de Derechos Especiales de Giro (DEG) y con yuanes en poder del Banco Central. La falta de un consenso técnico que libere desembolsos invirtió la lógica del programa y obligó al Poder Ejecutivo a cubrir vencimientos con fondos propios, sin contar en ese momento con giros de divisas desde Washington.

Para este mes los tiempos prolongados de la discusión, que mudó a modo presencial recién la semana pasada en la capital norteamericana, mediante un diario cara a cara final con el staff, también pusieron en duda de qué forma Economía afrontaría los vencimientos de USD 2.660 millones de capital que vencían a lo largo de julio y que fueron unificados al 31, el próximo lunes. Los tiempos son demasiado estrechos para un acuerdo de staff, giro al directorio y aprobación, ya que entre el primer y segundo paso, típicamente, suele haber un espacio de dos semanas.

En ese sentido, el Gobierno podría utilizar yuanes del swap de monedas con el Banco Popular chino para cancelar los vencimientos de capital de este mes y evitar así caer en arrears (atrasos) con el Fondo Monetario. El martes 1° de agosto tendrá lugar otro vencimiento, en este caso de intereses, por USD 830 millones. Si se siguiera el esquema de los últimos dos meses, el Poder Ejecutivo podría pasar para el último día de agosto y, eventualmente, si ya contara con el desembolso, cubrirlo con esas divisas.

El juego de tiempo se acortó y por esa razón aparecieron sobre la mesa distintas opciones para afrontar los pagos previstos. El comunicado conjunto del FMI y el Palacio de Hacienda sugirió que esta semana podría concluir la esgrima técnica y que queden cerrados los números de la quinta revisión.

“Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un Staff Level Agreement que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina. Dicho acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”, asegura el comunicado.

Hay una serie de elementos que todavía faltan dilucidar respecto al cierre de ese acuerdo técnico. En primer lugar, si una aprobación de las metas del primer trimestre -que en rigor es la misión que tenía esta quinta revisión- derivará en un desembolso de USD 4.030 millones, es decir el que corresponde a esa revisión, o si el resultado de la negociación implica que habrá una cifra mayor de giro de divisas al Banco Central por parte de Washington.

Desde el Poder Ejecutivo se dejó saber, a lo largo de los 100 días de negociación, que esperaban contar con dinero adicional para pagar vencimientos y además para tener un colchón de dólares para poder intervenir en el mercado del dólar financiero. No está claro aún que esa posibilidad pueda estar incluida en el Staff Level Agreement a cerrar en estos días. Por caso, los próximos desembolsos -pautados a priori para mediados o fines de septiembre y de diciembre- son de unos USD 6.600 millones más.

Otro elemento vertebral que resta conocer es qué esquema de metas seguirá vigente en el acuerdo, ya con un consenso de que la sequía afectó las cuentas públicas por la vía de exportaciones y de recuadación impositiva que dejó vetustas a los objetivos de acumulación de reservas y de tope de déficit. Sobre este último punto, el Gobierno buscaría permenecer en la zona del 1,9% del PBI de techo de rojo fiscal primario, es decir, la meta anual original, sin cambios.

Y por último, una buena parte de la compulsa con el FMI estuvo relacionada al precio del dólar. El organismo, aseguran funcionarios que estuvieron involucrados en las conversaciones y distintos documentos que elaboró el propio Fondo Monetario, propicia una devaluación del peso para acortar la brecha cambiaria y frenar la sangría de reservas. Economía podría avanzar en dos medidas que buscan una aproximación a esos objetivos sin incurrir en una devaluación abierta.

Por un lado, extendería un dólar agro con precio más alto para economías regionales y otros cultivos como el maíz, para sumar unos USD 2.000 millones a las reservas. Los detalles de esta medida se conocería en las próximas horas. Y, por otro, un encarecimiento de un grupo de importaciones, que dejarían así de estar ligadas al tipo de cambio oficial.

Según dejó saber el Palacio de Hacienda, incluiría algunas importaciones de bienes intermedios (que representaron en los primeros seis meses del año casi el 40% de las compras externas totales y que incluye alimentos elaborados para uso industrial y otro tipo de suministros para la producción) y de bienes suntuarios, que representan una porción menor.

Para hacerlas más caras, les aplicará, con un peso variable, un recargo de impuesto PAIS, es decir ese tributo -de 30%- que corre desde hace más de tres años y medio para la compra de dólares o para el consumo de bienes y servicios en moneda extranjera. En este caso, según aseguran en Economía, ninguna importación pagará 30% más al valor del dólar oficial, sino que habrá alícuotas diferenciadas, que todavía no fueron cerradas por formar aprte de la discusión con el FMI.

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